“Si estamos acá todos juntos es porque estamos preocupados”, reflexionó a viva voz Gerardo Zamora, que suele ser el caudillo más vehemente. El piso 21 de las nuevas oficinas del Consejo Federal de Inversiones ofrece una panorámica privilegiada de la ciudad, una postal aérea de Puerto Madero y una vista despejada del Río de la Plata que obsequian momentos de sosiego en tiempos de mantas cortas. Las autoridades del CFI no tienen ningún apuro por volver al viejo edificio de la calle San Martín, que debe ser remodelado con premura.
Es tiempo de urgencias. La nueva sede del CFI sobre la calle Azopardo, ocupada hace solo dos meses, coincidió con la inauguración de una nueva época en materia de reclamo por parte de los gobernadores: es la primera vez en mucho tiempo, y una novedad en este ciclo conducido por Javier Milei, que las 24 jurisdicciones, sin distinción partidaria, se unieron para pedirle al gobierno que atienda, de manera perentoria, las finanzas provinciales, castigadas por la baja de los recursos coparticipables.
Zamora, el gobernador de Santiago del Estero que tiene ambiciones presidenciales y nunca muestra todas sus cartas, tomó la voz cantante: fue el portavoz principal de los jefes provinciales que el lunes se congregaron en el piso 21 del edificio del CFI para advertirles a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y Lisandro Catalán, mano derecha del jefe de Gabinete, que la paciencia empezaba a agotarse. “Todos estamos peor que antes”, resumió un gobernador de la zona centro.
Semanas atrás habían resuelto, en esas mismas oficinas, solicitarle una audiencia al Ejecutivo que se efectivizó a los pocos días: Guillermo Francos recibió a una comitiva reducida encabezada por el radical Alfredo Cornejo, el representante de las provincias en el Consejo de Mayo, una mesa de trabajo que se materializó un año después de su creación y de la que nadie espera nada: todos saben que se trata solo de una puesta en escena. En esa cumbre, los gobernadores empezaron a machacar con el listado de reclamos con el que el pasado lunes volvieron a insistirle al Gobierno: una distribución más directa y generosa del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y un reparto equitativo, a través del coeficiente de coparticipación federal, de los Aportes del Tesoro Nacional que el Ejecutivo asigna de forma discrecional, como sus antecesores, aunque en un monto significativamente menor. Al mes pasado, el acumulado de ATN ascendía a un aproximado de 1 billón de pesos.
Sin respuestas contundentes, los 24 gobernadores -incluido el jefe de gobierno, Jorge Macri, que no tiene representante en el CFI- firmaron en la semana un inédito proyecto de ley para eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles -“Para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”-, para aumentar el porcentaje de distribución para las provincias, y para repartir los ATN de manera directa, de acuerdo al porcentaje de los ingresos coparticipables de cada distrito.
En el CFI, ni Catalán ni Guberman pudieron dar una respuesta concreta: solo se comprometieron, una vez más, a estudiar el pedido, y a avanzar en el traspaso de las obras, la reparación y el mantenimiento de las rutas, un rubro que inquieta en exceso a los jefes provinciales. Hay rutas colapsadas, incluso algunas estratégicas, como la 22, que conecta la zona de Vaca Muerta. “Hay tramos intransitables”, resaltó una fuente. El desastre se replica en todo el país.
En los últimos meses, el grupo de WhatsApp que agrupa a los 23 gobernadores y al jefe de gobierno porteño estuvo más activo que antes. Más aún en las últimas semanas. Zamora, de origen radical, pero clave en el peronismo -fue uno de los que más empujó el pliego fallido del juez Ariel Lijo– fue el más estruendoso en el último encuentro en el CFI, liderado por Ignacio Lamothe, pero el reclamo es compartido por sus colegas. Axel Kicillof es de los más urgidos, pero en la última reunión apenas se limitó a escuchar, tal vez porque esté más preocupado por la interna política en territorio bonaerense.
La preocupación es compartida. “Todos estamos peor. Algunos no podemos pagar los sueldos, y otros ven como se le van los ahorros”, graficó un jefe provincial que en estos días hacía malabares para el pago del medio aguinaldo. Rogelio Frigerio, por ejemplo, de los más activos, que conoce de finanzas y que tiene experiencia en la negociación política -fue ministro del Interior durante los cuatro años de Cambiemos-, tuvo que tomar en estos días una medida drástica: congeló todos los sueldos de la administración pública.
“Hay distintos niveles de urgencias, pero la preocupación es homogénea”, planteó un jefe provincial.
Hay situaciones muy acuciantes: gobernadores que, incluso, apenas llegan a cubrir el gasto corriente con viento a favor. La crisis tiene su propio correlato en los municipios, en todo el país. Hay un listado de provincias que arrastran endeudamiento en dólares, habilitadas en su momento por la gestión de Mauricio Macri. El riesgo país, por encima de los 700 puntos, funciona como un ancla para salir a los mercados. El jueves, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, logró colocar sin embargo 725 millones de dólares en bonos en el mercado internacional para avanzar con un plan de obras, pero a una tasa elevada, de casi el 10%.
Los gobernadores buscan alternativas frente al recorte brutal de los recursos y la parálisis de la obra pública, que empieza a alterar los ánimos en el interior del país. Los más veteranos comienzan a percibir que el humor social se enrarece: se evidenció en la caída en la participación electoral que registraron las recientes elecciones provinciales. Es una señal para estar alerta, dicen.
Es que, en paralelo al ajuste feroz de las cuentas fiscales ejecutado por el Gobierno, las provincias sufrieron un marcado recorte en sus ingresos por la caída en la coparticipación, producto de la caída en la recaudación. Los ingresos coparticipables siguen por debajo del 2023, y la proyección 2025 no es nada buena. Los registros de mayo del 2025 fueron significativamente malos: fue el peor desde mayo del 2020. Según las proyecciones, hacia final de año las provincias y la Ciudad recibirían casi $7,4 billones menos que el 2023.
En ese contexto, un grupo de gobernadores -casi una docena- volvió a comunicarse de manera virtual en la noche del viernes. Hace meses que hay un espacio de comunicación mucho más fluido que involucra a Zamora, Frigerio, Cornejo, Ignacio Torres -a quien le reconocen una audacia muy pragmática y una ilimitada ambición- y Sergio Ziliotto. La reunión incluyó a senadores del PRO y el radicalismo, y a José Mayans, el jefe del bloque de UP cuyo único jefe es Gildo Insfrán.
Existían, hasta estas horas, dos posturas. Divididas entre los que propician agotar todas las instancias de negociación con la Casa Rosada, y aquellos que quieren escalar el nivel de tensión, e ingresar directamente en el Senado el proyecto de distribución automática de los ATN y el reparto del impuesto a los combustibles antes de esperar una nueva respuesta por parte del Ejecutivo.
El proyecto con las modificaciones -eleva, por ejemplo, al 58,36% la asignación de la recaudación por el impuesto a los combustibles a las provincias- se terminaba de escribir en estas horas. El resumen con las firmas de los 24 mandatarios que hicieron trascender durante la semana no incluyó los fundamentos por presión de un grupo. En la cumbre del CFI no estuvo, por caso, Gustavo Valdés, de Corrientes, que este lunes anunciaría un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones provinciales del 31 de agosto. Pero a pesar de la ausencia, sí firmó el texto.
¿Alianza transitoria? El vínculo entre los gobernadores y la Casa Rosada atraviesa tal vez uno de sus peores momentos, pero en despachos oficiales, y en el Parlamento, es aún una incógnita hasta dónde los mandatarios estarían dispuestos a ejecutar una mayor presión sobre el Ejecutivo en el Congreso si hasta ahora el Gobierno no le dio ninguna concesión a las provincias y los mandatarios optaron por un prudente silencio público, y un acompañamiento generalizado en el Parlamento.
“La estrategia de patalear públicamente no es buena: es mejor arrinconarlo al Gobierno con hechos contundentes”, explicó un gobernador que tiene buen diálogo con la Casa Rosada.
Entre ellos reconocen que existe un costo, alto, de enfrentarse al Gobierno, pero la crisis financiera los obliga a analizar todo tipo de estrategias. Hay un sector que, de todos modos, entiende que no es momento de poner en riesgo la homogeneidad de los reclamos que cosecharon un respaldo inédito, y dieron curso a una alianza transitoria cuyo futuro es incierto. “Hay que evitar romper la unidad de los 24″, planteó un operador provincial.
El Gobierno lo disimula casi a la perfección, pero entre sus funcionarios más racionales circula cierta intranquilidad frente a la amenaza de no colaborar con el veto al reajuste de las jubilaciones, si es que ese proyecto impulsado por la oposición parlamentaria obtiene luz verde en el Congreso.
En la última sesión, legisladores de distritos transitoriamente aliados como Catamarca, Tucumán o Córdoba le dieron la espalda a Milei. Fueron clave, por ejemplo, para la sanción de la ley de bases y el paquete fiscal, para sostener el DNU 70 y para acompañar los vetos a las jubilaciones y al financiamiento universitario que el gobierno festejó, en Olivos, con una cena para sus “héroes” parlamentarios. Hay muchos con ganas de convertirse en villanos.
La reunión del lunes del CFI estuvo a punto de entrar en zona de tensión: los enviados del gobierno, acorralados por los gobernadores, hicieron malabares para encontrar argumentos convincentes para explicar por qué no avanzaban con mayor rapidez en la eliminación de los fondos fiduciarios al impuesto a los combustibles, más aún cuando la propuesta de las provincias no implica ninguna afectación a la política de déficit cero. “No contestan nada porque no saben qué contestar. Recaudan plata para obras, como las rutas, pero no las hacen. Y sí usan esa plata para otras cosas no lo pueden admitir porque estarían violando una ley”, razonó un jefe provincial.
Para colmo, después del encuentro, el propio Javier Milei buscó confrontar cuando publicitó, en una cena con empresarios de recaudación de fondos, que las provincias habían consolidado una mayor presión fiscal que la Nación en relación al PBI. Los propios gobernadores se encargaron de desmentirlo con un informe publicado por ARCA, que reconoce que la presión tributaria nacional aumentó un 0,2% entre el 2023 y el 2024 y, por el contrario, la de las provincias descendió un 0,3%.
Por ahora, son discusiones que se dirimen entre lo público y lo privado. Cuyo desenlace entra en etapa de definiciones.