El Tribunal Constitucional (TC) comenzó a evaluar en audiencia pública la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. La solicitud del gobierno de Dina Boluarte busca establecer los límites de las investigaciones contra el presidente de la República, específicamente en lo que respecta a la aplicación del artículo 117 de la Constitución.
La audiencia, que se desarrolla en la ciudad de Arequipa, dio inicio con la intervención de Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador público especializado en materia Constitucional. Huerta explicó que el artículo 117 de la Constitución de Perú establece las causales específicas para procesar al presidente de la República, y resaltó que el principio fundamental de un régimen presidencial, como el que rige en el país, es que el jefe de Estado cuente con la capacidad de tomar decisiones sin estar sujeto a presiones externas que puedan debilitar su labor.
En su intervención, Huerta argumentó que el presidente, como jefe del gobierno, necesita garantías para ejercer su función sin ser investigado por actos relacionados con su gestión en un contexto que pueda afectar su desempeño.
Posturas en la audiencia
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó un amicus curiae en el que planteó que la aplicación del artículo 117 no debe permitir al Ministerio Público investigar al presidente de la República. Gutiérrez argumentó que la interpretación armónica de la Constitución y las normativas relacionadas protege la figura del presidente ante investigaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad de su mandato.
“Lo que toca es trascendente en la vida republicana del país, la controversia interpretativa es determinar si la aplicación del artículo 117 incluye la potestad al Ministerio Público para investigar a un presidente de la República, nuestra tesis, con el tono armónico de la Constitución y las normas que derivan de la misma, es no”, afirmó Gutiérrez.
En esta línea, el abogado Joseph Campos, quien defiende legalmente a la presidenta Dina Boluarte, también intervino en la audiencia. Según Campos, el artículo 117 protege la gobernabilidad y debe garantizar que las investigaciones no descapitalicen ni afecten el ejercicio del poder presidencial. “Lo que corresponde al tribunal es establecer que debe haber una forma de investigar a los presidentes no solo durante su mandato sino después del mismo, porque las investigaciones provocan oprobio público y descapitalizan”, explicó el abogado.
Capacidad de investigación
Durante la sesión, también participaron representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, quienes sostuvieron una postura distinta. Los fiscales y jueces intervinieron argumentando que el presidente de la República puede ser investigado como cualquier otro ciudadano, aunque, en su opinión, no se pueden formalizar acusaciones penales contra él mientras dure su mandato.
Las instituciones demandadas insistieron en que las investigaciones no deben ser vistas como un ataque a la función presidencial, sino como una obligación del Estado para asegurar la justicia y la equidad en el ejercicio del poder.
La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, suspendió brevemente la audiencia para dar tiempo a una reflexión adicional sobre los argumentos presentados. Pacheco, quien dirige las deliberaciones del TC, anunció que la evaluación del amparo presentado por la jefa de Estado continuará en una próxima sesión.
Premier defiende demanda competencial
En paralelo a la audiencia del TC, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió públicamente la demanda competencial presentada por el Ejecutivo. En sus declaraciones, Adrianzén destacó que el objetivo de la demanda es garantizar el cumplimiento de la Constitución, que define de manera precisa los casos en los que un presidente de la República puede ser acusado o investigado.
“Esta demanda pretende que se cumpla la Constitución, que establece con claridad los casos por los que la presidenta puede ser acusada e investigada”, expresó Adrianzén tras participar en la inauguración del X Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, Sitdef Perú 2025. Además, aseguró que la demanda es un mecanismo para asegurar el respeto a las normas constitucionales y la gobernabilidad del país.
TC tendrá pronunciamiento en mayo
En conversación con Epicentro TV, la presidenta del TC, Luz Pacheco indicó que se espera tener una decisión sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en las próximas semanas. “Nuestra meta es que no pase de mayo”.
En ese sentido, destacó que aunque no todos tienen las mismas ideas están dialogando. Finalmente, expresó que los tribunales han adoptado una actitud de escuchar y preguntar, lo que permitirá analizar la trascendencia de lo que suceda en los próximos días. “Ya veremos, eso es lo que ha permitido el día”, concluyó.