La inquietud entre los comerciantes de arte europeos ha crecido ante la posibilidad de que piezas culturales sean confiscadas en la frontera de la Unión Europea si no se logra demostrar su país de origen, una preocupación que se suma a la incertidumbre sobre si los coleccionistas de fuera del bloque seguirán participando en un mercado que podría enfrentar largos procesos de licenciamiento y riesgo de incautaciones.
Esta situación surge a raíz de la inminente entrada en vigor de una nueva regulación comunitaria que exige una investigación exhaustiva sobre la procedencia de objetos culturales importados desde fuera de la UE. Según informó Le Figaro, la normativa comenzará a aplicarse el 28 de junio y ha generado debate en el sector del arte y las antigüedades.
La Regulación (UE) 2019/880 establece que las casas de subastas, galerías y anticuarios europeos deberán presentar pruebas materiales que certifiquen que los bienes culturales con más de 200 años de antigüedad —o 250 años en el caso de objetos arqueológicos, incluidos fragmentos de monumentos o sitios patrimoniales— y con un valor superior a 18.000 euros (los elementos arqueológicos quedan exentos de un valor mínimo) fueron adquiridos legalmente en sus países de origen antes de ser importados a la Unión Europea.
Esta medida también exige que los importadores identifiquen el país de origen de la pieza, la fecha en que salió de ese país y el historial de propietarios por los que ha pasado la obra, como condición para obtener la licencia de importación.
La regulación se apoya en una normativa previa de 2019, cuyo objetivo era combatir la financiación del terrorismo a través del tráfico ilegal de obras de arte y artefactos. La nueva disposición se implementa en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la venta, tanto legal como ilícita, de objetos saqueados durante periodos coloniales o adquiridos bajo coacción.
El endurecimiento de los controles responde a la presión global para frenar el comercio de bienes culturales de procedencia dudosa y proteger el patrimonio de países de origen. La normativa introduce una excepción: si no se puede identificar el país de origen de un bien cultural, el importador podrá presentar pruebas de que la exportación se realizó legalmente desde el último país en el que la pieza residió durante al menos cinco años. No obstante, esta flexibilidad legal no ha logrado disipar el temor entre los comerciantes de que las autoridades puedan incautar obras si no se logra acreditar su procedencia, lo que podría desalentar a coleccionistas y vendedores internacionales.
El medio Le Monde recogió la opinión de Antonia Eberwein, vicepresidenta de la Unión Nacional de Anticuarios, quien advirtió: “Terminaremos por no comprar nada de fuera de la Unión Europea. Corremos el riesgo de empobrecer el mercado de piezas arqueológicas, pero también el de iconos, arte precolombino, indio o chino, sin acabar con el tráfico ilícito, que por naturaleza es invisible y no declarado”.
Esta declaración refleja la preocupación de los profesionales del sector ante la posibilidad de que la regulación, aunque bien intencionada, tenga efectos adversos sobre la diversidad y vitalidad del mercado europeo de arte y antigüedades. La nueva normativa afectará a objetos adquiridos incluso antes de junio de 2025, lo que implica que piezas que han circulado durante décadas en el mercado internacional, muchas veces sin un historial documental exhaustivo, podrían quedar bloqueadas en las aduanas europeas. El mercado de antigüedades ha operado durante años con escasas consecuencias legales, lo que dificulta ahora la reconstrucción de la procedencia de muchas obras.
La regulación no solo impactará en el comercio de antigüedades, sino que podría afectar a otros segmentos del mercado, como el de arte moderno, contemporáneo, fotografía, joyería y diseño del siglo XX, todos presentes en ferias de renombre como TEFAF Maastricht. Esta feria, celebrada en el centro de conferencias MECC en Maastricht, Países Bajos, es reconocida por reunir siete mil años de historia del arte bajo un mismo techo y por atraer a coleccionistas y comerciantes de todo el mundo.
La entrada en vigor de la Regulación (UE) 2019/880 se produce en un momento en que el mercado del arte atraviesa una fase de transición, con comerciantes que expresan dudas sobre cómo adaptarse a las nuevas demandas de los coleccionistas y a los requisitos legales cada vez más estrictos.