El Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó este miércoles que el Partido Comunista Polaco (KPP) incumple los principios fundamentales de la Constitución, motivo por el cual ordenó su inmediata ilegalización. La formación, activa desde 2002, queda así disuelta tras varios intentos previos de prohibición.
La magistrada Krystyna Pawlowicz fundamentó el fallo afirmando que el ordenamiento jurídico polaco no puede reconocer a un partido “que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, según informó la cadena RMF24.
A pesar de su antigüedad, el KPP nunca había tenido un peso significativo en la política nacional. Con alrededor de un millar de militantes, sin representación institucional y con escasa presencia mediática, el partido había permanecido en los márgenes de la vida pública. Su propia presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karon, llegó a afirmar ante el tribunal que la prohibición era innecesaria, ya que su programa era “tan poco atractivo” que difícilmente conseguiría apoyo electoral.
No obstante, los intentos de ilegalizarlo han sido numerosos, el más reciente impulsado por el presidente Karol Nawrocki. Según la declaración emitida por la Presidencia, la iniciativa responde a la creciente preocupación por la persistencia de ideologías consideradas extremistas en el panorama político nacional. La Constitución polaca prohíbe expresamente la existencia de formaciones que se basen en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo o el comunismo”.
Tal como informó TVP, la solicitud presidencial no solo destacaba la ausencia de representación parlamentaria del KPP como un factor diferenciador frente a otros procesos similares, sino que también se apoyaba en disposiciones de la Ley de Partidos y en diversos artículos de la Constitución que impiden la existencia de organizaciones contrarias al orden constitucional. Desde el Ejecutivo se argumentaba que los postulados del KPP incluían elementos que, según sus detractores, representaban una amenaza directa para la estabilidad democrática y la seguridad institucional del Estado.
Polonia ya había sido escenario de antecedentes recientes en materia de exclusión de partidos vinculados a ideologías comunistas. Uno de los casos más relevantes se produjo en diciembre de 2020, cuando el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General, bajo la dirección de Zbigniew Ziobro —entonces ministro y dirigente del partido Ley y Justicia (PiS)—, impulsaron una acción para restringir la actividad del KPP. En aquella ocasión, el argumento oficial también señalaba que los estatutos internos del partido defendían principios incompatibles con el modelo democrático y promovían estructuras asociadas a regímenes totalitarios, lo que, según esa interpretación, vulneraba la legislación nacional.
Zbigniew Ziobro, quien encabezó esas iniciativas, enfrenta actualmente 26 causas penales en Polonia, entre ellas la presunta dirección de una organización delictiva y el desvío de aproximadamente 150 millones de zlotys (unos 35 millones de euros).
(Con información de Europa Press)