El Gobierno de Bolivia promulgó este lunes el Decreto Supremo 5600, una norma que deja sin efecto de manera definitiva 161 decretos que permitían las contrataciones directas en el Estado. La norma fue presentada en La Paz por el presidente Rodrigo Paz, durante un acto en el que estuvieron presentes los dos hombres clave del gabinete económico: el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y el de la Presidencia, José Luis Lupo.
“Este decreto es un ataque directo a una ideología de la corrupción y el sistema que sostenía esa ideología”, afirmó el presidente Paz y señaló que el 65% de los decretos anulados eran “libres en la cantidad de recursos que se podían manejar”.
Según explicó el ministro Lupo, el decreto pone fin a un sistema que durante años facilitó la asignación de contratos sin procesos de licitación, competencia ni controles adecuados. Con esta disposición, quedan anuladas todas las normas que habilitaban este tipo de contrataciones como excepciones al sistema regular.
A partir de la puesta en vigencia del decreto 5600, las adquisiciones del Estado deberán llevarse a cabo mediante mecanismos competitivos y transparentes, en línea con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
De acuerdo con el Ejecutivo, durante los casi veinte años en los que gobernó el Movimiento Al Socialismo (2006-2025), el modelo de contratación directa permitió a entidades públicas elegir proveedores únicos sin comparar propuestas ni asegurar precios justos. Aunque este mecanismo fue pensado como algo excepcional, terminó siendo utilizado con frecuencia, afectando la transparencia, la eficiencia y la libre competencia en el manejo de recursos públicos.
“Este decreto tiene tres objetivos centrales: transparentar todas las contrataciones directas, eliminar todos los mecanismos que permitían este direccionamiento (…) y revisar y auditar todo lo que se hizo en el pasado porque tiene que haber responsables”, manifestó el ministro Lupo y afirmó que la norma “es un punto de quiebre en la forma de utilizar los recursos públicos”.
La norma instruye a todos los ministerios a revisar de manera exhaustiva las contrataciones directas realizadas en años anteriores, con el fin de detectar posibles irregularidades o hechos de corrupción. Este proceso deberá ser reglamentado en un plazo de 30 días por los ministerios de la Presidencia y de Economía.
Durante la presentación del decreto, se enlistaron obras y adquisiciones realizadas mediante contratación directa como el Museo de Orinoca, que rinde culto al expresidente Evo Morales en la localidad andina donde nació, y otras obras calificadas como “elefantes blancos”.
El Gobierno destacó que las contrataciones iniciadas antes de la entrada en vigencia del decreto continuarán rigiéndose por la normativa anterior, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los procesos en curso.
Tras el anuncio de este decreto, el ministro Espinoza informó que se dispuso la liberación de compras en el exterior con tarjetas de crédito y débito, que llevaban más de dos años restringidas debido a la supuesta falta de dólares en el sistema bancario. A partir de mañana, según explicó Espinoza, se habilitará el uso de las tarjetas para compras del exterior, pagos y servicios en plataformas digitales y electrónicas.
Las tarjetas de crédito permitirán gastos ilimitados y las de débito un monto mensual de 500 dólares. En ambos casos, no se tomará el tipo de cambio oficial -fijo desde el año 2011 en 6,96 bolivianos- sino el “referencial” establecido por la administración de Paz que oscila entre los ocho y diez bolivianos.
Según el Gobierno, esta disposición beneficiará a más de 2,7 millones de usuarios de tarjetas bancarias.
