La campaña electoral de Uruguay de 2024 transcurrió con la promesa de los principales candidatos a presidente de no subir tributos. “No consideramos modificar el esquema actual de impuestos”, fue una de las declaraciones de Yamandú Orsi, a pocas semanas de convertirse en el presidente electo de Uruguay.
Sin embargo, el proyecto de ley de Presupuesto –que sienta las bases de la administración– incorpora cambios impositivos, como el gravamen que se establece para las inversiones que tienen los uruguayos en el exterior o el IVA dispuesto para la compra a través de la plataforma china TEMU.
Además, el planteo del gobierno incluye la aplicación del impuesto mínimo global, para que las empresas que facturan más de USD 750 millones paguen el impuesto en Uruguay y no en el país de su casa matriz.
Al asistir al Parlamento para explicar el proyecto de ley, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, recordó que se había comprometido a que la presión fiscal de Uruguay no iba a aumentar y reconoció que finalmente eso sí sucedió.
“Yo dije en campaña que los ingresos tributarios, que la presión fiscal, no iban a aumentar. Y la presión fiscal está aumentando. Eso está ocurriendo. Yo me hago cargo de eso. Yo dije que no iba a ocurrir y está ocurriendo”, señaló Oddone en una conferencia de prensa.
El ministro luego explicó que esta situación se da porque el gobierno se encontró con un escenario fiscal peor al previsto: las proyecciones de la gestión de Luis Lacalle Pou indicaban que el déficit sería algo mayor al 2,8% y fue de 4,1%. “Vivíamos en un espejismo fiscal”, argumentó.
Las críticas y las dudas por los cambios impositivos
Las modificaciones incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto han generado preocupación en el sector empresarial. De hecho, algunas consultoras y estudios jurídicos transmitieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que ven “inconsistencias” en el proyecto, en particular por el alcance del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, el conocido como impuesto mínimo global.
Según informó el semanario local Búsqueda, esto genera “incertidumbre” entre las empresas internacionales que tienen presencia en el país. La intención del gobierno es que este tributo solo alcance a las multinacionales que ya están pagando este impuesto en su casa matriz. Sin embargo, en el sector privado advierten que esto no está reflejado en el texto enviado al Parlamento.
Esta omisión es considerada algo “gravísimo” por parte de empresarios, según el medio uruguayo, y podría derivar en que las empresas más grandes que operan en zonas francas se retiren del país. Además, otro escenario que abre este cambio es el de posibles reclamos al perder las exoneraciones fiscales previstas por ese régimen.
En la Cámara de Zonas Francas estiman que unas 40 empresas deberán pagar el impuesto mínimo global y consideran que no sería un tributo “neutral”, ya que generaría riesgos para la inversión, el empleo y la recaudación, y erosionarían la seguridad jurídica por la que se destaca Uruguay.
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio Lestido, declaró a Búsqueda que genera preocupación tanto la inclusión del impuesto mínimo global como del cambio del régimen para las inversiones de uruguayos en el exterior. Son “señales” que “ponen en alerta” a los inversores, consideró.
Las críticas al cambio del secreto bancario
Uno de los artículos del proyecto de ley establece que la Dirección General Impositiva –DGI, el fisco uruguayo– pueda levantar el secreto bancario para sus investigaciones y fiscalizaciones sin la necesidad de que exista una orden judicial, como ocurre en la actualidad. Se trata de una decisión que fue recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), según explicó el ministro de Economía.
Según los bancos privados, estas modificaciones generan nerviosismo a los depositantes y en el sector defienden la normativa actual.
La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados, Bárbara Mainzer, declaró al diario El País que las instituciones están recibiendo muchas consultas y que hay “nerviosismo” en los inversores. Sin embargo, aclaró que “de ninguna manera” habrá retiro de depósitos por esta causa.
“El secreto bancario no implica que no se pueda acceder a la información de las cuentas bancarias, sino que hay un procedimiento que da garantías a los clientes de que se accede a la información a través de un pedido judicial y con justa causa. Y si hay un pedido de información, el contribuyente puede ejercer su derecho de defensa antes de que la información se intercambie”, aseguró Mainzer.
La directora ejecutiva de la gremial señaló que Uruguay se diferencia de la región porque ofrece garantías que otros países no tienen. “El tener garantías para poder acceder a la información bancaria de los clientes, lo veo como una fortaleza y no como una debilidad”, expresó.
Oddone, en tanto, al hablar en un club de empresarios del Piso 40 reconoció que hay “muchas preocupaciones” por su Presupuesto y sostuvo que no tendría problema en “ir para atrás” en alguna de las decisiones.