Las condiciones de inversión en las 10 provincias que integran el “norte grande” de la Argentina combinan recursos naturales de calidad con desigualdades estructurales que pueden impactar en los proyectos productivos. La conclusión surge del Índice de Inversor Verde, una iniciativa desarrollada por investigadores de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) que analiza y rankea el desempeño de esos 10 distritos para transformarse en receptores de proyectos inversiones sostenibles.
Para su elaboración, el ranking tuvo en cuenta 35 indicadores evaluados en base a tres dimensiones que definen el clima de negocios provincial y regional: Facilidad, Seguridad y Sostenibilidad. Cada una sintetiza factores institucionales, productivos y ambientales que determinan la capacidad de las jurisdicciones para captar el interés de los inversores.
Según el informe, Formosa y Santiago del Estero ocupan los últimos puestos, ya que ambas provincias exhiben fortalezas en seguridad institucional, pero muestran rezagos importantes en facilidad e indicadores de sostenibilidad. Por encima se ubica Chaco, que si bien presenta niveles medio-altos en facilidad y seguridad, enfrenta debilidades serias en sostenibilidad.
En la mitad del ranking se encuentra Salta, que alcanza un desempeño alto en sostenibilidad, pero su facilidad media y una seguridad medio-baja restringen sus condiciones generales, y Misiones, que obtiene buenos resultados en facilidad, aunque la baja seguridad y sostenibilidad afectan su competitividad.
La quinta posición corresponde a Tucumán, que comparte similitudes con Corrientes, al registrar un puntaje medio-alto en facilidad y elevado en seguridad, con una sostenibilidad en valores medios. Un escalón arriba aparece Catamarca, sostenida por sus recursos estratégicos y capacidad económica, aunque presenta una marcada fragilidad en seguridad.
En el podio, Jujuy destaca por su potencial verde y un mejor desempeño social en sostenibilidad. Corrientes, en tanto, sobresale por sus puntajes altos en facilidad y seguridad, lo que le proporciona previsibilidad institucional y operativa, aunque su sostenibilidad se mantiene en un punto intermedio.
Encabezando la clasificación se encuentra La Rioja, que, al integrar de manera equilibrada y consistente las dimensiones de facilidad, seguridad y sostenibilidad, logra la mejor posición general, constituyéndose en la jurisdicción con mayor margen para consolidar un entorno de inversión integrado.
Al mismo tiempo, al margen del desempeño de cada provincia, el informe destaca que el “norte grande” exhibe desigualdades evidentes: bajos niveles de productividad y empleo formal, restricciones fiscales y déficits persistentes de infraestructura y servicios básicos. Pero también “dispone de un acervo estratégico para la transición verde —minerales críticos, alta radiación solar, biomasa y biodiversidad— y de una base agroproductiva, forestal, turística y cultural de alto valor».
“Estos activos, sumados a sectores emergentes de bioeconomía e industria del conocimiento, configuran un potencial claro de diversificación y desarrollo sostenible cuyo aprovechamiento exige cerrar brechas de infraestructura y fortalecer capacidades institucionales y productivas”, agregó el informe.
“En un contexto global de transición energética, la creciente demanda de minerales críticos, energías renovables y cadenas de valor más cortas abre una ventana concreta para la región. Orientar la inversión hacia energías limpias, restauración ambiental, agricultura climáticamente inteligente y turismo sostenible de base natural y cultural permitiría convertir esa dotación en motores de desarrollo humano”, concluyó.
Ingresos Brutos
El informe elaborado por la Unsam también incluye un Índice de Competitividad Fiscal Verde, que estima el nivel de incentivo impositivo de cada provincia para 6 diferentes actividades económicas, medido a través de las alícuotas de Ingresos Brutos aplicables a las pymes.
Conclusiones
Las principales conclusiones del primer Índice del Inversor Verde incluidas en el informe son:
- El potencial verde no garantiza desarrollo. La dotación de recursos naturales —litio, radiación solar, biomasa o biodiversidad— no se traduce automáticamente en bienestar. Sin una gestión ambiental sólida, planificación climática y acuerdos sociales amplios, los proyectos pueden reproducir desigualdades y tensiones territoriales. La evidencia muestra que los territorios con mejor gobernanza ambiental y menor conflictividad logran resultados más sostenibles.
- La sostenibilidad social es el pilar más rezagado. Incluso las provincias mejor posicionadas enfrentan déficits significativos en pobreza, vivienda, agua y saneamiento. Las brechas sociales limitan la capacidad para sostener inversiones verdes y amplían la vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos. Mejorar las condiciones de vida de la población, con especial atención a las comunidades originarias, y promover una mayor participación laboral de las mujeres son pasos esenciales para construir una verdadera licencia social que sustente la transición verde.
- La institucionalidad marca la diferencia. Las provincias con mejores resultados combinan planificación de largo plazo, marcos regulatorios estables y burocracias con continuidad. Donde prevalece la fragmentación administrativa o la alta rotación de funcionarios, la previsibilidad se debilita y la atracción de inversiones pierde consistencia.
- Fortalecer las capacidades locales impulsa la inversión. El desarrollo sostenible del Norte Grande no depende solo de la llegada de capitales externos. La evidencia muestra que las provincias con entramados productivos más densos, mejor capital humano y políticas fiscales favorables atraen más proyectos y consolidan un ecosistema de inversión endógeno. Fortalecer a las pymes, promover encadenamientos regionales y mejorar la infraestructura son condiciones esenciales para ampliar la inversión local.
- Búsqueda activa de inversiones con encadenamientos locales. Además de promover un clima de negocios favorable, se requiere impulsar la búsqueda activa de inversiones sostenibles alineadas con estrategias de encadenamientos locales, orientadas a fortalecer la integración productiva, generar empleo de calidad y promover la transferencia de capacidades en los territorios.
- Coordinación multinivel y articulación público-privada es condición necesaria. La dispersión de políticas y la débil articulación público- privada limitan las inversiones. Se requiere gobernanza multinivel con enfoque colaborativo, experimental y adaptativo: mesas de diálogo institucional, coordinación de instrumentos (financiamiento, capacitación, normas, infraestructura), objetivos e indicadores compartidos y monitoreo continuo. Los gobiernos deben habilitar marcos legales para alianzas estratégicas y articulación público-privada en infraestructura verde. La participación empresarial es clave para movilizar recursos, innovar y escalar proyectos sostenibles.
- Hacia una convergencia verde regional. El desarrollo sostenible del Norte Grande requiere una estrategia coordinada entre provincias que articule sus distintas fortalezas. Ninguna jurisdicción lidera en todas las dimensiones, pero la complementariedad entre capacidades económicas, estabilidad institucional y potencial ambiental ofrece la base para una integración regional que reduzca brechas y potencie el atractivo colectivo de la región frente a la triple transición verde, digital y social.
- La transición verde es la principal oportunidad de transformación del Norte Grande. La región concentra activos estratégicos para la nueva economía verde —minerales críticos, radiación solar, bosques nativos y tierras productivas— y, al mismo tiempo, los mayores rezagos en infraestructura y empleo. Aprovechar esta dualidad exige políticas de inversión que integren sostenibilidad, innovación y cohesión social como motores de un desarrollo regional inclusivo.