Desde la cárcel de Ezeiza, donde cumplía una condena por tráfico de estupefacientes, Mario Segovia, más conocido como el Rey de la Efedrina, lideró una organización criminal que se dedicó al contrabando de armas, explosivos y silenciadores.
Así lo sostuvo el Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de La Plata, integrado por los jueces Nelson Jarazo, José Michilini y Germán Castelli, en el alegato donde solicitó una pena de 15 años de cárcel para Segovia.
Además, el fiscal federal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y la fiscal coadyuvante Patricia Cisnero solicitaron que sean condenados el hermano, el hijo y el cuñado del Rey de la Efedrina, Hernán y Matías Segovia y Gonzalo Ortega, respectivamente, a penas de hasta diez años de cárcel.
Para los representantes del Ministerio Público, Mario Segovia lideró una asociación ilícita con “planes delictivos diversificados”. Las actividades criminales, explicaron, comenzaron en septiembre de 2016 y se mantuvieron en el tiempo hasta el 14 de julio de 2021.
El objetivo, sostuvieron los fiscales, era, principalmente, concretar conductas vinculadas al tráfico ilícito de armas y de explosivos, “pero también el tráfico ilícito de estupefacientes”
Iglesias y Cisnero afirmaron que se logró acreditar que “la organización obtuvo, fabricó, se armó de explosivos y, al menos, un arma de guerra de uso prohibido, un fusil de asalto AR15, y silenciadores”.
“Estos elementos [las armas y los explosivos] ingresaban en el país en su mayoría en piezas desarmadas mediante distintas encomiendas para su posterior ensamble. Entraban por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para luego ser enviados a la ciudad de Rosario, donde se encontraba radicado el núcleo de la organización”, indicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
La causa, que en un primer momento estuvo a cargo del juez federal Federico Villena, comenzó en 2016 cuando fue hallada una “mini” tablet en uno de los baños de la cárcel de Ezeiza, aparato que se comprobó pertenecía a Mario Segovia. A partir de ese hallazgo, el magistrado, con colaboración de expertos de la Policía de la Ciudad, descubrió pruebas que vincularon al Rey de la Efedrina con el armado de explosivos y ordenó una serie de intervenciones telefónicas que, cinco años después, permitieron comprobar la hipótesis delictiva.
En julio de 2021, después de una investigación de la Procunar y del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, el juez Luis Armella, a cargo del expediente, ordenó una serie de allanamientos. Uno de los procedimientos, hechos por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA), se realizó en la mansión que los Segovia tienen en el barrio residencial de Fisherton, en las afueras de Rosario.
En los operativos se secuestraron escritos de puño y letra por Segovia y manuales de uso de explosivos, según informó en su momento LA NACION. Antes de detectarse esa etapa del plan criminal, Segovia, cuando fue detenido en 2008, había sido considerado por el gobierno nacional como el mayor proveedor de efedrina de los carteles mexicanos.
“Los elementos de prueba recolectados permitieron acreditar que Mario Segovia detentó la calidad de jefe de la organización criminal, función que ha llevado a cabo desde su lugar de detención transmitiendo sus órdenes durante las visitas que recibía, por medio de comunicaciones telefónicas y por cartas manuscritas dirigidas a su hijo Matías y a su cuñado”, afirmaron los fiscales Iglesias y Mola en un dictamen de 2021 donde solicitaron los procesamientos de los sospechosos.
En la casa de Álvarez Condarco a 472 bis del barrio Fisherton se encontraron varios estuches para fusiles y carabinas, manuales y reglamentos de armas AR-15.
“Las armas tenían como destino su comercialización. Las bombas y explosivos todavía no se pudo determinar cuál iba a ser el destino. No sabemos si querían experimentar en la fabricación para después vender o si querían fabricar para hacer volar a alguien o cometer un atentado a un edificio público”, había dicho a LA NACION, en su momento, un investigador.
Como todo sucedió desde que comenzó el juicio, el Rey de la Efedrina siguió el alegato del Ministerio Público Fiscal desde una oficina de la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena de 17 años y medio de cárcel por tráfico de estupefacientes.
“Señores jueces, la prueba es numerosa y contundente, no solo surge de la documental que integra la causa y que fue incorporada, sino de las declaraciones testimoniales prestadas durante el debate, de las captaciones telefónicas registradas y de los elementos que se incautaron en diferentes allanamientos”, afirmaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Durante el alegato, Iglesias y Cisnero dijeron: “Se encuentra probado el contrabando de importación de un fusil semiautomático, sin marca ni numeración, calibre 5,56 mm del tipo M4 (plataforma AR 15). Y, por último, se ha podido acreditar la tenencia de explosivos, armas de fuego, piezas y municiones, la tenencia de instrumental para producirlas y de chalecos antibalas con paneles balísticos confeccionados en aramida, todos ellos sin la debida autorización, como así también la fabricación ilegal de armas de fuego que realizaban de manera habitual”.
Durante la investigación se verificó que mediante las casillas de los correos electrónicos oficiales del gobierno de Formosa que pertenecían a los empleados públicos Gustavo Salomón y Antonio Torres, “se adquirieron artefactos explosivos”. Esos mails fueron utilizados sin que los titulares de las cuentas estuviesen al tanto de la maniobra, según se desprende del expediente. Ayer lo ratificaron los fiscales en su alegato.
Iglesias y Cisnero sostuvieron que el “epicentro de operación” de la banda era la ciudad de Rosario.
“Rosario ha venido sufriendo hechos de violencia altamente lesiva durante los últimos diez años. A partir de 2013, la cantidad de homicidios dolosos aumentó a niveles inéditos. Entre 2017 y 2022 se produjo un fuerte aumento en la cantidad de homicidios, llegando a su pico en 2022 con 291 muertes. Ese año, casi nueve de cada diez homicidios fueron cometidos con armas de fuego. Si bien esta situación es compleja y multifacética, está profundamente relacionada con el despliegue y disputa entre las organizaciones narcocriminales que se encuentran asentadas en la ciudad de Rosario y sus alrededores. Durante los últimos veinte años se fueron consolidando y expandiendo en el territorio organizaciones violentas que finalmente lograron acaparar y abastecer el mercado ilícito de drogas en Rosario. Y para lograrlo necesitan poder de fuego. Poder de fuego como el que pretendía comercializar la organización aquí juzgada”, explicaron.