Prisoners Defenders denunció este jueves que en Cuba hay 1.158 presos políticos y que la dictadura de Miguel Díaz-Canel ataca la reputación de los activistas.
En su más reciente informe, correspondiente a mayo, la ONG señaló que manifestantes, activistas y religiosos figuran entre los ocho nuevos prisioneros políticos que ingresaron a la lista que confecciona mes a mes la organización. Además, destacó que cuatro de ellos están siendo enjuiciados por tribunales militares a pesar de ser civiles.
“En nuestro informe mensual, destacamos novedades en la lista de presos políticos y también destapamos una red que fomenta campañas de la seguridad del Estado contra verdaderos activistas de derechos humanos», resumió Javier Larrondo, presidente de la ONG, en diálogo con Infobae.
“Manifestantes, activistas y religiosos son los ocho nuevos prisioneros políticos que han entrado este mes a la lista de Prisioners Defenders, haciendo que el listado vuelva a crecer hasta los 1.158 prisioneros políticos. Cuatro de ellos están siendo enjuiciados por tribunales militares a pesar de ser civiles y ser procesados por el mero ejercicio de su libertad de expresión. Se trata de Miguel Alfonso Jiménez Marrero, civil de 51 años, condenado a 12 años de prisión por un tribunal militar en Cuba tras ser acusado de los fabricados delitos de sabotaje y atentado. También de los pastores evangélicos de la Isla de la Juventud Luis Guillermo Borjas Navarro y Roxana Rojas Betancourt, civiles obviamente, pertenecientes a la Iglesia Asambleas de Dios que enfrentan una petición fiscal de ocho años de prisión bajo los cargos de desacato y desobediencia que jamás cometieron. Y Cristian Jorge Labrada Fonseca, joven civil de 21 años, que actualmente cumple una condena en la prisión Nieves Morejón en Sancti Spíritus, condenado por el Tribunal Militar Territorial Central a 10 años de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión», detalló.
“Como ya expusimos en informes anteriores, más de 120 manifestantes en Cuba ya fueron enjuiciados por tribunales militares, una violación palmaria de la legislación internacional“, denunció Larrondo a este medio.
Luego sostuvo que también entraron en la lista de prisioneros políticos los jóvenes Freddy Avilés Rodríguez y Alejandro Salazar Blanco, “detenidos por su supuesta participación en las manifestaciones de Bayamo el pasado mes de mayo”.
Una red diseñada para atacar la reputación de los activistas
Larrondo destacó que, en el informe de este mes, su organización destapó “una de las redes de colaboradores de la seguridad del Estado en el exterior diseñada para atacar la reputación de activistas y líderes comunitarios en Cuba“.
“Recientemente, nuestra organización ha sido mencionada en un bulo que buscaba desprestigiar a la activista de los derechos humanos Diasniurka Salcedo con información falsa distribuida por el régimen cubano a través de las redes sociales. Es bien conocido que son muchos agentes los que, disfrazados de opositores, disidentes y activistas, crean perfiles en redes sociales como creadores de contenido con el fin de difundir información falsa, realizar ataques personales dirigidos a desacreditar la integridad de los auténticos opositores; y acosar y poner en jaque a las víctimas, los verdaderos activistas de derechos humanos», sostuvo a Infobae.
Y siguió: “En el informe de este mes, detallamos el modus operandi de estos supuestos creadores de contenido, y desvelamos los nombres y perfiles que han liderado la campaña de difamación contra la activista Diasniurka Salcedo. No habrá lugar en esta tierra para proteger a estos desalmados al servicio de la seguridad del Estado cuando llegue la democracia a Cuba, cuando llegue la ley y el Estado de derecho a Cuba».
Campaña orquestada desde 2021
El reporte indicó que fue en 2021 cuando Diasniurka Salcedo comenzó a recibir ataques en redes sociales con el objetivo de deslegitimarla como activista y dañar su reputación, tanto por su apoyo a las familias de los presos políticos del 11J (las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021) como por su proyecto “El Derecho de Nacer”, iniciativa que surgió para ayudar a los más vulnerables, niños que viven en condiciones infrahumanas y a los que suministra alimentos, medicinas, insumos escolares, colchones y juguetes.
“En 2024, tras años de sufrir represión y enfrentarse a ella como pocos activistas, la seguridad del Estado finalmente la amenazó tangiblemente con una sentencia de ocho años de privación de libertad si no abandonaba el país antes del 15 de enero», explicó el informe.
“Con varios hijos adoptados que dependen de ella y no tienen a nadie más, la decisión era inevitable. Ya en Estados Unidos, en marzo de ese mismo año y desde entonces, ha emprendido distintos negocios de belleza que le reportan su sustento. Según hemos sabido desde entonces, destina aproximadamente el 50% de sus ingresos a seguir ayudando a estas familias en Cuba, algo encomiable y digno de admiración», destacó Prisoners Defensers; al tiempo que acotó: “Sigue plenamente activa y manteniendo su efectividad en su activismo desde fuera como lo hacía dentro de la isla”.
El informe mencionó el caso del pequeño Damir Ortiz y recordó que fue Diasniurka la activista que más lideró dicha campaña para salvar su vida, junto a médicos y otros exiliados cubanos, y quien gestionó personalmente el viaje que logró llevar al niño enfermo y a su madre, Eliannis Ramírez, a Florida para su tratamiento, ante el abandono del niño por parte de las autoridades médicas cubanas.
“Los impedimentos por parte de las autoridades cubanas, principalmente, y las lógicas dificultades de un traslado migratorio excepcional como ese, hicieron que Damir finalmente saliera de Cuba sin tiempo de un tratamiento viable al llegar a la Florida. Mientras la activista desarrollaba y lideraba la campaña por la vida del niño, la seguridad del Estado intensificó agresivamente las acciones de difamación contra ella en redes, pero se dispararon aún más los ataques cuando José Daniel Ferrer reinicia su labor humanitaria una vez excarcelado, el pasado 16 enero, y el mismo José Daniel hizo público el apoyo de Diasniurka al proyecto humanitario de Ferrer, el mayor enemigo moral del régimen cubano y mayor líder social en la isla hoy en día», denunció la ONG.
Por último, remarcó que ambos activistas, José Daniel Ferrer y Diasniurka Salcedo, han sufrido campañas de desprestigio por prestar su ayuda a los más vulnerables en la isla.
“Es habitual que el gobierno cubano realice campañas de difamación dirigidas contra líderes comunitarios con la finalidad de silenciar y desacreditar sus voces, divulgando información engañosa, sembrando dudas sobre su efectividad y promoviendo acusaciones de delitos o supuestas fallas éticas», concluyó.