El oficialismo hace cuentas y enciende todas las alarmas: la oposición se apresta a propinarle un nuevo golpe en la Cámara de Diputados con el proyecto que propone limitar al presidente Javier Milei en el uso de sus facultades constitucionales para dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Los votos están casi asegurados en el recinto y todo indica que la sesión especial se realizaría antes de fin de mes.
“Es una ley que necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Si logramos ordenarnos podremos avanzar, de lo contrario tal vez convenga esperar. Esta semana lo definiremos”, anticipan en el bloque Encuentro Federal, promotor de la ofensiva.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sabe que la embestida será difícil de resistir. Los impulsores del dictamen de mayoría –Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, bloque este último que enrola a 12 radicales críticos del oficialismo– reúnen, a priori, 127 votos. Si a ellos se suma la izquierda, el quorum y la aprobación en el recinto estarían asegurados.
Pero en política, máxime en debates parlamentarios de alto voltaje político, las matemáticas han probado no ser una ciencia exacta. El oficialismo apostará a dividir la escuadra opositora para, al menos, postergar el debate. Martín Menem logró, por lo pronto, que la sesión no fuese convocada para esta semana; en estos días una nutrida delegación de diputados libertarios viajará a los Estados Unidos para asistir al duelo entre Donald Trump y Kamala Harris por la presidencia.
Los libertarios también confían en que las diferencias que todavía anidan en la oposición sobre cómo limitar el uso presidencial de los DNU terminen por diluir la ofensiva. De hecho, la Comisión de Asuntos Constitucionales arrojó no uno, sino cuatro dictámenes.
El de mayoría incorpora dos aspectos claves en la ley que regula el tratamiento legislativo de los DNU. En primer lugar, propone un plazo de 90 días corridos a partir de su publicación para que ambas cámaras del Congreso los discutan. Si no fuesen aprobados dentro de ese lapso, perderán vigencia de manera automática.
De esta manera, los legisladores pretenden poner fin a una práctica extendida desde que se sancionó la norma, en 1996: la convalidación tácita de los decretos a partir del silencio del Congreso.
En segundo lugar, el dictamen mayoritario establece que si alguna de las cámaras del Congreso rechaza un DNU, este queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En la actualidad, la ley exige el rechazo expreso de ambas cámaras para su derogación.
Con variantes, los bloques de la UCR y de la Coalición Cívica presentaron sendos dictámenes. El del radicalismo coincide con el dictamen de mayoría en que basta el rechazo de una cámara para derogar un decreto, pero es contrario a fijar un plazo para que el Congreso se expida. El dictamen de la Coalición Cívica, elaborado por Juan Manuel López, va en la misma línea, pero además habilita la posibilidad de rechazos parciales a un decreto.
El debate de esta cuestión pondrá nuevamente en tensión al radicalismo dialoguista: mientras los más afines al Gobierno pugnarán por no ser parte de la ofensiva opositora, otro sector sostiene que hay que dar el debate y aprobar alguna de las iniciativas en juego.
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“La reforma de la ley de DNU ha sido una bandera de la UCR durante el kirchnerismo. No podemos mirar para el costado”, avisan, en un claro mensaje al jefe del bloque, Rodrigo de Loredo.
El bloque de Pro también está incómodo con este debate; de su seno también surgieron proyectos para limitar el uso de los decretos cuando el kirchnerismo era gobierno. Por esa razón decidió no firmar el dictamen de rechazo que presentó La Libertad Avanza, aunque suscribe sus argumentos en cuanto a que resulta inoportuno limitarle a Milei, un presidente sin mayorías parlamentarias, el uso de una herramienta que gozaron gobiernos anteriores.