La persistencia del riesgo país, hoy por encima de los 770 puntos, y el inicio del receso de verano en los Estados Unidos, que hará bajar la intensidad de la actividad en Wall Street, le cerró la ventana de oportunidad a una de las provincias que exploraban emitir bonos en el mercado internacional, que ahora deberá esperar a las semanas más cercanas a las elecciones legislativas para tentar a los inversores. Ese ingreso demorado de divisas obtura, por esta vía, una de los canales de compra de dólares que ensayó el Gobierno para alimentar al Banco Central.
Se trata de la provincia de Santa Fe, que tiene la aprobación de su parlamento local para buscar hasta USD 1.000 millones en Wall Street con un bono emitido bajo jurisdicción de Nueva York para financiar proyectos de infraestructura. Hace algunas semanas la pionera había sido Córdoba, que pagó algo menos de 10% anual de tasa de interés.
Santa Fe esperaba aún la autorización del Gobierno nacional para realizar la operación, pero según fuentes del Ejecutivo provincial, los tiempos no fueron los indicados para concretar la emisión del bono con el timing planeado -a mediados de este mes- por lo que tendrá que esperar otra ventana de oportunidad desde agosto o septiembre.
En Santa Fe consideraron la posibilidad de negociar una tasa de interés inferior a la que obtuvo Córdoba para colocar sus bonos por USD 725 millones. El instrumento cordobés, emitido bajo legislación del Estado de Nueva York, paga un interés del 9,75% anual, vence en 2032 y contempla una amortización escalonada en tres pagos anuales, a partir del quinto año y hasta el séptimo. “Hoy está muy fino (el riesgo país) para emitir por abajo de los dos dígitos, parece difícil”, aseguró una fuente con conocimiento de las negociaciones que se desarrollaron este mes en los EE.UU. Entre los posibles candidatos a seguir el mismo camino figuran la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén, según trascendió en los mercados internacionales.
La compra de dólares por parte del Ministerio de Economía -el BCRA solo podría hacerlo si el dólar toca el piso de la banda de flotación- asomó como la alternativa a la que echó mano el equipo económico para sumar reservas y cerrar la brecha respecto al umbral mínimo de acopio de divisas al que se había comprometido con el FMI.
Estimaciones de consultoras en el mercado mencionan compras del Tesoro por cerca más de USD 1.000 millones en lo que va de julio. La semana pasada, de acuerdo a los datos más actualizados del Banco Central, el Tesoro sumó otros USD 45 millones. De manera más amplia, al sumar las liquidaciones del bono Bonte que se suscribió directamente en dólares y que fueron a la cuenta del Ministerio de Economía, la cifra asciende a USD 2.500 millones.
El equipo económico decidió imprimirle mayor velocidad a la acumulación de reservas pasados los primeros dos meses de desarrollo del esquema cambiario de flotación entre bandas y en el que priorizó mantener bajo control a la inflación luego del reajuste en el régimen del dólar. En aquellas semanas desde el Palacio de Hacienda reiteraban que no era “necesario” acumular divisas.
La llegada de la primera revisión de metas entre el staff técnico del FMI y el Gobierno pareció funcionar como punto de quiebre y el equipo económico viró la nave hacia una acumulación de dólares más rápida, aún con el Banco Central fuera del mercado, y con las intervenciones reservadas solo para el piso de la banda de flotación.
Respecto al uso de divisas en los próximos meses, el Banco Central deberá desprenderse de unos USD 1.740 millones de sus reservas hasta las elecciones legislativas para cubrir compromisos en moneda extranjera correspondientes a empresas con obligaciones negociables y a provincias que enfrenten vencimientos de capital e intereses de sus bonos.
De acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI) y Aurum Valores, los pagos en dólares por parte del sector corporativo y los gobiernos subnacionales ascenderán a USD 1.740 millones hasta octubre. Dentro de ese total, se prevé que septiembre será el mes más exigente para las provincias, con vencimientos por más de USD 500 millones, de los cuales la mayor parte (USD 375 millones) corresponde a la provincia de Buenos Aires.
Otras jurisdicciones también afrontarán compromisos, aunque por montos menores. Entre ellas figuran Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro, que entre todas deberán pagar algo más de USD 780 millones hasta octubre. En el caso de las empresas con obligaciones negociables en dólares, los desembolsos más significativos están previstos para agosto y octubre, en ambos casos por encima de los USD 260 millones. Después de los comicios, esos pagos se intensificarán hasta alcanzar los USD 400 millones mensuales hacia fin de año. Todos estos vencimientos coincidirán con un trimestre de menor oferta de divisas por parte del sector privado y con las tradicionales tensiones cambiarias que suelen caracterizar a los años electorales.