El Gobierno oficializó este miércoles las adjudicaciones de las concesiones de la primera etapa del proceso para privatizar rutas nacionales, las primeras de la gestión de Javier Milei. La fase uno abarca 741 kilómetros de trazado estratégico actualmente gestionado por el Estado, que pasarán a operar empresas privadas y se financiarán exclusivamente con peajes, es decir, sin subsidios.
La Resolución 80/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía adjudicó la concesión para la explotación, administración y mantenimiento de los Tramos Oriental y Conexión que componen la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC).
En el caso del Tramo Oriental, la adjudicataria es Autovía Construcciones y Servicios S.A., que gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. Este tramo atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
El Tramo Conexión quedó en manos de Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. e incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), enlace clave entre Entre Ríos y Santa Fe.
La Etapa I integra más de 700 kilómetros vinculados al corredor del Mercosur, fundamental en el comercio y la integración con Brasil y Uruguay. El corredor conecta cuatro pasos fronterizos y el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, facilitando el acceso a puertos y polos productivos del Gran Rosario, lo que permitirá potenciar exportaciones y el desarrollo logístico.
Según informó Vialidad, “en etapas posteriores, la Red Federal de Concesiones sumará nuevos tramos hasta superar los 9.000 kilómetros. El sistema implementado prescindirá de subsidios públicos, a diferencia del modelo anterior, que se mantenía con aportes estatales y no ofrecía beneficios concretos para los usuarios”.
El Gobierno avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones, que otorga la licencia de rutas nacionales y autopistas a operadores privados. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que pronto lanzarán la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos.
Se trata del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur de 1.325 kilómetros (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas) y el Tramo Pampa de 547 kilometros sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa). “En total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado”, escribió en la red social X.
El Gobierno ofreció financiamiento por hasta 56.000 millones de pesos o el 70% del monto contractual, bajo esquema UVA +2% y con plazos de hasta 6 años para el repago y un año de gracia. El banco presentó un esquema fiduciario de garantía y fondeo para las empresas adjudicatarias, configurando una herramienta crediticia optativa para el ganador.
La primera etapa del RFC había sido la consulta pública por el Corredor 18, por unos 700 kilómetros, que abarca la extensión de la Ruta del Mercosur. La tercera etapa contempla la concesión de otros 4.170 kilómetros divididos en seis tramos. En total, se licitarán 9.342,04 kilómetros distribuidos en dieciséis tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito.
En esta segunda etapa del RFC se buscará que varios tramos que estaban gestionados por Corredores Viales pasen a ser de concesión privada. Es el caso del tramo Acceso Sur en las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Newbery. La compañía estatal es una de las ocho firmas que quedaron sujetas a privatización en la Ley Bases y la intención del Gobierno es cerrarla una vez que sean adjudicados todos los caminos bajo su control.
Según datos oficiales recogidos por Infobae, Corredores Viales contaba con 3.307 empleados al cierre de junio. Esta empresa es una de las tres sujetas a privatización según la Ley Bases, dentro de un total de ocho. Cerró el primer semestre con un superávit financiero de $5.200 millones, lo que implicó que no requiriera transferencias del Tesoro nacional.