El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una ley que elimina la obligación de declarar ingresos y patrimonio para amplios sectores del funcionariado, una medida que profundiza la opacidad en la estructura del Estado ruso y debilita aún más los mecanismos formales de control anticorrupción.
La norma modifica varias leyes vinculadas a la lucha contra la corrupción y al control patrimonial de los cargos públicos. A partir de ahora, una parte significativa de los empleados del Estado dejará de presentar de forma periódica declaraciones de ingresos, gastos y bienes, una exigencia que hasta ahora era anual y alcanzaba también a los cónyuges e hijos de los funcionarios.
Según el nuevo marco legal, las autoridades supervisoras solo podrán requerir esa información de manera excepcional, por ejemplo, cuando un funcionario sea transferido de una agencia a otra, cuando se detecten transacciones que superen el equivalente a tres años de ingresos declarados, u otros supuestos que no quedan claramente definidos en la ley.
La medida excluye a sectores como el profesorado, pero abarca a áreas clave del aparato estatal, entre ellas las fuerzas de seguridad, el poder judicial, altos cargos ministeriales y funcionarios del Gobierno. Se trata de ámbitos que concentran poder político, judicial y coercitivo, y que históricamente han sido señalados por prácticas opacas en el manejo de recursos.
Hasta ahora, todos los servidores públicos estaban obligados a presentar antes del 1 de abril de cada año una declaración detallada de ingresos y gastos, una práctica introducida formalmente como parte de los compromisos anticorrupción asumidos por el Kremlin en la década pasada, aunque ya entonces con escasa fiscalización independiente.
El retroceso en transparencia no es nuevo. En diciembre de 2022, tras el inicio de la invasión a Ucrania, Putin firmó un decreto que prohibió la publicación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios en portales oficiales y en los medios de comunicación, alegando motivos de seguridad. Desde entonces, esa información dejó de ser accesible incluso de forma parcial para la sociedad civil.
Opositores y organizaciones críticas del Kremlin sostienen que la nueva ley consolida un sistema de opacidad financiera diseñado para blindar a las élites políticas y de seguridad frente a cualquier escrutinio público. Denuncian además que la eliminación de controles coincide con un endurecimiento de la represión política y la concentración de poder en torno al Ejecutivo.
En paralelo, las autoridades rusas han llevado ante los tribunales a cientos de funcionarios acusados de corrupción desde 2022, en un contexto marcado por el impacto económico de la guerra y las sanciones occidentales. El Kremlin presenta estos procesos como prueba de su compromiso con la legalidad y la disciplina interna.
Sin embargo, analistas y expertos en Rusia señalan que estos casos suelen responder más a disputas internas entre facciones de la élite que a una política sistemática de limpieza institucional. Según estas fuentes, los funcionarios que reemplazan a los destituidos reproducen las mismas prácticas, sin que se alteren las estructuras de fondo que permiten la corrupción.
La eliminación de la obligación de declarar ingresos refuerza esa percepción: mientras el Estado mantiene una retórica de control y castigo selectivo, reduce al mismo tiempo los mecanismos formales de transparencia, consolidando un modelo de poder cada vez más cerrado y menos sometido a controles públicos.