El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo reciben desde el mediodía al presidente del Banco Interamericano de Desarollo (BID) Ilan Goldfajn en la Casa Rosada. Es la primera reunión del equipo económico luego de la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires.
El BID es uno de los organismos internacionales que apoyó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril pasado y prometió una serie de desembolsos hacia la Argentina, por unos USD 3.000 millones este año y de USD 10.000 millones hasta 2028. Un grupo de enviados del banco ya habían estado reunidos con el secretario de Finanzas Pablo Quirno a fines de agosto.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó a mitad de año un plan de financiamiento de tres años hacia la Argentina por un total de USD 10.000 millones, de los cuales USD 3.000 millones se desembolsarán a lo largo de 2025. El organismo apoyó en términos generales el plan económico del Gobierno pero alertó sobre la fragilidad de las reservas y la falta de apoyo político para aprobar reformas en el Congreso.
En ese sentido, un comunicado de la entidad informó este miércoles que el directorio dio el visto bueno a “una hoja de ruta elaborada junto con el Gobierno argentino para apoyar al país a consolidar su transformación y fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente”.
El destino de los fondos que envíe el BID fue dividido en tres pilares: reformas fiscales y mejora de la administración tributaria; medidas para la “liberalización la economía para desbloquear la inversión privada”; y programas para acelerar la reducción de la pobreza.
Más allá de las últimas mejoras, el BID advirtió que persisten dificultades estructurales: la tasa de indigencia se mantuvo elevada, con un pico de 18,1%, y “más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años se encuentran en situación de pobreza”. También señaló una tasa de informalidad laboral de 36,1 por ciento.
En relación con la política macroeconómica, el BID indicó que “la estabilidad macroeconómica es uno de los objetivos primordiales de los próximos años para el Gobierno”, que busca mantener el equilibrio fiscal. Finalmente, el BID describe como grandes desafíos de desarrollo del país la estabilidad económica, la equidad social y el impulso al sector privado.
El organismo multilateral anticipó que asistirá “los esfuerzos del Gobierno de Argentina para contribuir a la sostenibilidad fiscal y mejorar la eficiencia general del sistema tributario”, con énfasis en reducir la dependencia de “impuestos distorsivos de la actividad económica” y eliminar exenciones y deducciones que limitan la capacidad recaudadora.
El BID identificó riesgos relevantes para la economía argentina, de origen fiscal, externo y político. El informe alerta sobre la fragilidad de la posición de liquidez externa, es decir, la falta de reservas en el Banco Central y la falta de mayorías legislativas que podrían extender los tiempos de aprobación de reformas clave. Advierte también sobre la posibilidad de “fatiga social ante medidas de ajuste”.
El organismo apuntó como elemento relevante la vulnerabilidad frente a shocks externos que deterioren los términos de intercambio o las condiciones financieras internacionales, explicado por ese nivel inicial bajo de reservas internacionales. Estos factores pueden tener “implicancias sobre costos operativos y el espacio fiscal”.