La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo y los exministros María Antonieta Alva Luperdi y Víctor Marcial Zamora Mesía, quienes ocuparon las carteras de Economía y Salud, respectivamente. Los tres exfuncionarios son señalados como presuntos responsables del delito de colusión agravada, por la adquisición de un millón 400 mil pruebas rápidas para la detección del coronavirus, a través de una presunta concertación ilegal entre los funcionarios y empresas adjudicatarias.
Los hechos se remontan al 18 de marzo de 2020, cuando, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, se habría llevado a cabo dos reuniones. Una sesión del Consejo de Ministros, donde la entonces titular de Economía presentó una propuesta para emitir un Decreto de Urgencia que autorizara la adquisición de pruebas de diagnóstico para COVID-19, y otra en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En el segundo encuentro, en el que participaron representantes de empresas privadas, se habría concertado la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico del virus, así como la emisión de normas que favorecían su uso en las políticas de salud pública, a pesar de que las políticas nacionales y las recomendaciones internacionales favorecían el uso de pruebas moleculares.
Al día siguiente, a través del Decreto de Urgencia N.º 028-2020, se dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y control del COVID- 19, y se autoriza a la Central de Compras Públicas – Perú Compras a realizar contrataciones excepcionales para la adquisición de pruebas de diagnóstico. Según la denuncia, la norma carecía de sustento técnico y fue aprobada sin contar con la documentación necesaria.
El mismo día de su emisión, Vizcarra anunció en una conferencia de prensa la compra de un millón 600 mil pruebas, de las cuales un millón 400 mil eran rápidas. Este anuncio se realizó antes de que el Instituto Nacional de Salud (INS) presentara el requerimiento oficial, lo que, según la denuncia, evidencia una concertación previa entre las autoridades y las empresas proveedoras, a través de la Compra Directa N.° 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE a Nipro Medical Corporation Sucursal Perú y Multimedical Supplies S.A.C.
Otro hecho que destaca es que las empresas favorecidas, coincidentemente, fueron quienes realizados la propuesta de adquisición más cuantiosas. “Por ello, Martín Vizcarra y María Antonieta Alva habrían concertado con las empresas, pacto colusorio al que se adhirió Víctor Marcial Zamora Mesia, en cuyo desarrollo ilegal los citados funcionarios públicos habrían actuaron en el ejercicio de sus funciones y deberes, pues, tenían facultad para supervisar a los organismos públicos adscritos a su sector y administrar la hacienda pública; y como tal, resultan autores del delito de colusión”, menciona el Ministerio Público.
En paralelo, la Fiscalía también informó que se decidió no formular denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, María Antonieta Alva, Pilar Elena Mazzeti Soler y Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velásquez por otro caso relacionado con la gestión de la pandemia. Este segundo expediente investigaba una presunta demora en la adopción de medidas y gestiones necesarias para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, lo que habría afectado la inmunización inmediata de la población.
Según detalló la Fiscalía, no se encontraron elementos suficientes para acusar a los exfuncionarios por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en este caso también en agravio del Estado. Este delito se refiere a la falta de acción oportuna por parte de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones.