El precio del aceite de soja registró un salto superior al 11% entre el viernes 13 y el lunes 16 de junio en el mercado de Chicago. La escalada respondió a la propuesta del gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, de incrementar significativamente la cantidad de biocombustibles que deben mezclarse con combustibles fósiles en 2026 y 2027. Además, a las 14:00 del lunes en Buenos Aires, el contrato ÑUS Soybean Oil (ZLN5) se negociaba a 54,51 centavos por libra, con una suba diaria de 7,70%.
El alza se produjo tras la presentación de una propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense, que fijó un nuevo objetivo de mezcla de 24.020 millones de galones de biocombustibles para 2026 y 24.460 millones para 2027. Esto representó un aumento de casi el 8% respecto de la meta vigente en 2025.
El mandato incluyó un componente clave para el aceite de soja: la categoría de biocombustibles avanzados, dentro de la cual se encuentra el biodiésel elaborado a partir de ese insumo. Según los datos oficiales, la nueva meta para esta categoría se ubicó en 5.610 millones de galones en 2026 y 5.860 millones en 2027. En 2025, la cifra alcanzaba los 3.350 millones, por lo que el salto fue de aproximadamente 67%.
Las modificaciones no se limitaron a las cantidades exigidas. La EPA también propuso un rediseño en la manera de contabilizar los volúmenes y otorgar los créditos RINs (Renewable Identification Numbers), que son certificados negociables utilizados para demostrar el cumplimiento de los mandatos de mezcla.
Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es que los biocombustibles importados, o aquellos elaborados con materias primas extranjeras, recibirán sólo la mitad de los créditos RINs respecto de sus equivalentes producidos internamente con insumos locales. Esa diferencia busca incentivar el uso de insumos agrícolas estadounidenses y reducir la participación de aceites provenientes de terceros países.
La EPA también propuso que los volúmenes exigidos pasen a medirse en RIN equivalentes. Esto implica que cada galón de biocombustible se traduzca directamente en un número proporcional de créditos RINs, simplificando los cómputos y unificando criterios entre las distintas categorías de combustibles renovables.
En paralelo, se definieron nuevos factores de equivalencia. Para el diésel renovable, el valor propuesto fue 1,6 RINs por galón, en lugar de 1,7 como ocurría hasta ahora. Para el biodiésel convencional, el factor se mantuvo en 1,5. También se introdujeron valores para combustibles menos frecuentes, como el jet fuel renovable y otros subproductos.
Según analistas del mercado, estas medidas afectaron las expectativas en torno a la demanda de insumos como el aceite de soja, lo que impulsó las cotizaciones en los mercados de futuros. El viernes, los contratos de julio del producto en la Bolsa de Chicago treparon 6%, alcanzando los 1.112 dólares por tonelada, y el lunes consolidaron un alza acumulada de 11%, con valores cercanos a los 1.164 dólares por tonelada.
La tendencia continuó durante la jornada del lunes, cuando la cotización del ÑUS Soybean Oil (ZLN5) subió 3,90 centavos o 7,70%, situándose en 54,51 centavos de dólar por libra. Esta fue la mayor suba en dos días para el producto desde 2022, según datos de GrainTrade y plataformas de datos agrícolas.
Otro elemento que reforzó el movimiento alcista fue la suba del precio del petróleo crudo, impulsado por un nuevo episodio de conflicto en Medio Oriente. Los futuros del crudo Brent para agosto subieron 7,26% y cerraron el viernes en 74,1 dólares por barril. La suba de los precios del crudo suele generar una mayor competitividad de los biocombustibles, al elevar el precio relativo de los combustibles fósiles.
La propuesta regulatoria del gobierno de Estados Unidos también generó efectos indirectos en otros aceites vegetales. En Malasia, el precio del aceite de palma trepó por encima de los 4.000 ringgit por tonelada, con una suba intradiaria de 4,1%. La correlación entre el aceite de palma y el de soja responde a que ambos compiten como insumo para la elaboración de biocombustibles, en particular en Asia.
La firma Phillip Nova, a través de su analista Darren Lim, explicó en un informe que “los biocombustibles se vuelven más competitivos cuando suben los precios del crudo, lo que genera una migración en la demanda desde los combustibles fósiles”.
La medida de la EPA también buscó reducir los riesgos de fraude con insumos importados, como el aceite reciclado o el aceite de cocina usado proveniente de China, que ingresan al sistema bajo condiciones poco claras. Por eso, se propuso implementar requisitos adicionales de trazabilidad y documentación, obligatorios para todos los actores que comercien productos bajo los esquemas de biocombustibles regulados.
En términos de impacto para los mercados, algunos analistas advirtieron que los futuros del aceite de soja en Chicago comenzarán a reflejar con mayor intensidad las condiciones específicas del mercado estadounidense, dada la distorsión que introduce la penalización a los productos importados. Esto obligará a los operadores a prestar más atención a los precios físicos del producto en Sudamérica y Europa para captar las señales reales de oferta y demanda global.
Entre los países productores, Argentina ocupa un lugar destacado. El país se caracteriza por procesar internamente la mayor parte de su producción de soja, a diferencia de otras economías exportadoras que despachan grano sin industrializar. De esa molienda surgen dos productos clave: la harina de soja, líder en volumen exportado, y el aceite de soja, segundo en importancia dentro del complejo sojero nacional.
En este contexto, los cambios introducidos por Estados Unidos podrían representar una oportunidad para la industria aceitera local, siempre que el alza de precios se traslade al valor FOB argentino y que los principales destinos mantengan o amplíen su demanda. Actualmente, los compradores más relevantes del aceite de soja argentino son India, Bangladesh, Perú, Egipto y Argelia.
Además, la menor competitividad de los aceites importados en Estados Unidos podría desviar parte de la demanda global hacia productos de origen sudamericano, al menos en los mercados que no están sujetos a los esquemas regulatorios de la EPA.
El seguimiento del diferencial entre el aceite de soja y otros insumos competidores, como el aceite de canola canadiense o el aceite de palma malayo, será clave en las próximas semanas para anticipar posibles cambios en las corrientes comerciales.
La nueva estructura de mandatos en EE.UU. también debe analizarse en el marco de la estrategia energética de la administración Trump, que busca reducir la dependencia externa y fortalecer el consumo de energía de origen agrícola. En esa línea, se inscriben tanto la penalización de las importaciones como los incentivos al uso de insumos locales.
El debate político también dejó señales. La senadora Joni Ernst, representante republicana del estado de Iowa, uno de los mayores productores de soja de Estados Unidos, celebró la medida y la calificó como una prueba de que “la administración está comprometida con defender la América rural”.
En contraste, la Fueling American Jobs Coalition, que agrupa a refinerías independientes, expresó su rechazo al considerar que los nuevos mandatos amenazan la viabilidad de los últimos establecimientos de refinación independientes que aún operan en suelo estadounidense.