El ministro de Interior, Diego Santilli, continúa con su raíd de reuniones con gobernadores en la antesala de la discusión en el Congreso del Presupuesto 2026 del presidente Javier Milei. Un casillero que le faltaba tachar es la ciudad de Buenos Aires, un terreno conocido para el funcionario: en la última década fue legislador porteño, ministro y vicejefe de Gobierno. Por este motivo no le resultará ajena la negociación que mantiene Jorge Macri con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por la deuda de Nación con CABA en materia de coparticipación.
Ese será el marco de la reunión entre ambos dirigentes, prevista para este jueves, encuentro del que también participará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Será un foto entre dos viejos conocidos, y dos referentes del PRO, para completar el cuadro de los gobernadores, salvo los opositores más cercanos al kirchnerismo, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa).
La gestión del gobierno porteño por la deuda de la coparticipación está “sin avances”, según indicó a Infobae un funcionario que tiene despacho en la sede gubernamental de la calle Uspallata, en el barrio de Parque Patricios. El miércoles hubo un nuevo encuentro entre los equipos técnicos del área de economía de ambas administraciones. Fue el segundo, tras la reunión entre Macri y Caputo que tuvo lugar el mes pasado. En aquel momento, la enviada del ministro nacional fue Valeria Sánchez, subsecretaría de Coordinación Fiscal, mientras que por CABA estuvo presente el ministro de Hacienda y Finanzas,Gustavo Arengo.
Entre otros puntos, Macri busca que el gobierno nacional cancele una deuda de $274.000 millones, y que incluya en el proyecto de Presupuesto 2026 un ítem que garantice un pago semanal del denominado “goteo” diario de fondos, un mecanismo acordado para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución de recursos a CABA. Desde agosto de 2025, esos pagos semanales correspondientes al 1,55% de la masa coparticipable comenzaron a ralentizarse.
Este reclamo llevaron también los diputados del PRO en el Congreso, que votaron en disidencia, en comisión, el proyecto de Presupuesto nacional que, se prevé, que trate en sesiones extraordinarias. Luego de las elecciones legislativas, la relación de LLA con el macrismo transita un camino espinoso. La bancada presidida por Cristian Ritondo busca cerrar un acuerdo con un sector de la UCR, el MID de Oscar Zago y Coherencia para conformar un interbloque, y negociar con el oficialismo libertario comisiones y leyes con mayor fortaleza, sobre todo tras el proceso de éxodo que sufrió el bloque amarillo.
“Nos están comprando los diputados. Cometen un grave error en ir contra los que por dos años los apoyaron incondicionalmente. Porque más allá de la primera minoría necesitan 129 votos para leyes simples. ¿Con qué cara nos van a venir a pedir ayuda ahora? Los diputados que se fueron no lo hicieron porque el PRO no los represente sino porque desde el oficialismo tienen los recursos para comprarlos, y ellos pocas convicciones. Sin dudas, hay un trabajo sistemático de querer debilitar al bloque del PRO», se quejó un dirigente nacional con experiencia parlamentaria.
Más allá de esto, María Eugenia Vidal, que dejará su banca en una semana, presentó en las últimas horas el informe mensual de la Fundación Pensar, donde reclamó «audacia y capacidad de dialogo» al gobierno nacional para llevar adelante las reformas pendientes. “El primer desafío es el presupuesto. Esa es la primera prueba que si no se pasa pondrá en duda las demás. Hace dos años que la Argentina no tiene un presupuesto por ley. Si en el Congreso no podemos ponernos de acuerdo sobre en qué gastará el Estado y cómo lo va a pagar, menos se podrá avanzar en una reforma laboral o impositiva”, sostuvo.
Un reclamo de fondo
Más allá de esta deuda puntual, el reclamo de fondo de Macri apunta a la restitución del 3,5% de coparticipación, porcentaje que la Ciudad recibía hasta 2020 y que fue reducido de manera unilateral por el entonces presidente Alberto Fernández. La medida, que bajó el coeficiente al 1,4%, se justificó en la necesidad de transferir recursos a la provincia de Buenos Aires en medio de un conflicto salarial con la policía bonaerense. El gobierno porteño sostiene que esta quita fue inconstitucional y reclama el reintegro de USD 6.000 millones, además de la restitución del porcentaje original mediante transferencias diarias del Banco Nación.
Esta decisión, adoptada por decreto, implicó una merma anual de aproximadamente $35.000 millones para la Ciudad y el redireccionamiento de esos fondos a la provincia de Buenos Aires. El entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la medida y llevó el caso ante la Corte Suprema, alegando que cualquier modificación en los porcentajes de coparticipación debe realizarse por ley y con el acuerdo de todas las provincias.
En diciembre de 2022, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad y ordenó al gobierno nacional restituir el 2,95% de la masa coparticipable mientras se resolvía la cuestión de fondo. Sin embargo, la administración de Fernández optó por cumplir el fallo mediante bonos del Tesoro, lo que generó nuevas tensiones con el gobierno porteño, que exigía el pago en efectivo. Hasta el momento, la deuda continúa sin saldarse y la disputa permanece abierta.