El caso que investiga una megaestafa inmobiliaria en Córdoba, que involucra a la empresa Márquez y Asociados, continúa escalando y ya son más de 4.000 las denuncias registradas por la fiscalía. Mientras tanto, hay preocupación por el estado en el que se encuentra la compañía y si podrá ser solvente para poder resarcir a los damnificados.
Por el momento se encuentran detenidos los hermanos Matías, Ariel, Juan Pablo y Lucas Márquez, y también el contador Ramiro Nieva. Se los acusa del delito de asociación ilícita y estafa. Todavía no fueron indagados por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, aunque se espera que en los próximos días se avance con este proceso.
En ese sentido, la Justicia de Córdoba dispuso un sitio web para que los damnificados puedan realizar la denuncia y, desde que se abrió, se alcanzaron las 3.500 presentaciones por esa vía. En tanto, se estima que cerca de 500 personas denunciaron con representación de diferentes estudios de abogados.
Para entender la magnitud del caso, de acuerdo con lo que pudo reconstruir Infobae, la empresa Márquez y Asociados prometía la construcción de “casas llave en mano”, es decir, que el comprador debía recibir una propiedad completamente terminada y lista para habitar, sin necesidad de realizar reformas o trabajos adicionales.
Los investigadores creen que las denuncias podrían seguir aumentando, ya que se encontraron registros de cerca de 30 mil contratos firmados, de los cuales la empresa sólo habría cumplido con la entrega de 2.500 unidades.
Tras esas primeras investigaciones, a partir de una presentación que llevaron adelante Agustín Goldszer y Gastón Arrambide Carroll, se amplió la denuncia contra las esposas de dos de los Márquez: se trata de Carolina Sánchez Astrada y Romina Vanesa Nieva, también hermana del contador que está detenido. Ambas aparecen vinculadas en empresas secundarias que tenían los principales sospechosos y como titulares de otras firmas relacionadas con Márquez y Asociados.
Ahora, también pidieron sumar en la investigación al gerente y supervisores de ventas de la empresa, quienes podrían haber tenido pleno conocimiento de cómo era la operatoria de los hechos que se investigan. También apuntan contra la asistente personal del Directorio y mano derecha de los hermanos Márquez.
Los casos ya exceden a la ciudad de Córdoba y se prolongaron por el interior, mientras que también creen que hay más damnificados en otras provincias como Santa Fe, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Buenos Aires.
En ese marco, hay una creciente preocupación por la solvencia de la empresa para resarcir a las posibles víctimas. De hecho, se registraron varias propiedades dentro de Córdoba y en el exterior que quedaron en un vacío hasta tanto haya una resolución por parte de la Justicia.
Algunos advierten que la firma dejó de pagarle a sus empleados y adeuda sueldos desde febrero, hasta que estuvo operativa a mediados de abril. Además, tampoco le pagó a los arquitectos que estaban trabajando en los planos para las casas que no se construyeron.
Incluso, hay una presentación ante la Justicia por un concurso de quiebra con fecha de marzo de 2025 de parte de la firma Márquez y Asociados, que por el momento está a la espera del fallo, debido al secreto de sumario en el que se encuentra la causa penal.
“La fiscalía ha dispuesto la inmovilización de todo el patrimonio particular y societario de esta gente y las empresas vinculadas. Se ha logrado incautar un cúmulo de bienes e inmuebles importante, pero no podemos decir si esto va a ser suficiente para satisfacer las eventuales pretenciones de los damnificados”, señaló el fiscal en declaraciones a la prensa.
De acuerdo con lo que pudo averiguar Infobae, varios abogados patrocinantes de los damnificados realizaron presentaciones para conocer el estado de los bienes que tienen los Márquez.
“Hemos requerido al fiscal que interviene en esta megaestafa que se continúe analizando la conducta de todos los involucrados, como así también hemos requerido que se adopten medidas para la preservación de todos los bienes que a la fecha se han incautado”, señaló el letrado Rubén Sánchez Quinteros, uno de los abogados que trabajan en las denuncias particulares, quien pidió que haya “una pena ejemplar para todos los involucrados”.
Y agregó: “Jamás imaginé que esta causa iba a tener la magnitud de damnificados que los han estado estafando con el sueño de la casa propia. Estoy muy preocupado por la administración de los bienes incautados”.
Según confirmó el propio Gavier, están investigando los vínculos de los detenidos con cuentas en el extranjero y empresas offshore. Hay informes —a los que accedió este medio— que acreditan la vinculación de hoteles en Miami con la familia Márquez.
En tanto, también entraron bajo la investigación otras firmas que eran propiedad de los mismos dueños. Una de ellas era Márquez Salud, donde la Justicia también incautó bienes e inmuebles para continuar con las pericias.
Investigan como operaba la empresa
Infobae accedió a una presentación particular de una de las víctimas que relató cómo fue el mecanismo para comenzar con la posible estafa. De acuerdo con la denuncia, los clientes y los representantes de la empresa acordaban la construcción de un tipo de vivienda. La firma en su página web cuenta con un muestrario de diferentes modelos que los clientes podían elegir la construcción.
Una vez que se acordaba el precio, se pedía un esquema de financiación híbrido: se pagaban cuotas fijas más un porcentaje en efectivo del valor nominal, según se acordaba previamente en el contrato. Al momento de hacer la denuncia, el particular damnificado había abonado cerca del 75% de la construcción y no había indicios de que la obra fuese a comenzar.
“Desde el momento de la firma, comencé a cumplir puntualmente con los pagos mensuales acordados. Sin embargo, y a pesar de mis reiteradas solicitudes, la empresa jamás fijó una fecha cierta para la firma del Anexo de financiación y gestión administrativa de planos, condición necesaria para iniciar la programación y posterior ejecución de la obra”, señala la denuncia.
Según el relato de la víctima, esto “no se presenta como un hecho aislado, sino como parte de una maniobra sistemática y reiterada: se hacía firmar a los comitentes anexos al contrato original que prorrogaban constantemente el comienzo de la obra, bajo pretextos administrativos o de reestructuración interna, mientras continuaban percibiendo los pagos”.
“Este incumplimiento no solo ha generado un importante perjuicio económico, sino también angustia, frustración y desesperanza en mi grupo familiar, al ver vulnerado el sueño de acceder a nuestra vivienda única, proyectada como un esfuerzo de vida”, agregó el mismo damnificado.