La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo ante el incremento de la presión fiscal en jurisdicciones subnacionales. El punto de partida fue la disposición de la llamada “Tasa de Protección Ambiental” por parte del Municipio de Pilar, un gravamen que en algunos casos llega hasta el 2% de la facturación de los comercios establecidos en ese partido bonaerense. La entidad aclaró que este caso no constituye un hecho aislado, sino la muestra de una tendencia más amplia que afecta la actividad económica en diferentes regiones del país.
La organización empresarial remarcó que la tiene consecuencias directas y perjudiciales para el sector privado argentino. Según transmitió en su comunicación oficial, “la voracidad fiscal lamentablemente es un fenómeno por demás extendido, que perjudica la actividad económica a lo largo y a lo ancho de la Argentina”. En ese sentido, la entidad vinculó la proliferación de tributos locales con un contexto más amplio caracterizado por la elevada presión impositiva en todos los niveles del Estado.
El documento de la CAC señaló que en las últimas décadas el país mostró un aumento constante en los tributos que gravan a empresas y ciudadanos: “Durante las últimas décadas el país se caracterizó por una abultada y creciente presión impositiva, tanto en lo que refiere a cargas nacionales como provinciales y municipales”.
La entidad sostuvo que el crecimiento del gasto público llevó a los distintos gobiernos a buscar incesantemente nuevos recursos, lo que implicó mayores impuestos para el sector privado. “El crecimiento desproporcionado del gasto público llevó a los gobiernos a buscar permanentemente nuevos ingresos para financiarlo, recargando las exhaustas espaldas del sector privado con múltiples tributos”, sumó.
Al mismo tiempo, la cámara advirtió que la economía informal agrava la situación de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, al subrayar que “la existencia simultánea de una porción significativa de la economía nacional que opera en la informalidad agrava la situación del contribuyente cumplidor, haciendo que en no pocos casos las actividades productivas se vuelvan inviables, con los consiguientes efectos adversos sobre las empresas y los puestos de trabajo que estas generan”.
De acuerdo con la entidad, este escenario provoca que muchas empresas enfrenten dificultades para continuar en actividad y sostener el empleo formal, socavando la propia recaudación fiscal en un ciclo negativo: “Huelga señalar que esta asfixia más pronto que tarde acaba por erosionar los propios ingresos fiscales que pretendía acrecentar, en un desgraciado círculo vicioso de empobrecimiento colectivo”.
En el comunicado, la CAC distinguió la política tributaria adoptada por el gobierno nacional en contraste con el camino tomado por algunos municipios y provincias. Indicó que la actual administración implementó una reducción progresiva de impuestos. Puntualizó: “Desde su asunción hace dos años, la administración nacional viene efectuando sucesivas reducciones de la carga impositiva, a través de la eliminación o baja de diversos impuestos”.
Sin embargo, alertó que este proceso requiere gradualismo para resguardar el equilibrio de las cuentas públicas y la estabilidad económica. Bajo la perspectiva del organismo empresarial, “se trata de un proceso necesariamente paulatino —a fin de no poner en riesgo el equilibrio fiscal, pilar insustituible de la estabilidad macroeconómica—, pero que felizmente se está ejecutando sin pausa”.
En relación a los cambios más recientes promovidos desde el Ejecutivo, la entidad comercial mencionó la baja de derechos de exportación a determinados productos agropecuarios como parte de esa senda. “El reciente anuncio de baja de derechos de exportación a ciertos productos agrícolas es un nuevo paso en dicha dirección”, comunicó.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios enfatizó la necesidad de que las jurisdicciones subnacionales contribuyan al alivio de la carga fiscal. “En este contexto, la CAC exhorta a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos incrementos tributarios y a revertir los recientemente dispuestos; a la par que las convoca a maximizar sus esfuerzos en materia de eficientización del gasto y combate a la evasión, a fin de permitir una progresiva reducción de la carga, en línea con lo dispuesto por el gobierno central”, postularon.
En su declaración, la CAC insistió en que solo el esfuerzo combinado para reducir gradualmente la presión tributaria permitirá “generar un entorno más favorable para la inversión, la generación de empleo privado y el crecimiento del valor agregado de las empresas, elementos indispensables del progreso económico y social que ansiamos para nuestro país”.
Cabe destacar que el ministro de Economía, Luis Caputo, había cuestionado la actualización del gravamen implementado por el municipio de Pilar. Esta decisión generó un amplio rechazo entre cadenas de supermercados y reavivó el debate en torno al impacto de las tasas municipales en el precio final de los productos.
A través de su cuenta oficial de X, Caputo manifestó: “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”.
La declaración se sumó a los planteos previos que el funcionario nacional ya había formulado la semana anterior contra la gestión del intendente Federico Achával. Por la misma vía, el ministro señaló: “Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”.
El nuevo esquema tributario en Pilar afecta de forma directa los precios que abonan los consumidores en cada ticket, tal como anticipó Infobae. La medida alcanza a supermercados, hipermercados, centros comerciales, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas. El gravamen, vigente desde el 1° de diciembre, reemplazó el sistema anterior de monto fijo y estableció una alícuota del 2% aplicada sobre el importe neto de IVA en cada transacción, lo que motivó el rechazo de la ASU.