La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Ana Fábrega, y otros funcionarios, por presuntos delitos vinculados a abuso sexual, maltrato a menores e incumplimiento de deberes de servidores públicos.
La acción se produjo tras una visita de inspección realizada por la comisión legislativa al CAI de Tocumen, un albergue estatal ubicado al este de la Ciudad de Panamá. Tras el recorrido, Brenes reportó “irregularidades” relacionadas con el estado de la infraestructura, la falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos dentro del mismo espacio, un punto que, según dijo, no se ajusta a estándares de protección.
Brenes sostuvo que la denuncia se fundamenta en correos, informes y reportes internos que, según explicó, ya habían sido enviados a niveles jerárquicos de la institución y advertían sobre presuntas situaciones de negligencia y vulneración de derechos.
La diputada pidió al Ministerio Público “celeridad” en el trámite y llamó a que los funcionarios que conozcan hechos de este tipo denuncien, al advertir que el silencio puede convertirse en complicidad por omisión.
Junto a la diputada compareció César Augusto Pérez, identificado en reportes de prensa como exdirector de Prevención del SENNIAF y encargado del CAI de Tocumen, quien aseguró haber sido separado del cargo por “pérdida” o “falta de confianza” luego de elevar alertas internas sobre supuestas irregularidades.
Pérez dijo que sus comunicaciones fueron presentadas “por escrito” y que no buscaban atacar a la institución, sino mejorar condiciones para los menores bajo custodia estatal.
SENNIAF, por su parte, respondió públicamente que la visita de la comisión al CAI se desarrolló con normalidad y conforme a procedimientos establecidos para la protección de niños, niñas y adolescentes.
La entidad indicó que ese tipo de recorridos se han venido realizando desde diciembre, incluyendo inspecciones a albergues privados en Santiago, Coclé y Chiriquí, y que durante el recorrido en Tocumen los diputados fueron acompañados por la directora general, Ana Fábrega, además de personal técnico y administrativo.
En su posición institucional, SENNIAF también recordó que los albergues se rigen por disposiciones específicas de funcionamiento y resguardo, y que las visitas deben coordinarse previamente con listados de visitantes (nombre, cargo e identificación) para las verificaciones correspondientes, priorizando el bienestar y la confidencialidad de los casos y evitando cualquier forma de exposición de los menores.
Mientras avanza el trámite de la denuncia, Brenes anunció que la comisión elaborará un informe con observaciones del recorrido y lo remitirá a las instancias correspondientes, además de enviar notas para que la Comisión de Presupuesto evalúe la situación del centro. La diputada recordó que SENNIAF está adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y pidió atención directa al tema.
El caso vuelve a colocar en el debate público el funcionamiento de albergues estatales y los mecanismos de supervisión. En los próximos días, el curso del proceso dependerá de las actuaciones del Ministerio Público y de la documentación que, según la diputada, fue incorporada como sustento de su denuncia, así como de los hallazgos que la comisión legislativa formalice en su informe técnico.
Entre 2021 y 2023 ya se habían conocido alertas e investigaciones vinculadas a irregularidades en albergues supervisados por el Estado y la SENNIAF, que motivaron acciones de control y pronunciamientos públicos.
En febrero de 2021, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Asamblea Nacional que se remitieran informes preliminares sobre maltratos a menores en albergues bajo la supervisión de la entidad, lo que dio paso a investigaciones sobre presuntas vulneraciones de derechos en varias instalaciones destinadas a niños y adolescentes.
Un escándalo similar marcó los primeros meses de 2021, cuando un informe parlamentario reveló condiciones “infrahumanas” en centros de acogida para menores supervisados por la SENNIAF, donde se documentaron casos de abusos físicos, sexuales y psicológicos hacia decenas de niños y adolescentes. La comisión legislativa que investigó esos hechos trasladó conclusiones a la Procuraduría General de la Nación para que se abriera una investigación penal, y surgieron cuestionamientos sobre la capacidad institucional para garantizar seguridad y protección en los albergues estatales.
Además, en 2023 la Procuraduría General de la Nación confirmó una condena de 60 meses de prisión a una exfuncionaria de la SENNIAF por el delito de maltrato a un menor en un albergue, como parte de casos que han transitado en el sistema judicial.