El recorte de Potenciar Trabajo, que implica la eliminación de 900.000 planes sociales, constituye el eje de la estrategia fiscal del Gobierno. Sin embargo, los datos oficiales y los análisis técnicos muestran que el ahorro generado cubre solo una fracción de la exigente meta fiscal establecida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), actualmente en proceso de renegociación. Esta medida reduce el gasto social, pero su impacto es limitado en comparación con la magnitud del ajuste requerido para estabilizar las cuentas públicas y cumplir los compromisos internacionales.
El ahorro derivado de la eliminación de Potenciar Trabajo asciende a aproximadamente $900.000 millones, que fue el gasto del programa en 2025, según la consultora LCG, lo que equivale al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta decisión afecta a 900.000 beneficiarios que hasta ahora recibían un monto mensual de $78.000, quienes pasarán a un sistema de vouchers de capacitación laboral enfocado en formación y empleabilidad. La medida, que se comunicó a la par de la salida de Fernando Bearzi de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), refuerza la postura del Gobierno respecto al control del gasto público y la reformulación de la asistencia social.
Una estimación similar tienen en la consultora Analytica, en donde destacan que, de continuarse con el programa “Volver al Trabajo”, el gasto anual estaría en torno a los $870-890 mil millones (en promedio son entre $70.000 y $75.000 millones por mes). Lo que implica un gasto de 0,08% del PBI. “De suspenderse en abril, se estarían ahorrando 9 meses del pago del programa, lo que implica un ahorro del 0,06% del PIB”, remarcaron.
“Potenciar Trabajo tenía montos bajos; se pagaban $78.000 mensuales, lo que representaba un gasto reducido dentro del presupuesto total. Funcionaba casi como un pago mínimo, similar a un seguro de desempleo alternativo, y perdió un 40% de su valor real frente a la inflación de 2025”, señaló Martín Kalos, director de Epyca. Según Kalos, la medida responde a una decisión ideológica orientada a concentrar la asistencia en un único programa social, la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo valor, según reconoce el propio Gobierno, fue incrementado.
La eliminación del programa ocurre en el contexto de otras políticas fiscales que han impactado en la recaudación. Por ejemplo, la reducción de retenciones al sector agropecuario, implementada antes de las elecciones legislativas de manera transitoria y luego de manera definitiva, implicó una pérdida de ingresos equivalente al 0,1% del PBI. Además, la aprobación de la reforma laboral dio origen al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que, aunque aún no está vigente, prevé redirigir recursos asignados previamente a la Anses, lo que incrementa la presión sobre el sistema previsional.
En el primer bimestre del año, el Estado nacional acumuló un superávit primario cercano al 0,4% del PBI y un superávit financiero de 0,1%, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía. Estos resultados reflejan la política de ajuste fiscal implementada por el Gobierno, basada en el control estricto del gasto y la reducción de impuestos, con el objetivo de consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.
Desde Economía destacaron que la reducción del gasto primario total se ubicó en 8,8% interanual en términos reales en febrero, lo que constituye uno de los principales componentes del resultado fiscal positivo. Pero se remarcó que los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 1,8%, mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento del 11,3% respecto al año anterior.
La meta de superávit y la renegociación con el FMI
A pesar de estos recortes en programas sociales, el equipo económico se comprometió con el FMI a alcanzar un superávit fiscal del 2,2% del PBI durante 2026, un objetivo que exige un ajuste adicional y que está siendo evaluado en las negociaciones de la segunda revisión del acuerdo.
Tras la última visita de una misión del organismo multilateral a Buenos Aires en febrero, una delegación encabezada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, viajó a Estados Unidos en los primeros días de marzo para continuar las conversaciones. Altas fuentes del Palacio de Hacienda indicaron, en su momento, a Infobae que el objetivo era concluir las negociaciones en esa instancia, pero el cierre se postergó para fines de este mes, con la expectativa de que el board del FMI apruebe el nuevo acuerdo en abril.
Según la consultora LCG, la reducción de Potenciar Trabajo y otros programas sociales contribuye a mejorar el resultado fiscal, pero no resuelve el desafío central. El análisis advierte que el margen para seguir ajustando partidas no indexadas es cada vez más reducido. Para alcanzar la meta del 2,2% del PBI, será necesario avanzar sobre salarios estatales, subsidios y transferencias a provincias, rubros que ya fueron objeto de fuertes recortes.
“La meta con el FMI es exigente, 2,2%/PBI de superávit cuando el Gobierno planteó en el presupuesto un superávit de 1,5% del PBI antes de que la recaudación cayera por lo que sucede en la actividad económica», destacó Kalos, por su parte. El equipo económico apuesta a tener en los próximos meses ingresos adicionales provenientes de la Ley de Inocencia Fiscal y de la aplicación de la reforma laboral. Sin embargo, no existe certeza sobre la velocidad de recuperación de la economía ni sobre el impacto inmediato en el empleo privado.
“Asimismo, las leyes de Presunción de Inocencia Fiscal y de Reforma Laboral contribuirán a la formalización de la economía, lo que, junto con el crecimiento económico y el control estricto del gasto público, permitirá continuar reduciendo impuestos. Vale recordar que entre 2024 y 2025 la reducción de impuestos acumulada ascendió a 2,5% del PIB”, escribió el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.
La presión para renegociar la meta con el FMI surge de la evidencia de que el ajuste realizado hasta ahora es insuficiente. Analistas privados y el informe de LCG coinciden en que, sin una recuperación sostenida de la actividad económica y de la recaudación, el objetivo del 2,2% del PBI no será alcanzable únicamente mediante recortes. El Gobierno mantiene como prioridad la obtención del superávit y aspira a que el crecimiento de la actividad económica mejore la recaudación para poder cumplir con el FMI.