Un tribunal ecuatoriano rechazó el viernes un pedido de habeas corpus presentado por la defensa de 11 militares procesados por la desaparición y muerte de cuatro adolescentes en Guayaquil, según confirmaron fuentes judiciales y abogados de las víctimas.
Los uniformados buscaban su liberación alegando la supuesta ilegalidad de su prisión preventiva. El tribunal consideró improcedente la solicitud y ratificó la legalidad de la medida cautelar vigente.
“El juez negó el pedido de 11 militares detenidos por improcedente”, afirmó Fernando Bastías, abogado de las familias de los adolescentes, en declaraciones a The Associated Press. Añadió que el tribunal sostuvo que la prisión preventiva “no es ilegal, ni arbitraria, ni ilegítima”.
El caso involucra a un total de 16 militares. Cinco de ellos no se sumaron al pedido de habeas corpus tras acogerse a un proceso de colaboración eficaz, en el que entregaron información a la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales.
Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2023, cuando cuatro menores —uno de 11 años, dos de 14 y otro de 15— desaparecieron tras participar en un partido de fútbol en el sector Las Malvinas de Guayaquil, a 265 kilómetros de Quito.
Días más tarde, sus restos calcinados fueron hallados cerca de una base militar, en medio de un operativo de búsqueda impulsado por las familias.
La Fiscalía abrió un proceso judicial contra 16 miembros de las Fuerzas Armadas. Militares que colaboran con el caso reconocieron ante la justicia que los menores fueron detenidos, golpeados, forzados a desnudarse y a arrodillarse, y posteriormente lanzados desde un vehículo militar.
Un informe entregado por la defensa de los uniformados y respaldado por material audiovisual señaló que los jóvenes fueron detenidos por un “posible delito flagrante” y liberados en los alrededores de la base. La Fiscalía rechazó esta versión y sostuvo que no existía ningún delito cometido por los menores.
El caso se registra en un contexto de fuerte presencia militar en las calles tras el decreto de estado de conflicto armado interno firmado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024. La medida autorizó a las Fuerzas Armadas a participar activamente en operativos de seguridad junto con la Policía Nacional.
Las familias de los adolescentes han realizado movilizaciones exigiendo justicia. Según la legislación penal vigente, la desaparición forzada con agravantes como tortura de menores puede implicar penas de hasta 26 años de prisión. La investigación judicial continúa en desarrollo.
(Con información de Associated Press)