El Presupuesto 2026, aprobado en el Congreso de la Nación, fue la pieza central del debate político y económico de cierre de año. Con un articulado extenso y definiciones que excedieron el cálculo de gastos y recursos, fijó las principales pautas de la política fiscal, financiera y presupuestaria para el próximo ejercicio. A continuación, los puntos clave del texto que obtuvo luz verde en el Senado.
Equilibrio fiscal como eje del proyecto
La ley de leyes vuelve a tener como principio rector el equilibrio de las cuentas públicas. El oficialismo ratificó que no habrá déficit fiscal y que el resultado financiero será consistente con la estrategia de ordenamiento macroeconómico que impulsa el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.
Desde el Gobierno remarcaron que el proyecto que se discutió en el Senado no incorporó modificaciones respecto del texto aprobado en Diputados. “No se cambió ni una coma”, señalaron fuentes oficiales durante el tratamiento legislativo, al descartar negociaciones de último momento que alteren las metas fiscales.
La iniciativa consolida la política de contención del gasto público y mantiene límites estrictos a la expansión presupuestaria, con el objetivo de evitar desvíos durante el año electoral.
Los números económicos
Como todos los años, el proyecto de Presupuesto incluyó la proyección de parte del Gobierno sobre una serie de variables económicas. Una de las más destacadas es la que hace referencia al nivel de actividad económica. Según el Ejecutivo, el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 5% durante el 2026.
Por su parte, se estima que la inflación será de 10,1% para todo el año y que el dólar llegará a diciembre en un valor de $1.423. Es decir, por debajo de la cotización mayorista actual, que se ubica en $1.452,50.
Facultades para el manejo de la deuda pública
Uno de los artículos más relevantes del Presupuesto 2026 es el que habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de administración de la deuda pública. El texto autoriza al Ministerio de Economía a efectuar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras destinadas a mejorar el perfil de vencimientos.
Según explicó el Gobierno, esta herramienta apunta a “ordenar los compromisos del Tesoro y reducir riesgos financieros”, sin incrementar el stock de deuda. La oposición cuestionó este punto al considerar que amplía las facultades del Ejecutivo, mientras que el oficialismo defendió su inclusión como una práctica habitual en los presupuestos de años anteriores.
Reasignación de partidas y control del gasto
El Presupuesto contempla mecanismos que permiten reasignar partidas presupuestarias dentro de determinados límites. Estas facultades buscan otorgar flexibilidad a la administración nacional para responder a contingencias sin alterar el equilibrio general del presupuesto.
Desde el Ejecutivo sostienen que las reasignaciones no implican un aumento del gasto total, sino una redistribución interna de recursos ya aprobados por el Congreso. “El gasto está cerrado”, insistieron funcionarios durante el debate parlamentario.
Subsidios y transferencias
En línea con la política fiscal vigente, el Presupuesto 2026 mantiene un esquema de reducción de subsidios económicos, particularmente en los sectores de energía y transporte. El objetivo declarado es continuar con el proceso de focalización, de modo que la asistencia estatal se concentre en los sectores de menores ingresos.
En cuanto a las transferencias a provincias, el texto no prevé incrementos discrecionales y se ajusta a los criterios automáticos establecidos por la normativa vigente. Este punto fue uno de los más cuestionados por legisladores provinciales, que reclamaron mayor margen de financiamiento para las jurisdicciones.
Gasto social y sistema previsional
El Presupuesto incluye las partidas correspondientes al sistema previsional y a los programas sociales vigentes. El Gobierno aclaró que las erogaciones vinculadas a jubilaciones y pensiones se ajustarán conforme a la fórmula de movilidad establecida por ley.
En el debate legislativo, funcionarios remarcaron que el gasto social “está garantizado dentro de las reglas fiscales” y que no habrá recortes en términos reales fuera de lo que determine la evolución de los ingresos y la normativa vigente.
Impuestos y presión tributaria
El proyecto aprobado en el Congreso no introdujo nuevos impuestos ni incrementos de alícuotas. Desde el oficialismo subrayaron que el Presupuesto 2026 consolida una estrategia de estabilidad tributaria, con la expectativa de que la mejora de la actividad económica sostenga la recaudación.
En paralelo, el Congreso debate en forma separada la llamada ley de inocencia fiscal, que busca establecer cambios en el esquema de penalidades y fiscalización. Aunque no forma parte del Presupuesto, su tratamiento avanzó en simultáneo y generó cruces entre el oficialismo y la oposición.
Los artículos cuestionados por la oposición
Durante el debate en el Senado, distintos bloques opositores intentaron eliminar o modificar algunos artículos del proyecto. Entre ellos, los referidos a las facultades delegadas, la administración de la deuda y la posibilidad de reasignar partidas sin autorización legislativa adicional.
Pese a esos planteos, el Gobierno no aceptó cambios al texto aprobado por Diputados. “El Presupuesto es una herramienta central del programa económico y no está sujeto a negociación”, fue el mensaje transmitido desde el Ejecutivo.
Por otro lado, la oposición buscó rechazar el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), cometido que no lo logró. Hasta el final de este año, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas.
Ejecución y control parlamentario
El Presupuesto 2026 refuerza los mecanismos de seguimiento y control por parte del Congreso, a través de informes periódicos sobre la ejecución del gasto y la evolución de los ingresos. Estos reportes permitirán monitorear el cumplimiento de las metas fiscales a lo largo del año.
Desde el oficialismo destacaron que la previsibilidad presupuestaria es una señal clave para los mercados y los organismos internacionales. “La Argentina necesita reglas claras y un presupuesto consistente”, afirmaron durante la defensa del proyecto.