A dos semanas de las elecciones en Bolivia, que se celebrarán el próximo domingo 17 de agosto, todas las encuestas coinciden en que muy probablemente los comicios marquen el fin de dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), espacio liderado históricamente por el ex presidente Evo Morales, quien gobernó levantando las banderas de los pueblos indígenas. Sin embargo, esos años quedaron atrás. Actualmente, el líder cocalero se encuentra refugiado en la región de Cochabamba, bajo la custodia y protección de sus simpatizantes, desafiando a la Justicia del país ante el pedido de captura que pesa en su contra por un caso de trata de personas.
Toribia Lero Quispe es candidata a senadora por el departamento de Cochabamba y activista por los derechos indígenas. Líder de la Coordinadora Democrática Indígena y Popular, forma parte de la Alianza Nacional que encabeza el candidato a presidente Samuel Doria Medina.
En su reciente visita de campaña a la Argentina dialogó con Infobae. Además de analizar el escenario político de cara a las elecciones generales, contó cómo el movimiento indígena, que inicialmente propició el surgimiento de una voz alternativa en la política nacional, terminó siendo víctima directa “del régimen de Evo Morales”.
En medio de la feroz interna del MAS entre Morales y el presidente Luis Arce, la actual diputada nacional aseguró que el ex mandatario, quien sigue presionando por su candidatura pese a estar inhabilitado, “quiere eternizarse en el poder cueste lo que cueste, aunque haya muertos”.
Hace 14 años, los pueblos indígenas de tierras bajas del Beni sufrieron una brutal represión policial durante una marcha en Chaparina que fue vital para impedir que el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) quedara dividido por la construcción de una carretera. En aquella octava marcha, las comunidades reclamaron diálogo con el gobierno del MAS, que optó por enviar ministros en un intento fallido de contener la protesta. El 25 de septiembre de 2011, ancianos, mujeres y niños fueron expuestos a gases lacrimógenos, atados y golpeados, mientras buscaban, a través de una marcha pacífica, frenar la obra que impactaría el corazón de esta área protegida.
Lero describió ese episodio como uno de los puntos de inflexión: a partir de ese momento, aseguró, las organizaciones indígenas sufrieron una destrucción sistemática y quedaron excluidas tanto del Parlamento como de los espacios de representación social, en pleno ascenso y consolidación del gobierno de Morales. “A partir de ahí hemos venido trabajando para recuperar representatividad sobre todo, y por lo menos resistir”.
Ese vacío institucional impulsó la formación de la Coordinadora Democrática Indígena y Popular, un espacio impulsado para recuperar “representatividad” y “sobrevivir políticamente” frente al avasallamiento estatal. Esta formación nació, además, tras la desarticulación de estructuras históricas como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ): “Mi organización nacional ha sido totalmente destruida por el régimen”.
La denuncia de Lero apunta, asimismo, a la utilización recurrente de la imagen indígena para legitimar políticas públicas y proyectos de ley, muchas veces contrarios a los propios intereses de las comunidades originarias. “El movimiento indígena exige, el movimiento indígena acepta o ratifica proyectos de ley (…) que han conllevado a la destrucción del medio ambiente”. Esta supuesta representación, según la candidata a senadora, terminó por socavar el poder de decisión real de las organizaciones y profundizó la desconexión entre las bases indígenas y el aparato estatal.
En ese sentido, la diputada y activista recordó la inédita fragmentación que tiene lugar actualmente, principalmente entre “arcistas” y “evistas”, y fustigó el permanente intento de Evo Morales de atribuirse la representación indígena: “Para nosotros él ya no conduce una organización indígena legítima, sino personas que le apoyan, que son sus colectivos”.
Las consecuencias de esta instrumentalización y represión han puesto a los pueblos originarios en una posición de “sobrevivientes”: “Por eso decimos que es un régimen y nosotros somos sobrevivientes de ese régimen. Muchos no hemos huido, pero algunos hermanos han tenido que salir del país por las amenazas. Otros han sido encarcelados injustamente”.
Mientras Morales proclamó ser el representante de los pueblos indígenas, “ha hecho lo que ha querido”. La candidata recordó que, durante dos gestiones, el Movimiento al Socialismo contó con una mayoría parlamentaria “abrumadora”, lo que permitió la aprobación de leyes sin necesitar acuerdos ni contrapesos. A pesar de los ingresos fiscales por el auge de exportaciones de hidrocarburos, la activista afirmó que nunca existió una apuesta clara “por un desarrollo sostenible” ni por una diversificación productiva a partir de ese ciclo de bonanza. Por el contrario, aseveró que durante ese periodo hubo un marcado aumento del “autoritarismo”, la persecución a opositores y el “silenciamiento” de la sociedad civil.
Durante la entrevista, Toribia Lero también se pronunció sobre las denuncias contra Evo Morales por abuso sexual de menores de edad, hechos que en la actualidad se encuentran bajo investigación judicial. “Para mí, como mujer, como mamá, Evo Morales representa lo peor. Porque él está acusado de haber violado niñas de origen indígena empobrecidas. Está acusado, se le ha notificado, y se le busca para que declare”. Entre los casos más resonantes aparece el de Gabriela Zapata, quien habría mantenido una relación sentimental con Morales cuando ella tenía solo diecisiete años y él cuarenta y cinco, resultando en un embarazo. “Después se supo de más casos. Otra jovencita también tuvo su bebé a sus dieciséis años. De ella hasta ahora no se sabe porque está escondida, seguramente la tienen amenazada”.
“Muchas mamás en Bolivia salimos a las calles a trabajar y salimos con el corazón en la mano, porque no sabemos lo que les va a pasar a nuestras hijas, porque hay mucha inseguridad. ¿Pero un presidente? No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un presidente en ejercicio que ha cometido estos horrores”, fustigó Lero, quien no dudó en calificar a Morales como “un monstruo”.
A los delitos de índole sexual se suman alegaciones sobre narcotráfico y actividades ilícitas en zonas tradicionalmente indígenas: la siembra de marihuana, el uso de recursos estatales en este tipo de cultivos y la emergencia de una región conocida como “México Chico”. Lero denuncia que estos procesos, así como las constantes maniobras antidemocráticas, minan aún más la identidad y la estructura social de los pueblos originarios.
Por su parte, en junio de 2025, la Fiscalía de Bolivia inició una investigación formal contra el ex mandatario por el delito de instigación pública a delinquir, tras una denuncia del Gobierno de Luis Arce durante las violentas protestas realizadas por seguidores de Morales para rechazar su inhabilitación electoral.
El detonante fue la difusión de un audio, atribuido a Morales, en el que presuntamente instruía el corte de rutas, el cerco a La Paz y la ejecución de una “batalla final”. Si bien el entorno del expresidente negó la autenticidad de la grabación y la atribuyó a la manipulación mediante inteligencia artificial, el Gobierno avanzó con la denuncia, acusándolo de realizar maniobras para desestabilizar y desprestigiar al actual Ejecutivo.
“Es una gran traición. Si él [Evo Morales] se considera indígena, lo primero que debería hacer es mínimamente cumplir los valores y principios que tenemos los pueblos indígenas, porque nos manejamos nosotros en un marco mínimo de democracia intercultural, de democracia comunitaria. En mi pueblo, que es de donde él también viene, de Oruro, nuestras autoridades ejercen el cargo un solo año en su vida, nunca más. Pero él quiere eternizarse en el poder cueste lo que cueste, aunque haya muertos, lo que sea…”, afirmó Lero.
De cara al futuro, y respecto a su alianza con Doria Medina, comentó: “Él ha visto que los pueblos indígenas no podemos simplemente ser usados para la foto como folclore, sino los que venimos desde esta autoidentificación queremos ser parte de la toma de decisiones en el país. Él lo tiene muy claro. Nosotros no venimos a destruir el país ni a imponer, sino cómo en ese marco democrático generar espacios de acuerdos, consensos y diálogos».