A propósito de la invasión de Panamá, don Octavio Paz escribió que cuando la soberanía de un pueblo es confiscada por un grupo violento, es el deber de la comunidad internacional de intervenir para restituir el derecho a la autodeterminación. En Panamá como en Venezuela el pueblo había elegido abrumadoramente como presidente a un líder de la oposición al general Antonio Noriega. Noriega no solo desconoció los resultados electorales, sino que desató una furia represiva contra todo individuo u organización que se le opusiera. Varios países, entre ellos Venezuela, legítimamente preocupados con el impacto que sobre las relaciones hemisféricas tenía la presencia de un individuo vinculado al tráfico de drogas en la presidencia de una nación, intentaron movilizar un frente regional que ejerciera suficiente presión sobre Noriega para hacerlo abandonar el poder. El frente regional jamás se conformó y el final de la historia es harto conocida.
En el caso de Venezuela volvemos a observar la misma ausencia de comprensión del problema que representa la presencia de un régimen constituido por narcotraficantes para la región entera. México desempolvó la doctrina Estrada. Brasil se escudó en la no intervención. Argentina fue cómplice y el resto de los países miraron en otra dirección.
Igual ocurrió cuando se intentó sacar una resolución de la OEA para aplicar la Carta Democrática a Venezuela y cuando se presentó la acusación ante la Corte Penal Internacional donde Argentina, Colombia y Chile se retiraron de la demanda introducida en el 2018 junto con Canadá, Paraguay y Perú apenas cambiaron sus gobiernos. Las consecuencias no han podido ser peores: los crímenes de lesa humanidad se continúan perpetrando en Venezuela siete años después con un saldo de 2000 presos políticos, 800 personas sometidas a tortura, 100 muertes bajo custodia de las autoridades y 50 personas desaparecidas.
Esta ausencia de visión regional y de compromiso con la democracia es lo que ha llevado a la región a perder peso en el concierto internacional. Porque mientras Europa claramente defiende los principios democráticos y la coalición regional, en América Latina cada nación está convencida de que puede controlar el sendero geopolítico por su cuenta. Y por ese camino va llegando a la poco envidiable meta de la irrelevancia.
Estados Unidos mientras tanto ha dejado bien claro en el episodio de Venezuela que no está dispuesto a tolerar que en el hemisferio se entronicen narco-estados y por ende extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela para obligarlo a comparecer ante tribunales de justicia que solo podían ser norteamericanos porque los del sur del Río Bravo son bastante acomodaticios con el poder.
Se pone así en marcha el corolario Trump de la doctrina Monroe que tiene más elementos de Teddy Roosevelt que de James Monroe. Y para bien del hemisferio se comienza a realizar la operación limpieza contra el crimen organizado transnacional que las naciones de América Latina han pospuesto para peligro de nuestras democracias.
Desde la perspectiva del pueblo de Venezuela la intervención norteamericana ha sido salvadora. Porque pone fin a un siniestro régimen que violó masivamente los derechos humanos; llevó al país a la miseria y dividió a todas las familias al provocar la emigración del 25% de la población. Y en contraste con ese régimen, el operativo de extracción de Nicolás Maduro fue diseñado con la protección de la población civil en mente. Claramente, la intervención de Estados Unidos, como bien lo indicara el maestro Paz, era esencial para restituir la soberanía confiscada al pueblo de Venezuela.