Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron un proyecto para regular la actuación de los asesores que se desempeñan en la órbita del Poder Ejecutivo que no están vinculados contractualmente con el Estado, para que estén sujetos a las obligaciones, deberes e incompatibilidades que prevé la ley de Ética Pública. Entre esas obligaciones figura la de presentar sus declaraciones juradas como cualquier otro funcionario.
Aunque no lo mencionan en su proyecto con nombre y apellido, ambos legisladores apuntan a Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente Javier Milei y una de las figuras de mayor influencia del Gobierno con amplios poderes delegados. No solo es el estratega de la comunicación oficial sino que, además, controla por medio de funcionarios de su confianza los ámbitos más sensibles de la gestión, como la Justicia, el manejo de la inteligencia, las empresas públicas, el área de Salud y, recientemente, el reconvertido organismo de recaudación de impuestos y aduana (ARCA).
“Nos alarma que, según las normativas vigentes, personas en cargos como el de Caputo no estén obligadas a presentar una declaración jurada de bienes, limitando la información pública y favoreciendo la posibilidad de corrupción y tráfico de influencias. Con este proyecto queremos impedir que quienes manejan áreas clave del gobierno puedan actuar sin transparencia ni controles”, advirtió el diputado Paulón.
Por su parte, la diputada Fein explicó que la propuesta pretende modificar el artículo 1° de ley de Ética Pública para que aquellos asesores que realicen funciones propias del presidente de la Nación “cumplimenten con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.
La intención, sostiene, es establecer las competencias y responsabilidades de los funcionarios que se desempeñan en esas tareas. Pero la figura de Caputo aparece como central.
Asimismo, el proyecto establece la obligatoriedad de presentación de declaración jurada de bienes para todos los funcionarios, independientemente de la modalidad de contratación.
“La Oficina Anticorrupción continúa sin modificar la interpretación legal y es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no. No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas sobre su patrimonio antes, durante y después de su función pública”, enfatizaron los diputados.