Aunque en la Argentina el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo cruzaron acusaciones sobre méritos y deméritos en el juicio de Burford Capital contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, en Estados Unidos tanto el gobierno de Donald Trump como el mundo corporativo estaban firmemente unidos en el rechazo al estudio inglés, cuya práctica como “financiador de litigios” repudian activamente.
Si bien no se conocen aún reacciones específicas al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que ayer anuló el fallo de la jueza Loretta Preska que exigía al Estado argentino pagar más de USD 18.000 millones a Burford y un par de demandantes, una frondosa coalición de cámaras de comercio, asociaciones y grandes empresas norteamericanas ya había señalado su repudio a la práctica del estudio inglés fundado en 2008 por Christopher Bogart, CEO de la empresa, cuya capitalización cayó como un piano al conocerse la sentencia, que consideró “decepcionante”.
Burford sopesa nuevos recursos legales, incluida la posibilidad de llevar el caso al Ciadi, un Tribunal de arbitraje que funciona en el ámbito del Banco Mundial. De todos modos, anticipó que reconocerá una disminución del valor de sus activos al presentar el balance del primer trimestre del año.
Lo cierto es que en 2025, en un comunicado difundido por la US Chamber of Commerce, la más amplia representación corporativa norteamericana, varios centenares de cámaras de comercio de localidades, condados y estados norteamericanos, desde Alaska hasta Wyoming, y de empresas medianas, grandes y muy grandes, desde laboratorios como Abbott, pasando por gigantes de las comunicaciones como AT&T, Comcast y Verizon, farmaceúticas como Bayer y Eli Lilly, petroleras como ExxonMobil y el propio American Petroleum Institute y aseguradoras como Liberty Mutual y Zurich apoyaron expresamente un proyecto de ley de un grupo de legisladores republicanos para “transparentar” la industria de “financiación de litigios por terceros”, especialidad que creó y en la que se destaca Burford.
¿En defensa del chiquitaje?
El bufete inglés dice que lo suyo es defender al chiquitaje (little guys) contra estados, empresas e individuos “abusivos”, pero su práctica es asimilable a lo que en EEUU llaman ambulance chasers (perseguidores de ambulancias, en busca de damnificados en cuyo nombre demandar sumas exorbitantes) y en la Argentina simplemente “caranchos”.
El proyecto de los representantes republicanos Darrell Issa (California), Mike Collins (Georgia), Scott Fitzgerald (Wisconsin), Charles Fleischmann (Tennessee), Claudia Tenney (Nueva York), Jeff Van Drew (Nueva Jersey) y Garland Barr (Kentucky) busca transparentar y controlar la financiación de litigios civiles por terceros como Burford, obligándolos a revelar la existencia de acuerdos y la identidad de cualquier persona o entidad que tenga derecho a recibir pagos condicionados al resultado del litigio.
El objetivo principal es evitar que fondos de inversión, entidades o fondos soberanos extranjeros participen secretamente en demandas a cambio de una parte del fallo. Según los autores del proyecto, la falta de transparencia permite a financiadores como Burford influir indebidamente en las estrategias legales y en la resolución de los casos, promover litigios especulativos y facilitar que actores extranjeros utilicen el sistema judicial de EEUU con fines estratégicos o económicos. En parte, fue esta última preocupación lo que también motivó, semanas atrás, la decidida intervención del Departamento de Justicia de EEUU en la causa, apoyando al gobierno argentino.
Tres “riesgos” de la especialidad
En octubre pasado, además, el Instituto de Reforma Legal de la US Chamber of Commerce en el que listó tres grandes riesgos de la industria creada y desarrollada por Burford.
En primer lugar, señaló, los financiadores “ejercen control significativo sobre los litigios”, poniendo en riesgo la independencia profesional de los abogados y la lealtad hacia sus clientes. Al respecto, cita el caso de Burford Capital y Sysco Corp, un gran distribuidor de alimentos.
En segundo lugar, afirmó que la práctica entraña “riesgos para la seguridad nacional” y que hay “actores extranjeros que usan esta financiación para perjudicar intereses de EEUU, acceder a información sensible o evadir sanciones”. Al respecto, citó un caso en el que una firma vinculada a oligarcas rusos sancionados financió demandas en EEUU y Reino Unido y otro sobre la participación de firmas chinas en litigios estadounidenses.
Por último, la investigación señaló que la industria creada por Burford para supuestamente defender al chiquitaje se queda con la parte del león de los acuerdos o sentencias, “reduciendo considerablemente lo que reciben los demandantes después de descontar honorarios legales”. Y menciona el caso de los carteros británicos, quienes recibieron menos del 20% del acuerdo por la intervención de financiadores y abogados.
Política y derecho
En definitiva, la intervención de la administración Trump en el caso estuvo en línea con los intereses del mundo corporativo norteamericano, a lo que se sumó en la etapa final un zurcido político, diplomático y jurídico con el gobierno argentino.
Del lado jurídico, la Universidad Austral destacó la “decisiva labor del equipo de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo máximo de abogados del Estado federal, integrado por los Subprocuradores Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, bajo la conducción del Procurador Sebastián Amerio“. Los tres, subrayó la alta casa de estudios, ”hicieron su carrera de Abogacía en la Universidad Austral y siguieron vinculados a ella como profesores de grado y posgrado en distintas disciplinas del Derecho».