La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a cinco empleados y docentes de la Universidad de San Martin (UNSAM) por fraude a raíz del desvío de fondos públicos, realizado mediante la contratación simulada de servicios inexistentes y el uso de facturas apócrifas.
Se trata de Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla. En esta causa, el exrector de la UNSAM Carlos Ruta ya tiene procesamiento firme, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.
Todos ellos había sido investigados desde hace años y sobreseídos por la Cámara Federal, pero ahora la jueza Capuchetti reunió nueva evidencia sobre el desvío de recursos y los procesó.
Los fondos públicos provenían del Órgano Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) que en su oportunidad firmó un convenio con la UNSAM por asesoramiento técnico.
En 2017, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia porque había irregularidades en la rendición de esos recursos.
Apuntaba a fondos girados a lo largos de 2013, 2014, 2015 y 2016. Una auditoría detectó irregularidades por unos 8.898.167 de pesos.
Los fondos eran asignados al organismo por el Ministerio de Planificación, que por entonces conducía Julio De Vido.
Según dijo Capuchetti, “en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas”.
La jueza ya sabe quienes participaron del cobro del dinero, pero está reuniendo información y delegó en la fiscalía la profundización de este aspecto del caso.
“Los cuestionamientos siempre radicaron en la distorsión del propósito original y empleo con el fin de eludir la supervisión y la intención de desviar los fondos públicos asignados”, escribió la jueza.
La maniobra consistía en facturar supuestas tareas no precisadas a empresas inexistentes para así apoderarse de los fondos. “Las tareas acordadas en los anexos de los convenios fueron imprecisas y no se asociaban ni a la función ni al objeto del ORSEP; las tareas plasmadas en los anexos no se materializaron; y a pesar del incumplimiento de las prestaciones, se facturó y se efectuaron pagos”, dice el fallo.
“Con tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que sí dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturación incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreción de la hipótesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas”, señaló.
La jueza también destaca la presentación sospechosa de facturas de arquitectos, psicólogos, profesores de gimnasia y comprobantes apócrifos, incluso de imprentas cercanas a la propia universidad. Toda una serie de elementos que fundamentan la existencia de un armado para inventar gastos.
Los testigos declararon que no hicieron las tareas que supuestamente estaban indicadas y para las que se efectuaron los pagos.