Con la consigna “basta de salarios debajo de la línea de pobreza”, desde este lunes, en gran parte de las universidades nacionales (UUNN) del país se aplazará el inicio del segundo cuatrimestre. Los sindicatos docentes y no docentes resolvieron un paro universitario en reclamo de aumento salarial e incremento de las partidas presupuestarias, en medio del avance de la media sanción del proyecto de ley que incrementa los recursos en las casas de estudio.
“Con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, señala una de las principales consignas impulsadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), que definió la medida hace poco más de una semana, en un plenario con la participación de 25 organizaciones gremiales de todo el país.
En algunas instituciones públicas, el paro universitario se extenderá durante toda la semana, según el cronograma definido por Conadu. Pero en algún punto, el cese de actividades dependerá de la conflictividad al interior de cada unidad académica, y el grado de adhesión que alcance la huelga general.
En Universidad de Buenos Aires (UBA), los principales gremios del sector, AGD, ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarios comunicaron que la huelga se concretará el 11 de agosto, mientras que el 12 comenzarán las clases, pero bajo una modalidad de protesta. Ese día, llevarán a cabo una jornada de actividades de visibilización interna y externa que incluirán clases públicas, radios abiertas y charlas informativas abiertas, con el objetivo de sumar apoyo social ante el reclamo.
En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el paro “durará toda la semana”, según anticipó Carlos De Feo, secretario General de CONADU. “Es la peor pérdida salarial que hemos tenido, más del 30% de pérdida del poder adquisitivo de salarios de docentes y nodocentes, hay docentes que tienen 4 cargos para completar un salario que no llega a 1 millón de pesos”, puntualizó en declaraciones a FM 103.1.
La medida de fuerza también impacta en los colegios preuniversitarios, como el Colegio Nacional Buenos Aires o la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. También abarca a las instituciones platenses, como Escuela Anexa, el Colegio Nacional, el Liceo Víctor Mercante y el Bachillerato de Bellas Artes, donde no se dictarán clases durante los días de huelga.
En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) resolvió el mismo esquema de adhesión de una jornada completa de paro docente, del 11 al 15 de agosto. La medida es impulsada a nivel nacional por las federaciones del sector.
La tensión se agravó tras la decisión unilateral del Poder Ejecutivo de establecer incrementos salariales para el sector docente universitario de apenas 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. Estos aumentos se abonarán en su mayoría en forma diferida, acumulándose los montos de junio, julio y agosto para ser percibidos recién junto con el salario de agosto.
Desde la mirada sindical, son incrementos que son muy inferiores a la inflación y lejos está recomponer la pérdida salarial de 2024.
Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, expresó que “el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios están mayoritariamente bajo la línea de pobreza”, según el comunicado gremial. El dirigente hizo hincapié en cuestionar la viabilidad de “un proyecto de país sin educación, ciencia y salud públicas, ni estudiantes que puedan formarse en una universidad pública y gratuita de calidad”.
La expectativa sindical está puesta principalmente en que buena parte de los reclamos se destraben cuando el Senado apruebe la Ley de Financiamiento Universitario, ya que permitiría reforzar los fondos para salarios, infraestructura y programas de investigación, ajustados a la variación de inflación desde la asunción del mandato de La Libertad Avanza.
Para que aquella mejora se implemente, la Cámara alta deberá aprobar el texto y luego, ante el previsible veto del presidente Milei, los legisladores de la oposición tendrán que conseguir una mayoría agravada de dos tercios en ambos cuerpos del Congreso, si lo que se busca es ratificar la ley.
El conflicto universitario trasciende la cuestión salarial y alcanza partidas para gastos corrientes, becas estudiantiles y programas de investigación, que también sufrieron recortes y demoras en la acreditación de fondos. El deterioro repercute negativamente, además, en el funcionamiento cotidiano del conjunto del sistema de ciencia y técnica.
En un comunicado, la Facultad de Sociales de la UBA dimensionó la magnitud del desfinanciamiento e informó que resultó necesario, como gestión, “tomar la decisión de cubrir con recursos generados por la Facultad cuestiones elementales como la limpieza, el mantenimiento de ascensores y los servicios esenciales”.
“Lo hacemos con compromiso y responsabilidad, pero nos encontramos al límite de nuestras capacidades, lo que también nos obliga a postergar o limitar, durante este segundo cuatrimestre, algunas mejoras o arreglos que forman parte de las demandas cotidianas de nuestra comunidad”, informaron las autoridades de la sede académica. “Esto, además, implica la imposibilidad de destinar los recursos propios a mejoras académicas, apoyaturas a proyectos de extensión e investigación, acompañamiento a los y las nodocentes y vínculos con la comunidad”, remarcaron.
El regreso del conflicto gremial se produce ante la expectativa de que se organice una nueva Marcha Federal Universitaria a fines de agosto. Se trata de un contexto especial, dado que ocurre a menos de dos meses de las elecciones legislativas. Durante la primera mitad de 2024, tanto las movilizaciones nacionales como los paros parciales aumentaron su protagonismo debido a la carencia de soluciones. Aquel periplo tuvo como resultados con algunos incrementos de partidas y fondos, pero no pudo evitar el veto presidencial.