En medio de un creciente cerco internacional contra las redes de narcotráfico vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, República Dominicana designó al Cartel de los Soles como organización terrorista, sumándose así al bloque de países latinoamericanos que han endurecido su postura frente a un grupo señalado por Estados Unidos y varias capitales de la región como una estructura criminal con alcance transnacional.
El decreto instruye a los organismos de inteligencia y seguridad nacionales a implementar las medidas pertinentes para evitar incursiones del grupo. Señala que el objetivo se alinea con la Constitución dominicana, que prioriza el combate contra actividades criminales transnacionales que puedan afectar la paz, estabilidad y seguridad regional y nacional.
Además, se ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores notificar a organismos internacionales y aliados estratégicos sobre esta designación, y coordinar acciones multilaterales bajo el paraguas del derecho internacional, incluyendo sanciones y cooperación relevante.
La medida sitúa a República Dominicana en la lista de países que han reconocido formalmente al Cartel de los Soles como una amenaza terrorista. En los últimos meses, Estados Unidos, Paraguay, Ecuador y Argentina han emitido resoluciones similares. Washington incluyó en julio al grupo en la categoría de Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés), alegando que funcionaba como estructura de protección y logística del narcotráfico venezolano. Buenos Aires y Asunción siguieron el mismo camino poco después, y Quito se sumó en agosto.
El Cartel de los Soles, según informes del Departamento del Tesoro de EEUU, está compuesto por altos mandos militares venezolanos que han facilitado la salida de cargamentos de cocaína hacia el Caribe y Centroamérica. Su existencia ha sido negada sistemáticamente por el régimen de Nicolás Maduro, pero múltiples investigaciones judiciales en EEUU y América Latina lo señalan como un engranaje clave en la economía ilícita de Caracas.
El anuncio dominicano también coincide con un endurecimiento de la estrategia estadounidense en el Caribe. En las últimas semanas, la Casa Blanca desplegó tres buques de guerra y cerca de 4.500 soldados en la región, en lo que el Pentágono describió como operaciones para “interrumpir rutas de narcotráfico” vinculadas a Venezuela. Este martes, Washington confirmó un ataque contra un barco cargado de drogas que había zarpado de costas venezolanas, reforzando la presión militar y diplomática contra el régimen chavista.
La administración de Joe Biden había mantenido hasta ahora un enfoque más reservado respecto a Caracas, pero el regreso de Donald Trump a la primera línea política estadounidense ha devuelto la retórica dura sobre el Caribe. Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han señalado directamente a Maduro como jefe de una estructura criminal transnacional, y pidieron a sus aliados regionales tomar medidas similares.
Para República Dominicana, país que históricamente ha servido como punto de tránsito en las rutas del narcotráfico, el decreto representa un mensaje hacia dos direcciones: hacia adentro, con la promesa de reforzar el control fronterizo y de inteligencia; y hacia afuera, mostrando alineamiento con sus socios hemisféricos frente a la amenaza que representa el Cartel de los Soles.
La designación, además, tiene un componente diplomático. Santo Domingo busca garantizar que la cooperación internacional incluya sanciones financieras y operativas contra la red venezolana. El comunicado oficial ordena explícitamente al Ministerio de Relaciones Exteriores llevar el tema a instancias multilaterales, lo que anticipa un esfuerzo para trasladar la presión sobre Caracas a foros internacionales.
El régimen de Maduro, cada vez más aislado, enfrenta así un nuevo frente en el Caribe. La designación dominicana amplía el alcance de un consenso que ya no se limita a Washington, sino que se expande a gobiernos latinoamericanos que hasta hace poco evitaban confrontaciones directas con Caracas.
La decisión de Santo Domingo deja entrever un cambio en la dinámica regional: el narcotráfico ya no se percibe solo como un problema de seguridad interna, sino como un desafío político de alto nivel vinculado a la supervivencia del chavismo. En ese tablero, República Dominicana acaba de mover ficha con fuerza.