En una nueva estrategia en conjunto por parte de un grupo de gobernadores, las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán realizaron una presentación ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por los masivos cortes de luz que se registraron en estos territorios que afectaron a 900 mil usuarios.
La presentación fue realizada por cada uno de los titulares de los organismos provinciales, es decir, firmaron el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta (ENRESP), Carlos Saravia; el secretario de Energía jujeño, Mario Alejandro Pizarro; y el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), José Ricardo Ascárate.
En la misma reclamaron a la empresa Transnoa S.A. que se encarga de la distribución de la energía, por fallas debido a negligencia y falta de inversión. En ese sentido, le exigen al ENRE que aplique las auditorías correspondientes y sancione para que se pueda garantizar el servicio.
La magnitud de los apagones, que en menos de una semana dejaron sin suministro eléctrico a cientos de miles de hogares, comercios y servicios esenciales, puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura energética en el Noroeste argentino. Según datos oficiales, los cortes no solo interrumpieron la vida cotidiana de los habitantes, sino que también complicaron la provisión de agua potable y la atención sanitaria en hospitales y centros de salud, cuyos sistemas dependen de la energía para operar con normalidad.
La denuncia administrativa fue formalizada en la sede del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, con la presencia de los principales referentes energéticos de cada provincia. Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en que el sistema de alta tensión operado por Transnoa S.A. atraviesa una crisis por la falta de inversiones y por la escasez de personal técnico suficiente para responder a las emergencias.
Las tres jurisdicciones detallaron que los cortes registrados en enero no constituyen hechos aislados, sino que evidencian un deterioro estructural en la operación de la empresa concesionaria. Entre los principales puntos del reclamo se destacan la ausencia de mantenimiento de la red, el incumplimiento de normativas vigentes y una política de gestión que, según la denuncia, privilegia la rentabilidad por encima de la calidad del servicio eléctrico.
En la provincia de Salta, 90.000 usuarios resultaron afectados entre el 22 y el 23 de enero en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. Jujuy experimentó un evento de mayor alcance: más de 750.000 habitantes de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito quedaron sin energía entre el 23 y el 24 de enero. En Tucumán, la interrupción se produjo el 23 de enero, cuando la Estación Transformadora Aguilares quedó fuera de servicio, afectando a unos 60.000 usuarios en la zona sur provincial.
En la denuncia, las autoridades provinciales requirieron al ENRE que ordene auditorías técnicas sobre el desempeño y la disponibilidad de los recursos logísticos de Transnoa S.A.. El texto presentado solicita al ente regulador que se inicien los procesos sancionatorios y se impongan penalidades conforme a los contratos de concesión, fundamentando la petición en la falta de inversiones y en la imposibilidad de la empresa de restablecer el servicio en tiempos razonables.
El documento exige la realización de una auditoría sobre las indisponibilidades declaradas por la empresa, con el objetivo de determinar si los cortes deben ser computados como incumplimientos contractuales. Además, solicita que la empresa informe la cantidad de cuadrillas y personal técnico con los que cuenta en la región, así como la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy para asegurar el correcto mantenimiento y operación de las instalaciones.
Asimismo, exigen a la firma que presente un estudio sobre el estado de conservación de sus instalaciones y un plan de contingencia ante eventos climáticos y altas temperaturas, escenarios cada vez más recurrentes en la región. En tanto, piden la apertura de oficinas comerciales en cada una de las provincias donde la transportista opera, para facilitar la atención y recepción de reclamos de los usuarios.
Los efectos colaterales de los apagones se sintieron especialmente en los servicios básicos. La provisión de agua potable se vio gravemente comprometida, ya que los pozos de captación subterránea dependen de la energía eléctrica. En hospitales y clínicas, las interrupciones generaron complicaciones en la atención, al limitar el funcionamiento de equipos médicos y sistemas de refrigeración necesarios para la conservación de insumos.
El petitorio presentado ante el ENRE también solicita información sobre las multas que el organismo aplicó a Transnoa S.A. entre 2019 y 2025, así como la obligación de la empresa de detallar sus planes de inversión y las acciones correctivas que planea implementar para evitar la repetición de fallas.