Las tensiones por la autorización que el gobierno nacional debe otorgar a la provincia de Buenos Aires para que la administración de Axel Kicillof salga a colocar deuda, luego de la aprobación de la ley de financiamiento, sumó un nuevo actor de reparto: los 135 municipios bonaerenses. Sucede que de esa deuda que consiga colocar Buenos Aires, el 8% se destinará al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Pero sin aval de parte de Casa Rosada, los municipios percibirán menos de que lo calculaban de parte de PBA.
Así quedó estipulado con el endeudamiento que la Legislatura bonaerense aprobó la semana pasada luego de un trabajoso acuerdo entre el peronismo y un gran sector de la oposición que habilitó los dos tercios para tratar la ley. Si bien el fondo para los intendentes garantiza un monto fijo —que fue materia de discusión hasta último momento— de USD 250 millones compuesto por recursos de Rentas Generales, también se estableció que “el Poder Ejecutivo afectará recursos para integrar el Fondo en la medida de la obtención y de manera automática conforme se produzca el ingreso de los fondos derivados de las operaciones de financiamiento que realice la Administración Central en el marco de la autorización otorgada por los artículos primero y segundo de la presente Ley por el equivalente en pesos al ocho por ciento (8%) de esos fondos”. El artículo 1 de la ley de financiamiento es el que actualmente objetan en Casa Rosada y —como dio cuenta este medio— plantean que no darán el aval que debe otorgar los ministerios de Economía y Gobierno, amparados en la Ley de Responsabilidad Fiscal; por considerarlo como “nueva deuda”.
En el gobierno de Axel Kicillof plantean que el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal por parte de Buenos Aires garantiza que el acceso a nuevo financiamiento se mantiene dentro de los parámetros legales, lo que, según las autoridades provinciales, elimina cualquier riesgo de que se rechacen futuras autorizaciones para endeudamiento. Actualmente, deslizan en La Plata, el ratio de servicios de deuda respecto de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios se sitúa en algo más del 7%, una cifra considerablemente inferior al límite del 15% que establece la normativa.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Fiscal, incluso aquellas provincias que superan el umbral del 15% en servicios de deuda sobre recursos corrientes netos de coparticipación a municipios tienen la posibilidad de refinanciar sus compromisos financieros. Así se enmarca en el artículo 22 de la ley nacional que también rige el comportamiento fiscal de las provincias, la Ciudad y los municipios. Por ello, desde la administración de la provincia de Buenos Aires se sostiene que esta disposición legal refuerza la seguridad jurídica y financiera para la obtención de nuevas líneas de crédito.
Las autoridades provinciales subrayan que, en este contexto, no debería haber obstáculos para la aprobación de nuevas autorizaciones de financiamiento, ya que la legislación vigente contempla mecanismos de refinanciación que aseguran la continuidad de las operaciones financieras.
Lo cierto es que los intendentes empezaron a plantearse algunas inquietudes al respecto y solicitarán reuniones con referentes del Poder Ejecutivo bonaerense para saber cuál es el estado de situación y cuando se empezará a efectivizar las transferencias del fondo a los municipios.
Para un grupo de jefes comunales, sobre todo los del interior, el tema es crucial para iniciar el año 2026. “Los intendentes del conurbano estamos más holgados para el pago de salarios y aguinaldos; el problema son los del interior”, reconoció un intendente peronista de la Primera sección electoral.
El cronograma de transferencias dentro del fondo a los municipios prevé pagos diferenciados según los destinos: hasta $20.000.000.000 para los municipios por el Coeficiente Único de Distribución y hasta $30.000.000.000 para programas provinciales, con vencimientos fijados para el 30 de abril, 31 de agosto y 30 de noviembre de 2026. Para 2027, se establecen dos pagos adicionales de hasta $50.000.000.000 cada uno destinados solo al inciso a), a efectuarse el 30 de abril y el 30 de junio, respectivamente. El total garantizado no podrá exceder el ocho por ciento de la suma autorizada en los artículos 1º y 2º de la ley correspondiente.
“El volumen de financiamiento que se pide, que necesita una aprobación de dos tercios con la Legislatura, está estrictamente asociada con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes”, planteó Kicillof este martes en declaraciones a C5N. También criticó al gobierno nacional ante la posibilidad de no dar su aval para la colocación de deuda de PBA, algo que sí ocurrió con otras jurisdicciones como la Ciudad o Santa Fe que han colocado bonos en el exterior en las últimas semanas. “La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?”, planteó.