El ciclo Infobae en Vivo convocó a la tributarista Fernanda Laiún para analizar los alcances del nuevo régimen simplificado propuesto por el Gobierno. Durante el programa, Laiún detalló los fundamentos y objetivos de la medida, su relación con los organismos internacionales de control financiero y los efectos potenciales que podría tener sobre la percepción de transparencia fiscal del país.
En un contexto de creciente debate por los mecanismos para repatriar capitales y formalizar recursos no declarados, Laiún destacó que el enfoque oficial representa un cambio estructural. El nuevo esquema apunta a facilitar la presentación de declaraciones juradas para personas físicas con rentas de fuente argentina, es decir, ingresos originados exclusivamente dentro del país. Quedan excluidos de esta simplificación quienes perciban ingresos del exterior, como alquileres fuera del país o rendimientos financieros internacionales.
Un nuevo paradigma en la fiscalización
Fernanda Laiún describió el régimen como un “cambio de paradigma importantísimo” en comparación con el esquema tradicional de la AFIP. Hasta ahora, la administración tributaria requería un control detallado del patrimonio de los contribuyentes, incluyendo cuánto tenían al inicio del año fiscal, cuánto sumaban al cierre y si los ingresos declarados justificaban el nivel de vida.
El sistema vigente obligaba a documentar exhaustivamente ingresos, gastos, y movimientos patrimoniales. Laiún explicó que, con el nuevo modelo, las personas con rentas locales ya no tendrían que justificar esos movimientos, sino que la administración se concentraría únicamente en los ingresos facturados o percibidos dentro del país.
Esto ya se aplicaba en el caso de empleados en relación de dependencia, quienes declaraban en base a sus recibos de sueldo anuales sin necesidad de justificar origen ni aplicación de los fondos. La propuesta actual extendería ese criterio a cualquier persona que no reciba ingresos del exterior.
Simplificación con límites
Aunque reconoció que la propuesta simplifica el proceso para los contribuyentes, Laiún subrayó que existen límites definidos. “No es que se pueda ir a depositar un millón de dólares sin que nadie pregunte nada”, aclaró. En su análisis, debe existir un tope máximo para que la medida funcione dentro de un marco aceptable para los organismos internacionales.
La tributarista señaló que los montos involucrados en esta flexibilización fueron acordados con entidades como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), con el objetivo de evitar que Argentina quede incluida en listas grises o negras de países con bajos estándares de control fiscal. Según explicó, esto es crucial para que las instituciones financieras internacionales no consideren al país como una jurisdicción riesgosa.
Reputación y control
Laiún abordó también los efectos reputacionales que podría tener la implementación del régimen simplificado. Según afirmó, el diseño contempló medidas que permitan rastrear operaciones de manera efectiva sin exigir justificaciones previas. Esto contribuiría a sostener la imagen de Argentina ante la comunidad financiera internacional, siempre que el sistema incluya mecanismos de control posterior sobre las operaciones bancarias.
“El dinero no miente. Cuando pasa por una cuenta bancaria es porque hubo algo. Si vos cobrás algo, es por algún concepto”, señaló. En ese sentido, remarcó que el enfoque oficial se basa en observar los ingresos efectivos y presumir un gasto razonable sobre el cual calcular impuestos, sin necesidad de reconstruir cada transacción individual.
Facturación y bancarización
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen radica en la necesidad de universalizar la facturación y bancarización. La clave, según Laiún, es lograr que todas las operaciones económicas pasen por los canales formales, lo cual permitiría al fisco aplicar criterios estandarizados sobre los montos que deben tributar.
Si bien la medida deja margen para operar sin explicar el origen de fondos en determinadas condiciones, su efectividad dependerá de que todas las transacciones comerciales estén registradas y declaradas. “Cuando vas a un comercio y no te dan factura, o el dueño de tu departamento no te emite factura, eso no entra al sistema”, indicó.
La tributarista explicó que, una vez alcanzado un alto nivel de bancarización, el Estado puede estimar ingresos con bastante precisión. A partir de allí, el cálculo impositivo se aplicaría sobre parámetros promedio de gastos y rentabilidad, sin necesidad de un seguimiento patrimonial exhaustivo.
Riesgos de evasión
Ante la pregunta sobre si estas medidas podrían abrir espacio para la evasión fiscal, Laiún respondió que, correctamente implementadas, las modificaciones deberían reducirla. El requisito indispensable es que las personas y empresas facturen todo lo que venden o producen, y que esas operaciones tengan su correlato en el sistema bancario.
Desde su perspectiva, mientras más se expanda el uso de medios electrónicos de pago, menores serán las oportunidades de operar por fuera del radar fiscal. El control posterior sobre los fondos que ingresen al sistema formal permitiría identificar ingresos no declarados. En otras palabras, aunque el esquema no implique un “blanqueo formal”, sí habilita una vía para que fondos ocultos sean canalizados bajo el radar, siempre que sus montos sean moderados.
La percepción del contribuyente
Durante la charla, los periodistas del ciclo Infobae en Vivo consultaron a Laiún sobre el impacto que esta simplificación puede tener en la relación entre los ciudadanos y el fisco. Respondió que, efectivamente, este esquema podría cambiar la percepción de persecución que muchos contribuyentes tienen frente a la AFIP.
Según la tributarista, el sistema tradicional se basaba en un control rígido, minucioso y engorroso, que exigía al contribuyente justificar en detalle el origen y destino de su patrimonio. En cambio, el nuevo modelo se enfocaría más en la responsabilidad individual de declarar correctamente los ingresos y menos en perseguir inconsistencias menores.
Aplicación futura
Aunque todavía no se publicó la norma definitiva, Laiún indicó que el modelo está en línea con una visión liberal de la economía, en la que el Estado actúa como fiscalizador posterior, pero no como obstáculo para quienes desean regularizar fondos dentro del sistema financiero.
Para que el nuevo régimen tenga un efecto positivo, será clave definir con claridad los topes permitidos, los criterios de razonabilidad para el cálculo de impuestos y los mecanismos de fiscalización posteriores.
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