La Justicia resolvió “no hacer lugar” al pedido de elevación a juicio en la causa contra seis trabajadores y gremialistas de Atilra, imputados por el presunto delito de “compulsión a la huelga”, por lo sucedido en la planta de Lácteos Vidal en Moctezuma, provincia de Buenos Aires, en julio de 2022.
Así lo resolvió este jueves 1° de mayo, el juzgado de Garantías N°3, a cargo de Andrea Anastasia Marques, quien “denegó” la solicitud del fiscal general Martín Butti.
La dueña de la pyme aclaró que “van a apelar” y seguir “hasta que haya justicia”.
La jueza de Garantías Subrogante, decidió dictar “sobreseimiento total” respecto de los imputados en la causa, que involucraba a trabajadores de Atilra en el conflicto con la empresa láctea. Además, la letrada declaró “improcedente el pedido de embargo requerido” por la representante de Lácteos Vidal.
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Los implicados en la causa son: Gastón Moreno, secretario general de Atilra seccional Trenque Lauquen; Cristian José Martín, empleado y vocal suplente de la comisión directiva de Atilra; Diego Armando Alarcón, también sindicalista de la seccional Trenque Lauquen de Atilra; Sergio Raúl Longo, secretario adjunto de Atilra seccional Trenque Lauquen; Abel Osmar Damico, empleado y delegado de la Atilra en Lácteos Vidal y Franco Marcelo Yedro, empleado de la planta y miembro de la comisión directiva de la seccional Trenque Lauquen de Atilra.
Enfrentaban cargos por coartar la libertad de trabajo y poner en riesgo las fuentes laborales de la empresa, según la denuncia de los propietarios de la pyme. El conflicto se inició el 18 de julio de 2022 en la planta de la pyme en la localidad bonaerense de Moctezuma por un reclamo de recategorización para los empleados.
En el argumento que expresa la jueza Marques indicó: “Ceñido el objeto procesal a la materialidad de imputación, debo indicar que la empresa láctea no resulta la ofendida directa del disvalioso en achaque, sino sus empleados, por lo que el reaseguro económico que se pretende preservar para sí, no guarda relación con la acusación, resultando ajeno a este proceso penal, deviniendo improcedente su petición al respecto”.
Una de las dueñas de la pyme, Alejandra Bada Vázquez, dijo a LA NACION, que “van a apelar” y pedir la ampliación de los delitos, dado que “amenazar a los trabajadores” no es una huelga pacífica. Hizo énfasis en el argumento de la jueza Marques, en el que menciona que en primer lugar entiende que tanto la materialidad descripta como la autoría en cabeza de los imputados se encuentra verificada.
“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta que haya justicia. Vamos a insistir con el resto de los delitos a los que se los imputó. Esto es una primera instancia y vamos a llegar hasta la Corte Suprema si hace falta. No vamos a permitir que la comisión de delitos que hicieron en la huelga ilegítima e ilegal que hicieron en 2022 quede impune. Que todavía no tengan la condena que se merecen es una cuestión de tiempo. Están preocupados y han ejercido mucha presión porque hay dos de ellos, directivos de la seccional Trenque Lauquen, que ya tienen comisión de delitos por lo mismo, cuando fueron a bloquear otra planta en La Pampa», observó.
Según señaló, esto también forma parte de una puesta en escena para que los otros trabajadores que todavía no llegaron a un acuerdo económico con la pyme láctea, no firmen. “Este es un fallo que atrasa el país. No nos olvidemos que se tajearon las gomas de un encargado, que se apedrearon la casa de otro encargado, que se corrieron a tres chicos por un campo y se le cortó la medicación oncológica a una persona que estaba sufriendo cáncer y no la pudieron hacer convencer de hacer un bloqueo contra la empresa. Lo que cometieron fueron muchos ilícitos que con el tiempo se van a probar», dijo.
Bada Vázquez recordó que, como ya ocurrió en un momento anterior del conflicto que ya lleva casi tres años en la Justicia, una de las causas fue archivada. “Lamentablemente, la mafia tiene mucho poder en la Justicia. Han tejido mucho amiguismo. Nosotros vamos a seguir luchando por mantener las fuentes de trabajo en el pueblo. Los sindicalistas están preocupados por sus privilegios; por culpa de ellos perdieron el trabajo 26 personas, y que todavía se lamentan. Me pregunto a ¿dónde quedó el derecho de ir a trabajar de los que querían ir a trabajar? O sea, para esta jueza de garantías, ¿el derecho de ellos no vale nada?“, planteó por último.