Un grupo de gremios estatales, impulsados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se reunió este martes y anunció un paro general con movilización para el mismo día en que la Cámara de Senadores inicie el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La determinación fue adoptada tras un encuentro en el Hotel Héctor Quagliaro, donde participaron representantes sindicales de distintas ramas del sector público, junto a jubilados, abogados laboralistas y académicos.
La decisión surge en un contexto de creciente expectativa por el inminente debate legislativo y ante la posibilidad de que la normativa reciba respaldo de varios gobernadores provinciales. Durante la jornada, la dirigencia sindical evaluó no solo la convocatoria a la huelga, sino también la posibilidad de anticipar medidas de fuerza en aquellos distritos donde los mandatarios expresaron su apoyo al proyecto oficialista. “Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien anticipó además que este mandato será trasladado a la reunión prevista para mañana con sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Según los organizadores, la medida cuenta con el respaldo de gremios de actividades judiciales, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, bancarios jerárquicos, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otros. El objetivo central es manifestar el rechazo a la reforma laboral y ejercer presión sobre los senadores y los poderes provinciales que, según los sindicalistas, resultan claves para la aprobación del paquete legislativo.
Aguiar expuso su preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre los derechos laborales vigentes. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Javier Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló el dirigente tras la asamblea. La movilización se suma a la advertencia de que las acciones podrían replicarse en distritos que respalden la iniciativa oficial, especialmente durante los primeros días de febrero.
El debate parlamentario sobre la reforma laboral se enmarca en el inicio de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el próximo 2 de febrero, con la reforma como uno de los principales puntos de discusión. El oficialismo, que busca aprobar la iniciativa en el Senado, necesita sumar apoyos fuera de sus filas. El diálogo con bloques aliados como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y legisladores provinciales resulta determinante para reunir los 37 votos necesarios para el quórum. Según fuentes legislativas, los radicales mantienen una posición cautelosa y preparan reclamos puntuales para la reunión prevista con la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Desde los sectores sindicales, la preocupación central radica en los cambios que la reforma introduce sobre la Ley de Contrato de Trabajo, que regula a numerosos organismos estatales como ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros. Los gremios advierten que, a diferencia de lo que señala el Poder Ejecutivo, el sector público se verá directamente afectado, ya que muchos trabajadores están alcanzados por la norma que se busca modificar.
Uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos es la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo, lo que, según denunciaron, podría perpetuar situaciones de fraude laboral tanto en la administración nacional como en provincias y municipios. Además, señalaron el impacto del artículo 79 del proyecto, que traslada las controversias judiciales laborales donde interviene el Estado nacional al fuero Contencioso Administrativo, desplazando la competencia de la Justicia Laboral y, a su entender, debilitando la protección de los empleados públicos.
“Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, expresó Aguiar.