El Parlamento ruso dio este martes un paso decisivo para avanzar en una amplia reforma fiscal destinada a reforzar los ingresos del Estado en plena guerra contra Ucrania. La Duma Estatal aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que eleva el impuesto al valor añadido (IVA) del 20% al 22%, un incremento que el Gobierno considera imprescindible para apuntalar unas cuentas públicas tensadas por casi cuatro años de conflicto y un gasto militar sin precedentes desde la caída de la URSS.
La medida, que aún debe ser votada en tercera lectura y posteriormente aprobada por el Consejo de la Federación antes de la firma de Vladímir Putin, supondrá un ingreso adicional estimado de un billón de rublos —unos 12.300 millones de dólares—. En términos prácticos, el aumento del IVA afectará a una amplia parte del consumo interno y se sumará a otras decisiones fiscales que amplían la presión impositiva sobre hogares y empresas.
El proyecto también reduce de forma drástica el umbral de facturación a partir del cual las empresas deben cobrar el IVA: baja de 60 millones de rublos anuales (alrededor de 739.000 dólares) a 10 millones (123.000 dólares). El Gobierno asegura que el objetivo es frenar la práctica de dividir artificialmente las operaciones empresariales para esquivar impuestos, un fenómeno recurrente en la economía rusa. Sin embargo, la medida golpeará a miles de pequeñas y medianas empresas que hasta ahora estaban exentas. Varias asociaciones empresariales han advertido en medios locales que el ajuste podría acelerar cierres, informalidad y despidos.
Las subidas impositivas llegan en un momento de desaceleración económica clara. Tras dos años de crecimiento robusto sustentado en el gasto militar, Rusia registró una contracción al inicio de 2025 y prevé un avance de apenas el 1% para este año, según las estimaciones del propio Gobierno. La economía opera bajo tipos de interés del 16,5%, el nivel más alto en más de una década. El Banco Central se ha visto obligado a mantener una política monetaria agresiva para contener una inflación del 8% alimentada por las compras estatales de armamento, la escasez de mano de obra y las sanciones occidentales.
El Kremlin no se limita al IVA. Entre los cambios más polémicos figura la eliminación de la tasa reducida en la “tarifa de reciclaje” aplicada a los automóviles, una medida que afectará especialmente a los coches importados de gama media y alta, un sector que ha crecido tras la salida de marcas occidentales y la entrada de fabricantes chinos. El Gobierno también estudia incrementos en los gravámenes sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos, vapes y productos tecnológicos como teléfonos móviles y ordenadores portátiles.
Expertos fiscales citados por la agencia Interfax advierten que la combinación de inflación persistente, tipos altos y mayor presión tributaria podría erosionar la capacidad de consumo de los hogares, que ya se encuentran bajo tensión desde 2022. El Gobierno, sin embargo, sostiene que las medidas son necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica y financiar lo que denomina “prioridades estratégicas”.
En paralelo, los legisladores aprobaron el borrador del presupuesto estatal para 2026, que confirma la orientación militar del gasto público. El documento prevé 12,93 billones de rublos (159.000 millones de dólares) en gasto estrictamente militar y 16,84 billones (207.000 millones) si se incluye seguridad interna y fuerzas del orden. La partida de defensa representará alrededor de un tercio del presupuesto nacional, una proporción equivalente a la que Rusia destinaba al sector militar en los años más intensos de la Guerra Fría.
El Ejecutivo ha defendido este nivel de gasto como indispensable para mantener las operaciones en Ucrania y reforzar las capacidades militares ante lo que considera una confrontación prolongada con Occidente. Sin embargo, economistas independientes alertan de que el peso creciente del sector de defensa está desplazando recursos de áreas civiles como educación, sanidad e infraestructura, y que el país corre el riesgo de profundizar en un modelo de economía militarizada de baja productividad.
A falta de la aprobación definitiva, la nueva arquitectura fiscal marca un giro de mayor intervención y recaudación en un contexto de guerra prolongada. El Kremlin parece apostar por una estrategia de resistencia económica de largo aliento, confiando en que la acumulación de reservas estatales, el control férreo del sistema financiero y las nuevas alianzas comerciales con países no occidentales compensen los efectos de las sanciones y la pérdida de inversión extranjera.
El impacto final sobre la población comenzará a sentirse gradualmente, a medida que el aumento del IVA y el resto de impuestos se apliquen de forma escalonada hasta 2028. En un país donde los salarios reales aún no recuperan los niveles previos a la invasión, la pregunta de fondo es cuánto margen tiene la sociedad rusa para absorber una carga fiscal creciente mientras la guerra continúa sin un horizonte claro de resolución.