El calendario marca el tramo final de un entendimiento clave para la industria electrónica de Tierra del Fuego. El acuerdo que firmó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas del sector nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) el 23 de mayo vence a fin de mes y hay unos 1.000 contratos que están en riesgo, muchos de los cuales tenían fecha de caducidad en el segundo semestre del año y fueron postergados a raíz del acuerdo.
Ahora, si bien desde el sindicato están intentando evitar la salida de esos trabajadores, el escenario productivo (bajo consumo, reducción de aranceles en celulares, mayor oferta por la importación y bajos precios) hace inviable esa posibilidad, según remarcaron a Infobae diversas fuentes del sector.
El entendimiento reguló la actividad durante la segunda mitad de 2025 y estableció mecanismos transitorios para sostener los puestos de trabajo. Las partes habían alcanzado ese acuerdo luego de que el Gobierno anunciara la baja gradual de aranceles a los celulares, que terminará de suceder el 16 de enero próximo. El objetivo central consistió en evitar despidos en un contexto de caída del consumo y de estos cambios arancelarios que afectarían la producción nacional de teléfonos.
El acuerdo surgió tras una semana de conflicto y medidas de fuerza en la provincia. En ese contexto, las partes retomaron la actividad y fijaron compromisos para evitar despidos durante el resto del año. El entendimiento incluyó herramientas transitorias y espacios de diálogo para abordar el impacto de los cambios comerciales y la situación del régimen industrial.
Según se supo, el sector trabajaría con los gobiernos nacional, provincial y con la UOM en ver de qué manera poder mejorar la productividad para ser eficientes en la producción, aún en ese escenario más aperturista. Y si bien algunas mejoras en procesos productivos hubo, la situación de consumo general, de más oferta (en celulares, gran parte vía contrabando) y precios que se desplomaron en dólares versus el año pasado hizo que el panorama hacia adelante no sea alentador y que, por ende, las empresas decidan ajustar.
Desde la conducción gremial, el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, advirtió en diálogo con este medio sobre la dificultad para garantizar la continuidad de esos contratos temporarios. Según explicó, el universo alcanzado por esta situación se ubicó entre 800 y 1.000 trabajadores. Indicó que muchos de esos vínculos tenían fechas de vencimiento posteriores a la firma del acuerdo y que, aun así, quedaron comprendidos dentro del esquema transitorio. Lo mismo confirmaron en una empresa del sector: “Había contratos que vencían a posteriori de que firmáramos el acuerdo y hubo que postergarlos y mantener a los trabajadores suspendidos. Pero a fin de año caducan”.
Martínez sostuvo que existe un riesgo concreto de que esos trabajadores no continúen debido a la ausencia de un panorama claro sobre la producción para 2026. Señaló que esa falta de previsibilidad condicionó cualquier análisis sobre futuros ingresos de personal. El dirigente gremial describió además el estado actual de la actividad industrial. Afirmó que las empresas operaron con sobrestock, que las ventas se mantuvieron bajas y que el consumo no mostró señales de recuperación. Según su diagnóstico, el contexto dificultó la comercialización de productos como televisores, aires acondicionados y celulares, que enfrentaron una demanda limitada.
En cuanto a la estructura laboral, informó que el sector cuenta con alrededor de 4.000 trabajadores efectivos, y que si bien a fin de mes están en riesgo los de contrato a plazo fijo, observa con preocupación el debate sobre la continuidad del empleo en general en el marco de la reforma laboral que comenzó a debatirse en el Senado.
Fuentes empresarias describieron un escenario de mayor competencia. Mencionaron el ingreso de productos importados y el impacto del contrabando como factores que presionaron sobre la actividad local. A eso se sumó, según detallaron, un consumo retraído que afectó a distintos sectores económicos, más allá de las categorías específicas que fabrica cada empresa.
Convocatoria del gobierno provincial
En este contexto, la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, convocó a una nueva instancia de la mesa de diálogo en el marco de los Decretos Presidenciales Nº 333/25 y 334/25, vinculados a las últimas modificaciones arancelarias e impositivas dispuestas el 20 de mayo. La convocatoria se articuló en continuidad con las conversaciones que se venían desarrollando en el seno de esta mesa, e incluyó la participación presencial de representantes de alta dirigencia de cada empresa involucrada, más allá de la representación de las cámaras empresariales.
El escrito enviado por la cartera laboral destacó que, a partir de la cercanía de la fecha de aplicación de la reducción del último tramo de aranceles, era necesario obtener avances concretos respecto a la situación de continuidad productiva y laboral en cada compañía. De todos modos, en el sector empresario sugieren que el encuentro fue convocado para “ejercer presión” sobre los contratos que finalizarían a fin de mes. La reunión se programó para el viernes 19 de diciembre a las 12:00 en el Salón Auditorio del Instituto Fueguino de Turismo, en la ciudad de Ushuaia.