La ONG Cristosal emitió un “llamado urgente” para que el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias en Honduras se lleve a cabo “de manera transparente, pacífica y conforme a la ley electoral”.
Cristosal enfatizó, en un comunicado difundido este viernes, que la voluntad popular expresada en las urnas “no se negocia ni se sustituye por arreglos políticos”.
El proceso de revisión extraordinaria, fundamental para definir la ajustada elección presidencial del 30 de noviembre, comenzó el jueves tras varios días de retraso. La organización humanitaria pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), que dispone hasta el 30 de diciembre para proclamar los resultados definitivos, que respete los plazos y procedimientos previstos por la ley.
La organización también exhortó a los partidos políticos a “actuar con responsabilidad democrática, evitar discursos y acciones que alimenten la confrontación o la desinformación, y canalizar los desacuerdos exclusivamente por vías institucionales”.
El escrutinio especial de las actas observadas cuenta con la participación de observadores nacionales e internacionales, en un contexto de elevada tensión política.
Los resultados preliminares del CNE otorgan hasta el momento el 40,23% de los votos al candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtiene el 39,64%. La aspirante del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada, que no reconoce el proceso, queda tercera con 19,13% tras procesarse el 99,84% de las actas.
Cristosal también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Honduras para que “se abstengan de intervenir” en disputas político-electorales y actúen “estrictamente dentro de sus competencias constitucionales”.
La organización recordó que el Gobierno debe asegurar el respeto efectivo de los derechos humanos y evitar “cualquier forma de intimidación o represión política” contra la ciudadanía.
La entidad humanitaria apuntó que, sin importar el resultado electoral, todos los actores políticos enfrentan el deber histórico de buscar soluciones a los principales problemas del país, como la inseguridad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la construcción de instituciones sólidas con participación ciudadana. Para ello, consideró “indispensable” alcanzar consensos que permitan un desarrollo económico y social sostenible e inclusivo, basado en el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas.
Cristosal destacó la “madurez” demostrada por los votantes hondureños en la última elección y reiteró su compromiso de continuar documentando casos de violencia política como parte de su labor para “dar voz a las víctimas, exigir justicia, combatir la impunidad y ayudar a preservar la verdad”. Solo así, concluyó la organización, “será posible que el pueblo hondureño ejerza sus derechos sin miedo y con dignidad”.
Según el informe “Democracia bajo amenaza” de Cristosal, difundido la semana pasada, entre septiembre de 2024 y el 2 de diciembre de 2025 se registraron 67 incidentes de violencia política en Honduras.
Además, la organización denunció el jueves pasado que miembros de pandillas “coaccionaron” a ciudadanos hondureños para que votaran durante las elecciones presidenciales del mes pasado. La ONG también reportó siete asesinatos relacionados con violencia política durante la campaña electoral.
Según el informe divulgado, integrantes de bandas criminales intimidaron y presionaron a votantes el día de los comicios, en los que se eligieron presidente, congresistas y alcaldes. “Hemos identificado algunos actos de coacción al electorado” vinculados a la “presencia de pandilleros cerca de los centros de votación”, afirmó René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en declaraciones a AFP.
(Con información de EFE y AFP)