El Congreso de Brasil suspendió sus sesiones este martes debido a un boicot iniciado por legisladores de la oposición, quienes exigieron a los líderes parlamentarios la votación de un proyecto de ley que busca conceder amnistía al ex presidente Jair Bolsonaro y otros acusados por los ataques a las sedes de los tres poderes en enero de 2023.
Según fuentes parlamentarias, los diputados del Partido Liberal (PL), principal fuerza de la oposición y liderado por Bolsonaro, encabezaron la protesta el mismo día que el Congreso reanudó sus actividades tras el receso de julio.
El boicot surgió como respuesta a la orden emitida el lunes por la Corte Suprema de restringir a arresto domiciliario a Bolsonaro mientras avanza su juicio por intento de golpe de Estado. El magistrado Alexandre de Moraes dictaminó la medida tras evaluar que Bolsonaro había violado las condiciones de su libertad provisional, especialmente la prohibición de usar redes sociales directamente o a través de terceros.
En el recinto legislativo, los diputados del PL, junto a otros partidos afines, permanecieron con la boca tapada con cintas adhesivas, aludiendo a lo que consideran censura judicial contra el ex presidente, quien desde mediados de julio tiene prohibido transmitir mensajes en redes sociales y está obligado a utilizar una tobillera electrónica, además de restricciones de movimientos nocturnos y de visitas, salvo sus abogados. “La justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”, afirmó de Moraes al emitir la orden de arresto domiciliario.
El boicot obligó a los presidentes de la Cámara de Representantes, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, a levantar la sesión y pedir respeto y diálogo. Los parlamentarios disidentes condicionaron la normalización de las tareas legislativas a la discusión y votación del llamado “paquete de la paz”, que, según ellos, busca pacificar el país e incluye varios proyectos clave.
Dentro de ese paquete figura el proyecto de amnistía para todos los condenados o procesados por los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando cientos de manifestantes, identificados como seguidores de Bolsonaro, irrumpieron en el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto en un intento de forzar un golpe contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La medida también beneficiaría al ex mandatario, juzgado por supuestamente liderar un complot para impedir la investidura de Lula, ganador de los comicios de 2022.
El “paquete de la paz” incluye además un pedido de destitución de Alexandre de Moraes como magistrado y una enmienda constitucional para eliminar el fuero privilegiado de legisladores y ex presidentes, con el objetivo de que sean procesados por tribunales de primera instancia.
Las tensiones aumentaron luego de que Bolsonaro utilizara cuentas de terceros, principalmente la de su hijo Flávio Bolsonaro, para difundir mensajes en apoyo a manifestaciones realizadas el domingo anterior en varias ciudades. La defensa del ex mandatario negó cualquier violación, alegando que la frase difundida, “Buenas tardes, Copacabana. Buenas tardes, mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos”, no constituye incumplimiento de medidas cautelares ni delito, y anunció que apelará la decisión de de Moraes.
En el contexto internacional, Estados Unidos rechazó la orden de arresto domiciliario e instó a las autoridades brasileñas a respetar la libertad de expresión de la oposición. El Departamento del Tesoro sancionó personalmente al juez de Moraes y retiró su visa, mientras el presidente estadounidense Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, autorizó aranceles de 50% para sectores exportadores brasileños, con entrada en vigor prevista para el miércoles 6 de agosto. Washington subrayó que impondrá responsabilidades a quienes participen en acciones consideradas sancionables y reiteró su petición de que Bolsonaro pueda expresarse públicamente.
Mientras tanto, el presidente Lula da Silva evitó pronunciarse sobre la prisión domiciliaria de Bolsonaro, aunque los legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) acusaron a la oposición de tomar represalias contra intereses populares, al bloquear proyectos de ley de relevancia social como la exención del impuesto de renta para ciudadanos con ingresos de hasta 5.000 reales (908 dólares o 784 euros), en palabras de Edinho Silva, presidente del PT.
El cerco judicial sobre Bolsonaro se intensificó el lunes con un operativo de la Policía Federal en su residencia de Brasilia, donde incautaron teléfonos y dispositivos electrónicos para investigar la supuesta participación del ex mandatario en la financiación desde el exterior de campañas a favor de sanciones internacionales contra miembros del Supremo. Según los investigadores, Bolsonaro habría destinado cerca de dos millones de reales (aproximadamente 300.000 euros) a movilizaciones y acciones políticas en Estados Unidos.
Bolsonaro, actualmente inhabilitado para cargos públicos hasta 2030 por descalificaciones al sistema electoral, enfrenta penas de hasta 40 años de prisión en el juicio en curso por asociación criminal, tentativa de abolición violenta del Estado de derecho y daños al patrimonio durante el asalto a las instituciones en enero de 2023. Otros siete acusados forman parte del núcleo central juzgado por la presunta conspiración golpista tras los comicios de 2022.
Los hechos han provocado el refuerzo de la seguridad en los alrededores del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, mientras seguidores de Bolsonaro mantienen vigilias y manifestaciones. La situación judicial del ex mandatario sigue generando controversias en el ámbito nacional e internacional y mantiene paralizado el Congreso brasileño cuando intentaba reanudar su agenda legislativa habitual.
(Con información de AFP, EFE y EP)