El Gobierno redujo el déficit operativo de las empresas públicas y fondos fiduciarios en el ultimo año por la recomposición de tarifas y la caída de subsidios más el recorte en la planta de personal del sector público. Así, en los primeros cinco meses del 2025 el desequilibrio fue de $130.000 millones, que contrasta con el que tenía en ese mismo tramo de 2024, cuando fue de más de 1 billón de pesos.
Así lo dejó ver el último informe fiscal presentado por la Secretaría de Hacienda, que este miércoles dio a conocer que el superávit continuó en mayo y acumula en lo que va de este año un excedente primario cercano a los 7 billones de pesos, bien por encima de la primera meta nominal prevista con el Fondo Monetario Internacional. Algunos informes de mercado creen que ese número inicial debería ser reajustado por la variación nominal del PBI, algo que quedará como parte de la negociación con la misión técnica que visitará Buenos Aires en las próximas semanas.
Por lo pronto, los datos oficiales también dan cuenta de cuál es la situación financiera de un grupo de entidades que dependen del sector público nacional como el PAMI, junto con el conjunto de fondos fiduciarios -el Gobierno comenzó desde el año pasado a cerrarlos paulatinamente y se comprometió ante el FMI a dejar vigente solo uno- y todas las empresas públicas.
En mayo, ese conjunto registró superávit, algo que no se veía desde noviembre pasado. En el quinto mes del año ese excedente fue de $78.854 millones. Al tomar en consideración todo el 2025 acumulado, el déficit de las empresas públicas y fondos fiduciarios es de $130.559 millones. En 2024 los datos también eran deficitarios aunque en una proporción mayor: $169.709 millones -lo que implicaría una mejora interanual de $248.000 millones entre mayo de cada año- y en el lapso enero-mayo, un desequilibrio de $1,059 billones. La reducción, así, sería de un 87 por ciento.
Desde el equipo económico aseguran que esa caída está explicada en la recomposición de tarifas por el recorte de subsidios – hay empresas públicas ligadas a la energía y servicios públicos dentro del listado contemplado por las cuentas de Hacienda- y también, mencionan, despidos de parte del personal de esas estructuras.
Los números en cuestión reflejan la situación consolidada de todo ese sector: los datos empresa por empresa no fueron revelados, ya que forman parte de un informe distinto de la secretaría que conduce Carlos Guberman, que tiene un rezago más largo y que alcanza hasta el cierre de 2024.
En el último informe disponible están listadas cuáles son las empresas incluidas en el cálculo de déficit operativo: Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, la Agencia de Publicidad del Estado; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). También se encuentran Belgrano Cargas y Logística, Casa de Moneda, Construcción de Viviendas para Armada Argentina (Coviara), Contenidos Públicos, Corredores Viales y Correo Argentino.
La lista continúa con Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sapem, Dioxitek, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ARSAT, Educ.ar, la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), Fabricaciones Militares y Ferrocarriles Argentinos. Se suman Energía Argentina (Enarsa), Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Intercargo, LT 10 – Radio Universidad Nacional del Litoral y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa).
Completan el listado Operadora Ferroviaria, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes, Radio y Televisión Argentina, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), VENG S.A., Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
Algunas de ellas fueron declaradas ya compañías sujetas a privatización: Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, AySA, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Intercargo, Belgrano Cargas, Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
El resultado fiscal de mayo confirmó que el plan económico del Gobierno se apoya en el equilibrio en las cuentas públicas, y en el mercado se discute qué tan cerca quedó de las metas comprometidas ante el FMI. Según Grupo SBS, “el plano fiscal es en el que el gobierno vino mostrando los mejores resultados”, a pesar de no haberse implementado aún reformas estructurales. Para el equipo, el cumplimiento de metas fiscales resulta clave como ancla nominal en un contexto de esquema cambiario más flexible, donde “el rol de las expectativas es clave para evitar volatilidad cambiaria”.
Desde PxQ destacaron que el gasto primario acumulado en los primeros cinco meses de 2025 representó “2,3 puntos porcentuales del PIB menos que el promedio 2015-2023”. La caída se concentró en prestaciones sociales y gasto de capital. Al mismo tiempo, resaltaron que el gobierno logró un superávit primario acumulado de $6,9 billones, lo que le permitió “sobrecumplir la primera meta acordada con el FMI”.
De todas formas, Adcap puso el foco en el desvío respecto del objetivo fiscal propio, al señalar que, si bien el gobierno se mantiene “aproximadamente encaminado a cumplir la meta del FMI”, podría “quedarse corto respecto de su propio objetivo fiscal, más ambicioso”. La diferencia responde, según el informe, a que el cálculo de la meta del EFF de 2025 partía de supuestos sobre el PIB nominal que ya quedaron rezagados.
Para LCG, el cumplimiento de las metas en un escenario de ingresos deprimidos por la eliminación del Impuesto PAIS, la baja en Bienes Personales y la reducción de aranceles y retenciones, implicará nuevos ajustes. “La convergencia fiscal demandará una nueva ola de ajuste”, indicaron, con foco en subsidios, gasto operativo y áreas donde aún persisten “nichos de ineficiencia no corregidos”.