La Universidad de Harvard desplegó una estrategia legal contundente contra Donald Trump tras la abrupta suspensión de miles de millones de dólares en fondos federales para investigación. Mientras el caso gira en torno a acusaciones de antisemitismo en el campus, el núcleo de la disputa podría resolverse bajo una norma poco conocida pero fundamental: la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) de 1946.
Qué es la Ley de Procedimiento Administrativo: un freno histórico de Harvard al poder ejecutivo
La Ley de Procedimiento Administrativo, creada para evitar decisiones arbitrarias de las agencias federales, exige que cualquier acción gubernamental esté justificada, sea transparente y respete los derechos de las partes afectadas.
En su demanda, Harvard alega que la administración Trump ignoró estos principios al congelar los fondos sin aviso previo ni oportunidad de defensa, un movimiento que, según la universidad, viola el marco legal establecido hace casi 80 años.
La Ley de Procedimiento Administrativo surgió en un contexto de expansión del gobierno federal tras la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo fue establecer reglas claras para evitar abusos de autoridad y garantizar que las decisiones de las agencias estuvieran basadas en evidencia y razonamiento, no en caprichos políticos.
Los principales pilares de la APA son:
- Transparencia: las agencias deben publicar sus normas, procedimientos y decisiones en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno.
- Derecho a ser escuchado: en procesos que afecten derechos o intereses, las partes están habilitados a presentar pruebas y argumentos antes de una decisión final.
- Prohibición de acciones arbitrarias: los tribunales pueden anular cualquier medida gubernamental que sea “arbitraria, caprichosa, un abuso de discreción o que, de otro modo, no se ajuste a la ley”.
Como señaló David A. Super, profesor de derecho en Georgetown, en diálogo con CNN, “el propósito de la APA no es imponer una agenda política, sino asegurar que el poder ejecutivo actúe dentro de la ley”.
Los detalles del conflicto entre Harvard y el gobierno de Trump
El gobierno de Trump anunció recientemente la suspensión de 2200 millones de dólares destinados a investigaciones médicas y científicas en Harvard. La medida llegó horas después de que la universidad rechazara firmar una carta para comprometerse a imponer cambios en sus políticas contra la discriminación.
Entre los argumentos que esgrimió Harvard se encuentran:
- Violación del debido proceso: la APA exige que las sanciones vengan precedidas de una notificación y chance de rectificación. Harvard asegura que el gobierno omitió este paso.
- Falta de conexión lógica: congelar fondos de investigación para presionar por medidas contra el antisemitismo no guarda relación con el objetivo de esos recursos, según la demanda.
- Daño irreparable: la universidad advierte que proyectos críticos, desde estudios sobre cáncer hasta avances en energía limpia, podrían truncarse sin esos fondos.
El precedente judicial y la APA: ¿una batalla en la Corte Suprema?
La APA fue invocada en más de 160 demandas contra la administración Trump, desde casos de deportación de estudiantes extranjeros hasta recortes a programas sociales. Sin embargo, su aplicación no siempre favorece a los demandantes.
A principios de este mes, la Corte Suprema permitió al gobierno, con un fallo de cinco a cuatro, retener 600 millones de dólares en subsidios para capacitación docente, al argumentar que los tribunales inferiores no tenían autoridad para obligar al pazo bajo la APA. Aunque el caso difiere del de Harvard, muestra la división ideológica en el máximo tribunal.
Harvard contra Trump: el mensaje político detrás del litigio
Más allá del marco legal, el enfrentamiento refleja una puja por el control de la educación superior. Mientras el gobierno insiste en que “Harvard se colocó en esta posición al violar la ley”, según dijo la portavoz Karoline Leavitt, la universidad y grupos académicos denuncian coerción.
Ted Mitchell, presidente del Consejo Americano de Educación, consideró que “Harvard tomó una decisión valiente” y que “este tipo de intromisión federal es inaceptable”.