El juez federal de Estados Unidos Fernando Rodríguez Jr., que fue designado por el presidente Donald Trump durante su primer mandato, rechazó este jueves un intento de la Administración actual de utilizar una antigua norma de 1798, la Ley de Extranjeros Enemigos (AEA, por sus siglas en inglés), para deportar a ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
El juez que cruzó a Trump por la Ley de Extranjeros Enemigos
El juez federal Fernando Rodríguez Jr., del Distrito Sur de Texas, aclaró en su fallo que no cuestiona la autoridad del gobierno para detener y expulsar a extranjeros involucrados en actividades criminales utilizando la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la normativa migratoria habitual. Sin embargo, el magistrado determinó que el uso específico de la Ley de Extranjeros Enemigos en este caso “excede el alcance del estatuto y es contraria al significado llano y ordinario de los términos del estatuto”.
Rodríguez Jr. recordó que, hasta que Trump la invocó este año mediante una proclamación del 15 de marzo, la Ley de Extranjeros Enemigos solo se había utilizado en tiempos de guerra declarada (la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial). En su proclamación, Trump había declarado al Tren de Aragua como una organización terrorista que estaba “perpetrando, intentando y amenazando una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos”.
En su opinión de 36 páginas, el juez argumentó que el uso de la palabra “invasión” por parte de la Administración Trump no se ajusta al significado histórico del término, que usualmente se relaciona con acciones militares o de guerra. El tribunal definió que una “invasión” o “incursión depredadora” según la ley debe ser “una fuerza organizada y armada que ingresa a Estados Unidos para participar en conductas destructivas”, aunque “no necesita ser un precursor de una guerra real”. El juez consideró que la situación con el Tren de Aragua no cumplía con esta definición histórica.
El fallo y la suspensión de la Corte Suprema
El fallo del juez Rodríguez Jr. llega después de que la Corte Suprema de EE.UU. ya hubiera suspendido temporalmente las deportaciones bajo esta ley, en un momento en que autobuses con venezolanos detenidos se dirigían a un aeropuerto desde un centro de detención en Texas. Según testimonios, a algunos detenidos les dijeron que iban a una prisión en El Salvador y a otros, que serían enviados a Venezuela.
Como parte de su decisión de este jueves, el juez Rodríguez Jr. también aceptó una petición para que el caso sea tratado como una “demanda colectiva” (class action), al argumentar que involucra “cuestiones comunes de derecho” para todos los venezolanos afectados en el Distrito Sur de Texas.
Además, emitió una “orden judicial permanente” (injunction) que prohíbe definitivamente a la Administración utilizar la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar, transferir o expulsar a los demandantes y a otros miembros de la demanda colectiva. No obstante, la orden aclara que el gobierno sí puede “proceder con los procedimientos de expulsión o actuar de otro modo” basándose en la Ley de Inmigración y Nacionalidad regular.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y representante principal de los demandantes, destacó la importancia del fallo. En declaraciones recogidas por NBC News, señaló que es la primera vez que un juez federal analiza a fondo si la Administración Trump podía usar esta ley de la época de guerra en tiempos de paz.
“El Tribunal sostuvo correctamente que el presidente carece de autoridad para simplemente declarar que ha habido una invasión y luego invocar una autoridad de guerra del siglo XVIII durante la paz”, dijo Gelernt. “El Congreso nunca pretendió que esta ley se utilizara de esta manera”, concluyó.