La vocación de servicio y el apego a la ley y a la Justicia caracterizó la actuación pública del comisario general Rubén Jorge Santos, el jefe de la Policía Federal Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa, fallecido el jueves pasado, a los 78 años.

Su último gesto de dignidad y acatamiento al orden establecido –en una carrera que se prolongó por más de 36 años en la Policía Federal- fue el 23 de septiembre de 2024, cuando se entregó en los tribunales, al quedar firme la condena a tres años y seis meses de prisión por homicidio y lesiones culposas, a raíz de los graves incidentes del 19 y el 20 de diciembre de 2001, que provocaron muertos en las calles y precipitaron la caída del gobierno de De la Rúa. Hasta ese momento su carrera había sido intachable.

Con críticas al Gobierno, los bloques no peronistas apoyan el proyecto de ficha limpia de Javier Milei

Si bien había cumplido cinco meses de prisión preventiva entre febrero y julio de 2002, la condena definitiva llegó luego de un extenso período de 23 años y se extendió a Enrique Mathov, secretario de Seguridad de la Nación en aquellas jornadas aciagas de 2001, que recibió una pena de cuatro años y tres meses de prisión. Ambos fueron los únicos funcionarios que la Justicia consideró responsables del estallido de una crisis que envolvió a todo el país, con un trágico saldo de 39 muertos y 500 heridos en episodios callejeros, aunque las víctimas mortales en la ciudad de Buenos Aires fueron cinco.

En esas dramáticas horas regía el Estado de Sitio, remedio federal previsto en la Constitución, y estaba extendida la idea de que algunos intendentes peronistas del conurbano habían dispuesto zonas liberadas, en aparente connivencia con autoridades bonaerenses. La ausencia de efectivos de la policía bonaerense, por ejemplo, facilitó incluso que en medio de los desórdenes personas exaltadas treparan por los muros de la residencia presidencial de Olivos, despojada de la custodia que el momento requería.

La sentencia judicial quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazar un recurso extraordinario presentado por las defensas de Mathov y de Santos. En el expediente no se encontraban identificados los policías por cuyo accionar se habrían producido las muertes. Tampoco se reunieron testimonios convincentes acerca de quiénes ordenaron que corriera sangre para poner fin a las protestas.

Santos murió tres semanas después de que la Justicia le concediera la prisión domiciliaria. Pero no pudo gozar de ese beneficio, dado que fue internado de gravedad días antes de la decisión judicial.

Foja de servicios

Nacido el 3 de febrero de 1946, Rubén Jorge Santos egresó de la Policía Federal en 1963. Se destacó en el área de la policía científica, especialmente en el análisis de documentación. Entre otras intervenciones, se le reconoce el peritaje oficial de las carpetas de inteligencia del ciudadano chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, que fueron decisivas para condenar a este agente por el asesinato del general trasandino Carlos Prats y su esposa, Sofía Cutbert, y para revelar el alcance de la colaboración trasnacional de los gobiernos militares de la década del 70 conocida como Plan Cóndor.

Como jefe del departamento de Scopometría, encabezó el equipo que dotó de modernas y eficaces medidas de seguridad incorporadas al pasaporte argentino, un aporte reconocido por las autoridades de los Estados Unidos y que contribuyó a que la Argentina ingresara en los años 90 al programa de exención de visas norteamericano.

Tras la década menemista, cuando se esperaba su designación como superintendente de Policía Científica, el presidente De la Rúa lo eligió como jefe de la Policía Federal, en diciembre de 1999. El gobierno de la Alianza pretendía darle un cambio radical a la conducción y dirección de la institución. El combate a la corrupción interna era uno de los desafíos con los que Santos llegaba a al cargo máximo de la Federal.

Dentro de la fuerza, en ese momento, el consenso de los oficiales superiores impulsaba a Santiago Fernández, superintendente de la poderosa Seguridad Metropolitana, pero De la Rúa optó por Santos, un “tapado”, con el argumento de que se priorizaba un perfil más “profesional”, a lo que se sumaba un legajo intachable y el reconocimiento de los jueces por el trabajo pericial del nuevo jefe policial.

Santos fue puesto en funciones por el Presidente en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, cuando lo usual era hacerlo en el Departamento Central de Policía. En medio de significativos reconocimientos, su figura dividió aguas en la institución. Y su designación al frente de la Policía Federal provocó el pase a retiro de once comisarios generales que integraban la plana mayor.

El perfil de Santos orientado a la honestidad y rectitud asociaba su figura a la de su antecesor Juan Ángel Pirker, un emblemático comisario general que condujo la Policía Federal entre 1986 y 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Una de las primeras medidas que tomó Santos fue sacar del Departamento Central de Policía todas las divisiones de Investigaciones y trasladarlas a Villa Riachuelo. Allí inauguró la nueva Superintendencia de Investigaciones, a la que bautizó con el nombre del legendario comisario Evaristo Meneses, símbolo del policía de mano dura y eficaz dentro de la historia de la institución.

Los hechos de diciembre de 2001 provocaron que quedara trunca una carrera promisoria. Casado, con dos hijas, Santos se retiró de la escena pública y se ajustó a todos los requerimientos que el proceso judicial le exigió en el último cuarto de siglo.