El jueves 20 de noviembre, el Juzgado Federal de Río Grande dictó sentencia en el caso de Denise Torres García, la enfermera de 30 años que murió al estrellarse el avión sanitario en el que viajaba tras trasladar a un bebé. En el siniestro, ocurrido el 1° de julio de 2022 en Río Grande, también fallecieron los otros tres tripulantes: dos pilotos y un médico.
La aeronave había arribado a Tierra del Fuego desde Comodoro Rivadavia y presentó dificultades al iniciar el despegue de regreso. Según las pericias, una falla básica —la ausencia de un clip de bloqueo en los controles de la cabina— fue determinante en la explosión que se produjo al momento del despegue.
“No fue un accidente, porque pudo haberse evitado”, dijo Mónica Ferrara, madre de Denise, en diálogo con Infobae. La mujer contó que se enteró del fallecimiento de su hija por el llamado de una amiga, quien, al ver la noticia en televisión, la contactó alarmada para saber si Denise viajaba en esa aeronave.
Luego de tres años de trámite judicial, la Justicia resolvió el procesamiento —sin prisión preventiva— de seis personas por su presunta responsabilidad en el delito de desastre aéreo culposo agravado, que derivó en la muerte de los cuatro ocupantes. “Si bien esto significa un paso más en la causa, debo confesarte que este camino se torna cada vez más pesado. Todos nos dicen que avanza rápido, pero para nosotros el tiempo se detuvo y con él nuestra vida. Cuesta muchísimo existir y seguir adelante sin la presencia de Denise”, dijo a corazón abierto Mónica, con un sentimiento aún distante de la idea de justicia.
La angustia de la familia se profundiza porque aún no hay fecha de juicio. “Si la Cámara de Apelaciones confirma el auto de procesamiento, en algún momento habrá fecha. Pero nosotros —su familia, sus amigos, que ahora también n son nuestros— esperamos que la Justicia sea alguna vez justa en este país. Necesitamos confiar y que haya un castigo ejemplificador, para seguir cargando sólo con el dolor y no con esta carga”, señala la madre, marcada por cicatrices y secuelas que arrastra desde la pérdida de Denise.
Ferrara explica que el trauma no terminó con la tragedia. “Eso quedará para siempre en nuestras vidas, porque además de lo que nos pasó, nos siguen pasando cosas que suman más dolor al dolor”, afirma. Entre esas heridas abiertas, menciona la actitud del hombre que contrataba a Denise para los vuelos sanitarios. Según relata, jamás se solidarizó con la familia y hoy incluso niega haberla contratado para el último vuelo, pese a que —asegura— existen pruebas que lo contradicen.
“Estamos con otra abogada luchando para que abone los últimos vuelos que mi hija realizó para él y que no llegó a facturar porque ese 1° de julio de 2022, día en que iba a emitir su factura, ‘se murió’”, remarca con evidente bronca. La mujer dice no comprender el destrato. “No responden los llamados, los mensajes, nada. Es un destrato jamás visto en nuestras vidas. Esas conductas suman más dolor al dolor que cargamos”, sostiene.
Pese a todo, la familia insiste en su reclamo. “Vamos a seguir en nuestra lucha por justicia para Denise y para que este personaje siniestro pague lo que le debe por el trabajo que ella realizó. Sé que mi hija jamás hubiera querido que él se quedara con el dinero de su esfuerzo, y yo voy a defenderlo”, concluye.
La aeronave estalló durante el despegue y murieron Denise, un médico, el piloto y el copiloto. Las pericias señalaron que la ausencia de un clip de bloqueo en los controles fue determinante en la tragedia
El caso
Además de su labor como enfermera pediátrica en el Sanatorio Finochietto, Denise era una militante comprometida con las causas sociales. Su muerte significó un golpe profundo para quienes la conocían y compartieron parte de su vida. “Fue una defensora tenaz de la profesionalización de la carrera, siempre luchando contra las injusticias hacia la Enfermería. Apasionada con sus amigos, una luchadora que apostaba a un cambio social en favor de los trabajadores y los más débiles”, recordaron sus compañeros del Partido Obrero.
Pero Denise no era solo una profesional dedicada: vivía con intensidad su vocación y su compromiso comunitario. “Jugaba al hockey, al fútbol, cantaba, daba clases a los chicos del Barrio Mujica, tocaba piano y guitarra… y estudiaba mucho”, relata su madre, como si aún repasara la energía inagotable de su hija. Tras la muerte de su novio en un accidente vehicular, cuando apenas tenía 19 años, decidió reconstruirse enfocándose en la Licenciatura en Enfermería. Ese camino la acercó aún más a los pacientes y sus familias. “Su empatía era tal que, al volver a casa, muchas veces la encontraba con los ojos llorosos por la situación de los niños que cuidaba, víctimas de enfermedades graves”, agrega.
Su madre recuerda también el sueño que guiaba cada uno de sus días: ingresar al Hospital Garrahan. Se estaba preparando con entusiasmo para lograrlo. “Tenía toda la vida por delante”, lamenta.
Ese futuro se truncó el 1° de julio de 2022, cuando un Learjet 35A de la empresa Flying America, contratado por ADER/MD FLY Servicios Aéreos, se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel, en Río Grande. El vuelo acababa de completar el traslado de un bebé junto a sus padres. Además de Denise, murieron el médico pediatra Diego Ciolfi, el comandante Claudio Canelo y el copiloto Héctor Vittore. Testigos aseguraron haber escuchado una explosión y visto una columna de humo elevarse hacia el cielo.
Las pericias de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) confirmaron fallas graves en el mantenimiento de la aeronave: entre 2016 y 2020 no se reinstaló un clip de bloqueo clave para los comandos de cabina, retirado durante tareas de mantenimiento. Con el uso, los mandos se soltaron y los pilotos perdieron el control. Ante esa conclusión, el organismo recomendó al fabricante modificar el manual de operación del Learjet 35A.
La causa fue radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, con intervención del fiscal Marcelo Rappaport. Mientras la investigación avanzaba, la familia de Denise sintió que quedaba a la deriva. “Como familiares, nos sentimos desamparados. Es muy desgastante y, mientras tanto, los responsables siguen como si nada. Hay mucha impunidad”, denunció Ferrara, todavía atravesada por el dolor.
Aunque este fallo no implica todavía una condena firme, constituye un paso significativo: reconoce el daño, permite la profundización de la investigación judicial y abre la puerta a una eventual reparación civil y penal
La sentencia
El Juzgado Federal de Río Grande dictó el procesamiento sin prisión preventiva de seis personas por su presunta responsabilidad en el accidente del Learjet 35A matrícula LV-BPA, ocurrido el 1° de julio de 2022 y que provocó la muerte de cuatro personas. Los imputados son Rubén Oscar Barboza, Dino Gastón Sánchez, Daniel Hilario Samuel Jablonski, Javier Gustavo Galera, Miguel Alberto Velárdez y Adrián Leonardo Echeverría. El delito atribuido es desastre aéreo culposo agravado, previsto en los artículos 45 y 196 del Código Penal, y el procesamiento se sustenta en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.
La investigación determinó que la causa principal del accidente fue la ausencia del locking clip en el sistema de control de alerones, lo que provocó el desenroscado progresivo del tensor y la desconexión del cable, generando la pérdida de control de la aeronave durante el despegue. Los informes técnicos y pericias concluyeron que la omisión se debió a fallas reiteradas en el mantenimiento y a la falta de supervisión efectiva por parte del taller y del personal técnico.
Por este motivo, fueron procesados Barboza, Sánchez y Jablonski por su participación directa en las tareas de mantenimiento, mientras que Galera, Velárdez y Echeverría quedaron imputados por no detectar el error y no cumplir con los procedimientos establecidos por la normativa aeronáutica.
Como parte de las medidas cautelares, el tribunal ordenó el embargo de bienes y dinero de cada imputado hasta cubrir 100 millones de pesos, para garantizar eventuales indemnizaciones a las víctimas. También se les prohibió salir del país sin autorización judicial, y la resolución será comunicada a la ANAC, la Junta de Seguridad en el Transporte y a los familiares de las víctimas.
La sentencia incluye sobreseimientos para otros imputados y empresas, quienes no fueron considerados responsables por falta de pruebas suficientes. En el caso de Isaac Oscar Jablonski, el sobreseimiento se dictó por fallecimiento, y la resolución aclara que estas absoluciones no afectan el buen nombre ni el honor de los involucrados.
El fallo subraya que el accidente fue consecuencia de fallas sistemáticas en la cadena de mando, en los controles de mantenimiento y en la supervisión interna. Destaca que, de haberse seguido correctamente las normas y reinstalado el locking clip, el siniestro podría haberse evitado. De esta manera, el tribunal reconoce que existieron conductas negligentes y omisiones graves que contribuyeron directamente al accidente y a la muerte de los tripulantes. El procesamiento, aunque sin prisión preventiva, indica que el juez consideró reunidas pruebas suficientes para atribuir responsabilidad penal, permitiendo que la investigación avance hacia un juicio oral.
Aunque este primer paso no implica todavía una condena firme, la sentencia constituye un paso significativo: reconoce el daño, permite la profundización de la investigación judicial y abre la puerta a una eventual reparación civil y penal.
Al describir los detalles del fallo, el abogado de la familia de Denise, Francisco Ibarra, detalló: “El fundamento principal de la imputación es la omisión en la verificación del correcto armado y la instalación de los seguros correspondientes en los comandos de alerón”. En ese sentido, explicó que el juzgado consideró responsables de esta omisión a los integrantes del taller aeronáutico Air Delta, designado por la dueña del avión, Flying America. “La Justicia consideró que la omisión fue determinante para causar el accidente”, remarcó Ibarra.
Sobre el desarrollo del proceso, el letrado indicó que “esta resolución no implica una condena, sino que da por acreditado el hecho y su vinculación con quienes resultan imputados”.
El auto de procesamiento fue apelado por los acusados y deberá ser revisado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que analizará el conjunto de pruebas reunidas —incluyendo informes de peritos, declaraciones de pilotos y testigos y dictámenes de la Junta de Aviación Civil— y podrá decidir si confirma el procesamiento, lo rechaza o limita la responsabilidad a algunos de los imputados que por tratarse de un tipo de delito culposo, no cumplirán prisión preventiva.
“En ningún momento existió riesgo procesal ni las partes intentaron obstaculizar la investigación”, resaltó Ibarra al explicar la falta de prisión preventiva. Conociendo los tiempos de la justicia, se estima que todo el trámite ante la Cámara de Apelaciones podría prolongarse durante todo el próximo año, dada la complejidad de la causa y la cantidad de pruebas presentadas.