El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Un dramático panorama económico y social se agudiza día a día en Cuba. El régimen ha flexibilizado los controles migratorios para que más de sus ciudadanos abandonen el país. Las cifras más conservadoras hablan de 1 millón en los últimos cinco años y otros estudios la elevan a entre 1,7 y 2 millones. En su amplísima mayoría son jóvenes.

Se trata de una forma desesperada de moderar la agitación y protestas que se agudizaron a partir de 2021. Desde ya, con la siempre presente represión y control social sobre todo lo que represente cualquier disidencia.

Los cortes de luz han sido una constante creciente y solo tienden a agudizarse. La pérdida de Venezuela, la colonia más preciada del régimen castrista, y su regalo de al menos 20 a 22 mil barriles de petróleo diarios (la cifra ascendió a más de 100 mil hace una década), los miles de médicos y paramédicos cubanos que el chavismo pagaba generosamente (monto del cual el régimen cubano retenía el 90% o más) y las actividades ilícitas conjuntas que los gobiernos de La Habana y Caracas venían haciendo todos estos largos años, representan un jaque y posiblemente mate.

Tal como lo viene demostrando Trump 2.0 desde que comenzó su mandato el enero 2025, uno de sus principales focos, y de las principales agencias estadounidenses ligadas a la Defensa y Seguridad Nacional, es el hemisferio occidental. No son casuales sus permanentes referencias a Canadá, Panamá, México, Venezuela, Groenlandia, su decidido apoyo a la Argentina, las sanciones a Brasil y Cuba. Todo ello fue articulado y sistematizado en la Estrategia de Seguridad Nacional de Noviembre 2025 y la de Defensa Nacional de Enero 2026.

Esas palabras pasaron a hechos más que contundentes y concretos con la quirúrgica operación militar en Caracas. A partir de la misma, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa han multiplicado sus dichos sobre la dictadura cubana, incluyendo la designación de La Habana como amenaza a los intereses vitales de Washington, con el claro objetivo de consolidar y reforzar los presiones económicas, comerciales y políticas sobre el régimen.

En ese sentido, fue claro el reclamo de Trump a su par mexicana para pensar dos veces antes de asistir al castrismo con petróleo de ese origen. En respuesta, desde el gobierno mexicano se contestó que, por el momento, no se enviaría energía pero sí ayuda humanitaria.

Llegado a este punto, cabría preguntarse si el gobierno de Morena no quedaría mejor posicionado frente a la historia y a su fundamental vinculación con Washington, poniéndose a la cabeza de un esfuerzo regional para ayudar a la transición política de la isla hacia mayores grados de libertad y respeto a los derechos humanos. En lugar de ser un tardío pulmotor de la dictadura.

La propia izquierda latinoamericana ha venido admitiendo, con carga de vergüenza y resquemor, la característica dictatorial del gobierno cubano. El último en esa confesión más que tardía ha sido el saliente presidente Boric, de Chile. Con respecto a Lula y su gobierno, se puede decir lo mismo que con el caso mexicano. Un Brasil que salga de la postura de justificar y sostener discursivamente al castrismo y, en su lugar, sume fuerzas hacia la apertura política del país.

Desde ya que esto es una tarea más que compleja y dolorosa para Lula, viejo aliado de Fidel Castro y socios en la creación del Foro de San Pablo luego del colapso de la URSS. Aquellos en posiciones de poder en México y Brasil podrían cometer un serio error de cálculo si creen que la ofensiva de Washington es algo transitorio y un mero capricho de Trump y Rubio. Que basta un poco de cronoterapia para que todo vuelva a la normalidad de convivir con una dictadura en la región. Los próximos meses y años nos demostrarán si eso resulta ser viable o no.