El Ayuntamiento de San Pablo completó recientemente el desmantelamiento del mayor mercado de droga al aire libre de Brasil. A pesar de esto, organizaciones no gubernamentales y personas con adicciones han acusado a la Policía de utilizar la violencia, cuestionando si realmente se ha resuelto la situación.
El viernes, la calle de los Protestantes, ubicada en pleno centro de San Pablo, se encontraba en silencio. Había barreras de concreto y numerosos agentes de la Guardia Municipal patrullando, pero no había indicios de ‘Cracolandia’, el nombre asociado a esta zona debido al consumo de la droga “crack”.
“¿Dónde está todo el mundo?”, se preguntaba Alex Melo, un comerciante de 42 años, mientras observaba cómo algunas de las personas que solían ocupar el espacio entraban en su tienda a comprar cigarrillos o café.
Cracolandia, que llegó a congregar a cientos de personas, ha disminuido notablemente en los dos últimos años. El pequeño grupo que permanecía allí se retiró hace pocos días.
En recientes declaraciones, el alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, de centroderecha, se mostró “sorprendido” por la falta de personas con adicciones en el área. Atribuyó esto al ingreso voluntario de muchas de estas personas en centros de tratamiento para adicciones.
Nunes también destacó que las nuevas operaciones policiales contra el narcotráfico habían logrado cortar el suministro de drogas a los adictos que solían acampar en la zona.
“Tenemos que celebrar; es una victoria para la ciudad”, afirmó el alcalde Nunes, quien busca rehabilitar el centro de San Pablo para atraer a empresas y residentes con mayor poder adquisitivo.
Entretanto, activistas de derechos humanos y algunos ex habitantes del lugar, que manifestaban este viernes en la calle de los Protestantes, expresaron una opinión contraria. Acusaron al Ayuntamiento de utilizar la violencia como parte de un intento por “higienizar” el centro de la ciudad.
Mariane Farias, una mujer de 32 años que vivía en Cracolandia, relató a la agencia de noticias EFE que “La Guardia Municipal nos cacheaba, nos impedía entrar con nuestras cosas y hasta rasgaba el dinero que llevábamos… Fue una opresión”.
Jean Michel, de 38 años, narró que la semana pasada algunos agentes le quitaron sus tenis y lo amenazaron, diciéndole que si regresaba lo agredirían físicamente.
A pesar de las denuncias de abuso policial, muchos residentes y comerciantes de la zona celebran el desmantelamiento del mercado de estupefacientes, tras meses de descenso en las ventas y disturbios esporádicos en la calle.
Iezio Silva, presidente de la asociación de vecinos del barrio, afirmó: “Soy ‘higienista’… aquello era insalubre y espero que no vuelvan más”. Sin embargo, aclaró que su postura no está en contra de las personas con adicciones, sino de los traficantes.
El desmantelamiento de Cracolandia ha provocado la dispersión de los adictos en grupos más pequeños, aunque activistas de derechos humanos predicen que pronto se reagruparán en otro lugar, un fenómeno observado en ocasiones anteriores.
Flávio Falcone, psiquiatra y payaso que lidera una asociación enfocada en proporcionar tratamiento, empleo y vivienda a las personas con adicciones, sostiene que la estrategia policial actual no solucionará el problema a largo plazo.
“Van a concentrarse nuevamente… Cracolandia no es un espacio físico, es una relación entre personas que mantienen un vínculo afectivo y que se juntan para defenderse”, afirma Falcone.
(Con información de EFE)