Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump, modificó las políticas migratorias de Estados Unidos y buscó restringir la ciudadanía por nacimiento. El efecto buscado es evitar que los niños inmigrantes indocumentados que nazcan en el país obtengan la ciudadanía solo por haber nacido en suelo americano.
Ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, ¿a punto de desaparecer?
Quienes defienden la ciudadanía por nacimiento, aseguran que en Estados Unidos es un derecho implícito en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución del país, adoptada en 1868. Por sí misma, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos”.
Aquella interpretación fue reafirmada por la Corte Suprema en el caso ‘United States v. Wong Kim Ark (1898)’, en donde se determinó que los hijos de padres extranjeros (incluso si estos no eran ciudadanos) que nacieran en territorio de EE.UU., tenían derecho a la ciudadanía estadounidense.
La orden con la que Trump eliminaría la ciudadanía por nacimiento: fechas y momentos clave
El 20 de enero de 2025, en el marco de su toma de protesta como presidente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que buscaría negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en EE.UU., cuyos padres sean inmigrantes, independientemente de si estos son indocumentados o si tienen un estatus legal temporal en la nación.
Si bien la medida argumenta que los niños no están “sujetos a la jurisdicción de EE.UU.”, numerosos debates legales afirman que la acción atenta directamente contra la constitución. Por ello, el pasado 17 de abril de 2025, la Corte Suprema anunció que escuchará los diversos argumentos sobre la orden ejecutiva del presidente que se llevará a cabo el próximo 15 de mayo.
Aunque los posicionamientos a favor o en contra de retirar la ciudadanía por nacimiento se llevarán a cabo a mediados del mes, la decisión final será tomada entre finales de junio o principios de julio de este mismo año. Por lo que todo el caso podría redefinir la historia de EE.UU. y de sus respectivas libertades en el corto plazo.
Algunos analistas contemporáneos temen el alcance del Poder Ejecutivo en el futuro si esta orden llega a validarse. En la perspectiva de varios expertos en política, el desenlace de este caso conllevaría darle más poder a la figura presidencial en Estados Unidos, lo que representa un desafío para los futuros representantes de otras figuras de contrapeso.
¿Qué opinan los estadounidenses de la eliminación de la ciudadanía?
La nueva orden ejecutiva que pretende impulsar Trump ha generado una ola de debate entre la población entre si se trata de una buena estrategia legal o no. De cuerdo con CNN, las estadísticas muestran que el 56% de los americanos se oponen a que la ciudadanía por nacimiento sea retirada; mientras que el 41% apoyarían la nueva medida, de ser llevada a cabo.
El sondeo citado muestra que la idea de apoyar la eliminación de la ciudadanía a los niños que nacidos en EE.UU. ha ido a la baja, en comparación con años previos, donde 47% de la población apoyaba la propuesta en 2010; mientras que, en 1992, 53% de la población se mostraba a favor. Siendo este mismo año, el cual presentó la mayor aceptación en contra del mandato en los últimos 30 años.
Según la encuesta, solo 4 de cada 10 estadounidenses apoyarían la orden ejecutiva incentivada por Trump. Y los partidos también están de acuerdo, ya que 51% de los demócratas se muestran en contra, sobre un 31% de los republicanos que sí apoyan la idea del actual presidente de EE.UU.
Desafíos legales de la orden que pretende quitar la ciudadanía por nacimiento
Entre los meses de enero y febrero de 2025, la orden ejecutiva de Donald Trump recibió varias críticas y reveses por parte de otras autoridades responsables a nivel estatal. Para empezar, 22 estados del país, liderados por el fiscal general de Nueva Jersey (Matthew J. Platkin) presentaron demandas para argumentar que la medida violaba precedentes ya establecidos en la Constitución.
En el caso de los tribunales federales en Washington, Massachusetts y Maryland, éstos emitieron órdenes judiciales que bloquean temporalmente la implementación de la orden ejecutiva del mandatario. Lo anterior responde al hecho de que el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que permitiera la aplicación parcial de la medida mientras se resuelven los litigios (la Corte, sin embargo, mantiene la suspensión general hasta que se escuchen los argumentos).
Aunados a los posicionamientos oficiales por parte de múltiples tribunales en el país, organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y diversos grupos de madres embarazadas (migrantes y ciudadanas) también interpusieron demandas contra la orden ejecutiva de Donald Trump. Mientras tanto, el concepto técnico y tangible de “ciudadanía” en EE.UU. podría transformarse por completo en el corto plazo.