Alberto Fernández entró en zona de definiciones. Desde el martes pasado, su sombra en la Justicia Federal, el juez Julián Ercolini, está en condiciones formales de definir su situación procesal en los dos expedientes en los que se lo investiga y que el magistrado aún tiene bajo su dominio: por un lado, la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez, que tramita en el Juzgado Federal N° 10. Y por el otro, la causa que lo tiene en la mira por supuestos desmanejos en la contratación de Seguros del Estado, que lo hace en el 11. Ercolini subroga este juzgado y deberá abandonarlo el miércoles próximo, lo que puede acelerar los tiempos judiciales.

En esta causa, el plazo con el que cuenta el juez es más corto, pero, por sobre todo, improrrogable. La Cámara Federal porteña ya hizo girar el bolillero y Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado N° 7, salió sorteado para reemplazarlo. Independientemente de lo que decida Casanello (que puede negarse a tomarlo; de hecho, todavía no se ha decidido), Ercolini deberá abandonar el juzgado, en línea con los deseos de Fernández, que multiplicó sus intentos para apartarlo del expediente.

De esta manera, en lugar de contar con el plazo habitual de 10 días, Ercolini solo contará con 8 para definir la situación del expresidente. La diferencia es significativa si se tiene en cuenta que el juez deberá decidir la suerte no solo de Fernández, sino de los otros 38 implicados en la maniobra. La última indagatoria se dio este lunes al mediodía. Fue Carlos Soria, el exdirector de Nación Seguros, que, desde Barcelona y vía zoom, activó la cuenta regresiva.

Si Ercolini no resuelve la situación de cada uno de los imputados antes del miércoles, y el juzgado cambia de manos, todo el proceso podría demorarse: Casanello tendría apenas un puñado de días para resolver el caso y muchas razones para formalizar un pedido de prórroga. “La situación de Py no da para más”, aprovechaba para colar alguien que mira de cerca todo el proceso, en alusión a la gran cantidad de vacantes en la justicia federal. De hecho, muchos magistrados se excusaron de participar en el sorteo a razón de que ya subrogan otros juzgados.

La acusación en este expediente corrió por cuenta del fiscal Carlos Rívolo.

Violencia de género y otros frentes

En la causa por las presuntas agresiones contra Yáñez, en cambio, el camino luce menos enrevesado: el caso tramita en el juzgado natural de Ercolini –el N° 10–; Fernández declaró el martes ante él y el fiscal Ramiro González; y el plazo para definir la suerte del expresidente vence el 18 de febrero, a la tarde. Por eso, las novedades en este expediente podrían llegar recién la otra semana.

En su declaración indagatoria, que Fernández intentó suspender hasta último minuto, el expresidente no contestó preguntas, rechazó las acusaciones en su contra con un escrito y se despachó con una andanada de críticas hacia el fiscal, el juez y su expareja Yáñez, contra quien redobló la apuesta: “El agredido fui yo”, afirmó en su descargo, colmado de alusiones a la sinuosa relación de Yañez con el alcohol.

Contra ella, Fernández mantiene abiertos varios frentes en la Justicia. Además de la causa por agresiones, que Yañez activó en agosto, luego de que se hicieran públicas los chats que dejaban entrever el maltrato, existe otra causa que tramita en la Justicia civil, en cuyo centro está Francisco, el hijo de ambos que vive en España junto a su madre desde antes de que estallara el conflicto.

La disputa que allí mantiene la expareja presidencial es esencialmente económica. “La Justicia Civil me ha impuesto provisoriamente la obligación de aportarle el 30% de los ingresos que percibo como retiro de la presidencia. Debe ser la cuota alimentaria más alta que la Justicia argentina haya impuesto”, dijo se quejó el exmandatario en su indagatoria del martes.

Un tercer andarivel corre en la Justicia Penal, Penal Juvenil y Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue Fernández quien activó una denuncia por hostigamiento contra Yáñez. La demanda fue acompañada por una serie de audios que luego se filtraron a los medios. En ellos, se escucha a Yáñez realizando claros esfuerzos para sostener el habla, y a Fernández –que grababa la conversación– diciéndole que tienen prohibido todo tipo de contacto. “Voy a cortar”, repetía el expresidente.

En esta causa, Fernández solicitó formalmente el regreso de su hijo al país y, en los últimos días, recibió buenas noticias: un informe psicológico oficial, realizado sobre la base de tres entrevistas virtuales llevadas a cabo en los últimos días de enero y elaborado por distintos profesionales, indicó, tras ver cómo padre e hijo interactuaban a través de la pantalla, que los encuentros “presenciales” entre ambos eran de “urgente necesidad”.

“Las interacciones virtuales pueden ser un complemento, pero no deben sustituir el contacto físico cuando este es necesario para el desarrollo emocional y social del niño”, señalaron los psicólogos tras las entrevistas, de las que también participaron Fabiola y su madre, Miriam Verdugo.