La organización Transparencia Venezuela, denunció este lunes que las criptomonedas se han convertido en el principal canal de corrupción financiera y evasión de sanciones internacionales por parte del régimen de Nicolás Maduro, involucrando a altos funcionarios, empresas privadas y bancos que operan bajo protección del chavismo.
El informe revela que el sistema criptográfico nacional, presentado por la dictadura de Caracas como símbolo de “soberanía digital”, ha sido manipulado para desviar miles de millones de dólares en fondos públicos y blanquear activos a través de operaciones opacas y sin control.
Entre los hallazgos más destacados se señala que, entre 2017 y 2025, la dictadura chavista utilizó el criptoactivo Petro como fachada para desviar recursos y realizar ventas ilegales de petróleo con el fin de sortear las restricciones y sanciones económicas internacionales.
La llamada “trama PDVSA–Cripto”, dirigida por el ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami —actualmente detenido— y el ex superintendente de criptoactivos Joselit Ramírez, habría facilitado el desfalco de al menos 16.950 millones de dólares.
Este esquema se apoyó en estructuras institucionales creadas específicamente para blindar y manipular las operaciones, como la Sunacrip, la Tesorería de Criptoactivos y plataformas centralizadas de registro y minería controladas directamente por el chavismo.
El informe destaca que el Petro nunca funcionó como una criptomoneda convencional y descentralizada. Por el contrario, fue utilizado como un instrumento de control político, permitiendo a los operadores gestionar transacciones petroleras y cambiarias fuera del radar fiscal y judicial, tanto nacional como internacional.
La falta de auditoría real y la discrecionalidad en la administración del sistema facilitaron los movimientos de capital y ocultaron la procedencia y destino final de enormes sumas de dinero.
Tras el fracaso y colapso del Petro en 2024, el régimen lanzó una nueva fase basada en el uso de stablecoins como USDC y USDT, aprovechando la participación de empresas privadas con licencias estatales, como Kontigo y Crixto Pay.
Estas firmas gestionan millones de dólares en transacciones, en muchos casos sin controles efectivos de origen o verificación de identidades. La compra de stablecoins a tasa oficial y su reventa a precios de mercado paralelo ha generado un circuito de arbitraje, ganancia inmediata y capacidad de convertir activos ilícitos en divisas “legítimas”, producto de operaciones digitales con respaldo institucional.
A este sistema se suman bancos privados claves —Bancamiga, Banco Plaza, Banco Activo— que, según Transparencia Venezuela, facilitaron recargas mensuales de hasta 100.000 USDC en efectivo, sin verificación ni trazabilidad sobre los participantes en la triangulación.
El modus operandi recuerda el viejo esquema del dólar preferencial, aunque ahora repotenciado mediante tecnología blockchain y con aún menores controles regulatorios. El informe advierte que esta triangulación mantiene la lógica de opacidad: recursos estatales son canalizados a tenedores privados y se reconvierten a través de plataformas cripto que luego permiten transferencias internacionales sin supervisión.
Transparencia Venezuela afirma que, lejos de consolidar un proyecto de modernización financiera o inclusión digital, el experimento del criptoactivo ha sido un mecanismo para sostener la corrupción sistémica, esquivar sanciones y asegurar el reparto discrecional de rentas petroleras en la cúpula del régimen. A pesar de las nuevas tecnologías y la apariencia de modernidad, la estructura sigue dependiendo del control absoluto de actores próximos a Nicolás Maduro y perpetúa la impunidad de esquemas de desfalco.
El informe de la ONG concluye que la “reinvención” del sistema financiero venezolano bajo el chavismo es, en realidad, una profundización de los viejos mecanismos de saqueo, ahora camuflados detrás de plataformas digitales y criptoempresas protegidas oficialmente.
La organización exhortó a la comunidad internacional a extremar los controles y a exigir transparencia real sobre las operaciones venezolanas para evitar que las criptomonedas sigan utilizando como herramientas para proteger a las redes de corrupción y lavado de dinero en Venezuela.