El allanamiento ocurrió al comienzo de la investigación. Con una orden firmada por el juez Julián Ercolini, la Policía Federal llegó hasta una casa ubicada en Alvarez Thomas 3490, en el barrio de Villa Urquiza. En ese lugar funcionaba, al menos en los papeles, la sede de la empresa San Ignacio, que recibió $231.918.674 por la póliza de la ANSES. Varias horas después, apareció el supuesto presidente de esa firma y un abogado que transportaba dos cajas repletas de documentación. Los agentes sospecharon de la maniobra y descubrieron lo que terminó siendo una pista clave en la causa que tiene en la mira al ex presidente Alberto Fernández.
El abogado que trasladó las cajas, Emanuel Nagel, declaró esa misma noche ante la Policía que el empresario Alfredo Del Corro, que lo había contratado apenas cuatro meses antes para realizar unos trámites ante la AFIP, lo llamó cerca de las 20:15 y le ofreció dinero para hacer ese trámite. Media hora después, se comunicó una persona identificada como Carlos Suarez, a quien no conocía pero sabía que se trataba de un empresario vinculado a los medios de comunicación.
Suarez lo citó en un garage ubicado en Salta 483, donde le entregó las cajas con la documentación de San Ignacio, que claramente era controlada por ese grupo.
Nagel llegó al garage cerca de las 21:05 y estacionó en la puerta. A los pocos segundos apreció un hombre vestido con pantalón de jean y camisa blanca a cuadros negros. Supo que se trataba de Suarez por la foto de WhatsApp. Las cajas estaba en el piso, cerca de la boletería del garage. El abogado las cargó en su auto y se dirigió al lugar del allanamiento sin hacer preguntas.
Además del abogado enviado por Del Corro también se hizo presente Brian Kelly, que figuraba en los papeles como presidente de San Ignacio. La Policía lo notó muy nervioso. De hecho, terminó confesando delante de los efectivos que no sabía quién había aportado las cajas.
La Policía fue a buscar las cámaras del estacionamiento en la calle Salta, y descubrió que las cajas habían llegado unos minutos antes en un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD. El seguimiento de ese auto terminó en la casa de Del Corro, en el country “Diciembre”. La Policía hizo tareas de inteligencia en ese domicilio y fotografió dos camionetas Jeep Commander. Cuando analizaron la documentación se dieron cuenta de que una de ellas, patente AG351AO, tenía una cédula azul a favor de Mauro Tanos, un funcionario que venía de la gestión anterior pero había sido promovido a gerente general de Nación Seguros durante este gobierno.
La aparición de Tanos derivó en una serie de ramificaciones inesperadas. Detrás de ese grupo, que claramente había utilizado San Ignacio para un negociado millonario, se escondía la cooperativa “7 de Mayo”, una pieza clave de la causa. Infobae había revelado en septiembre que la cooperativa había recibido transferencias sospechosas en su cuenta del Banco Patagonia.
Ercolini terminó probando que la cooperativa recibió $376.928.239 de ocho aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES por un ex funcionario. Desde su cargo en el FGS, Federico D’Angelo firmó una nota que le ordenó a Nación Seguros “designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de Productor Asesor de Seguros”.
El dinero de la cooperativa terminó en propiedades, autos, viajes y hasta plateas en la cancha de River.
La Justicia detectó transferencias a una serie de fideicomisos inmobiliarios: Flumine, Villarroel 1232, Libertador 5958, Naase, Inmobiliario 866, y Links Country de Mar.
Cuando explotó el escándalo, hubo movimientos desesperados para intentar recuperar el dinero. Tanos le pidió al Fideicomiso 866 “la devolución de los fondos a la cooperativa, contra la transferencia de los mismos importes desde su cuenta personal, y luego, el 01/08/2024, Tanos y su esposa procedieron a ceder su boleto a un tercero por un precio de USD 270.000″.
No es todo. “Otros fondos externalizados de la cooperativa incluyen el pago de e-checks por $ 14.990.300 al Club Atlético River Plate (pago durante cinco años por cuatro plateas en el estadio y un estacionamiento)”, cuenta la resolución de Ercolini.
La cooperativa “7 de mayo” movió millones de pesos porque supuestamente se dedicaba al servicio de catering. La fachada era una franquicia de “La Birreria”, que funcionaba en Honduras al 5500.
Llamativamente, la empresa había tramitado un subsidio con el INAES de $15 millones. El dinero ingresó a la cuenta el 24 de octubre de 2022. Una semana después, se esfumó a través de 16 cheques, según consta en un documento oficial. “La Cooperativa no dio respuesta a la información acerca de a qué persona, humana o jurídica, se ha extendido cada uno de esos cheques”, admitió el INAES en mayo de este año. Un mes después, tuvo que suspenderla ante la magnitud del escándalo.
Cuando se presentó en la causa, el abogado de San Ignacio argumentó que las transferencias a la cooperativa “7 de Mayo” estaban motivadas en supuestos servicios de catering. Dijo que la cooperativa “acercó una carta oferta ofreciéndole servicios de catering para promocionar sus actividades y realizar eventos de esa índole inicialmente en su local de Palermo y luego también por la flexibilidad que nos dieron, extenderlo a otros locales que ellos tuvieran vínculo dentro del rubro gastronómico”.
La relación duró apenas cinco meses. Pese a las transferencias y los supuestos eventos, la empresa no pudo aportar ni una sola prueba. El argumento fue casi infantil: “Con respecto a afiches, fotografías, videos de los eventos, lista de invitados, quienes coordinaban los mismos internamente, etc, contratados por la firma que represento la misma NO posee le envergadura o estructura interna para contar con departamentos a tal fin o personal afectado a ello, lo cual motivó la contratación de la Cooperativa”.
El avance de la causa reveló que todo eran una pantalla y que tanto San Ignacio, como San Germano (una de las coaseguradoras de la póliza de la ANSES) como la cooperativa 7 de mayo eran parte de la misma estructura. De hecho, todos sus responsables fueron citados a indagatoria.
La lista la encabeza el misterioso Alfredo Del Corro. En su declaración policial, a la que accedió Infobae, el abogado que fue contratado para trasladar las cajas con la documentación de San Ignacio deslizó un dato sobre ese empresario que sorprendió a los investigadores: dijo que habría prestado servicios en agencias de inteligencia del estado. Esa pista nunca se profundizó porque no tiene vinculación con la causa pero a lo largo de la investigación apareció otro indicio: algunos de los allegados a Del Corro aportaban a la obra social de la Armada.
Nagel también aportó los mensajes de WhatsApp que había cruzado esa noche con Del Corro. Los chats revelaron que San Ignacio era una firma utilizada para hacer negocios con el Estado.
– Nagel: Necesito urgente domicilio de la oficina real de la empresa. Porque en Álvarez Thomas 3490 no hay nadie
– Del Corro: No tienen real. Es un brocker de seguros relativamente nuevo que trabajaron en Mendoza hasta hace 6 meses
Unos minutos después, el empresario muestra su preocupación por lo que podía hacer Brian Kelly, el supuesto presidente de la firma.
– Del Corro: Trata de llevar vos la relación con la poli … Que Bryan está asustado y no sabe (…) Contenelo a Kelly que se quiere ir porfa 🙏🏻
– Nagel: Si se va le mandan pedido de captura mejor que se quede (…) Se ponga a disposición y chau.
Durante esa noche, Del Corro le mandó varios audios a Nagel que también figuran en el expediente. “Me dice el abogado que es clave que la información … no digas que recién la trajiste, como que la sacaron, esta la información, pero no que llegaste con la información, eso me pidió el abogado”, le pidió en medio del allanamiento. Ya era tarde. Nagel se vio apremiado por la situación y decidió contar toda verdad.